Defendamos la ciudad

Un tema común en el discurso de las principales candidaturas presidenciales ha sido el fortalecimiento de la competencia y la protección de los consumidores. En estos dos ámbitos vislumbran opciones para corregir algunas desviaciones del modelo económico: concentración y abuso de poder de mercado, desequilibrio entre proveedores y consumidores. A diferencia de los demás, Michelle Bachelet ha caracterizado su campaña y el programa de gobierno propuesto con una promesa que, de hacerse realidad, no sólo contribuirá a resolver esos problemas sino la asfixiante concentración del poder político: participación ciudadana. En materia de libre competencia, y a pesar de la limitación de recursos que le afecta, insuficientes para cumplir los fines que le son propios con la celeridad a que aspira la ciudadanía, la Fiscalía Nacional Económica ha desplegado durante los últimos años una política de creciente apertura a las denuncias de toda clase de particulares, grandes o pequeños. En base a ellas y a la propia iniciativa, como ocurrió en el reciente requerimiento a las Isapres o a las empresas proveedoras de oxígeno, acciona para reprimir no sólo las trasgresiones más extremas y de mayor impacto económico sino las que atañen las empresas pequeñas y medianas, a los ciudadanos de carne y hueso. Con todo, la Fiscalía carece de presencia efectiva en regiones y en general sus requerimientos han perseguido la aplicación de sanciones a empresas, mas no a los ejecutivos que toman las decisiones que violentan la competencia. Bajo un estilo radicalmente opuesto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), pese a tener oficinas en todo el país, de ser ampliamente conocido por la ciudadanía, de generar grandes expectativas en ella y de realizar valiosos estudios sobre el verdadero comportamiento de los proveedores, no sólo juega un papel deslucido sino ajeno a su función esencial. De fiscalizador de la legislación y protector de los derechos de los generales de los consumidores ha pasado a ser una mera instancia de mediación de intereses particulares. Poco o nada hay de protección al “interés publico” en sus acciones, pues, aun cuando se obtienen esporádicamente resultados favorables por su intervención, ella de ordinario se agota en la solución del caso concreto. Las demás víctimas, aun cuando se encuentren en idéntica situación, quedan marginadas del accionar protector del Estado. Con todo, lo más grave es que éste último servicio actúa totalmente desconectado de la ciudadanía, que, por sufrir en carne propia las “desviaciones del modelo”, conoce a cabalidad el comportamiento de los infractores y el impacto que produce en la sociedad. Insatisfechos por la respuesta insuficiente del Estado, los ciudadanos y las débiles organizaciones que los agrupan se han venido transformando en denunciantes, no sólo de los infractores, que es lo natural, sino de los servicios públicos que el Estado ha creado para protegerlos. Estos últimos, conscientes de sus limitaciones, reaccionan rechazando o marginando a la ciudadanía, temiendo la generación de costos políticos que finalmente sólo es posible asumir mediante el alejamiento de las autoridades respectivas. Así, la burocracia estatal termina siendo otro escollo a superar en el dilatado trayecto que hay que recorrer entre la infracción y el restablecimiento del derecho. Digno es de notar que con las organizaciones empresariales ocurre exactamente lo contrario, pues a sus denuncias sigue siempre la invitación del Estado a establecer un diálogo bilateral en el que las organizaciones ciudadanas quedan inexplicablemente marginadas. Un ejemplo de todo esto lo constituyen las distintas aristas que ha tomado el caso de las “tarjetas de crédito de las casas comerciales”, una realidad que afecta a varios millones de chilenos. El Sernac abrió el fuego denunciando intereses excesivos y la interposición de acciones de clase en contra de los infractores. Una organización ciudadana representó de inmediato los vacíos legales que las hacen improcedentes, solicitó reunirse con el director nacional del Sernac y dedujo demanda ante el Tribunal de Defensa de la Competencia invocando una regulación insuficiente pero severa (Resolución 666/2002), cuyo cumplimiento no fue nunca fiscalizado por la Fiscalía Nacional Económica. El Sernac, atemorizado por la denuncia ciudadana, rechazó el diálogo y, antes de notificar las demandas a las casas comerciales, suspendió los juicios para buscar un entendimiento directo con los infractores sin siquiera llamar a las organizaciones de consumidores para sumarlos a las tratativas. Las casas comerciales, conscientes de que el monto de las multas que arriesgan ante el Tribunal de Defensa de la Competencia son muy superiores a las que pretende imponerles el Sernac, aceptaron complacidas la suspensión de los juicios y la negociación directa que les propuso el Sernac, aspirando con ello a enervar la iniciativa judicial de las víctimas. Estimulados por el revuelo comunicacional, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos se hicieron finalmente cargo de la desregulación denunciada por los ciudadanos y la Fiscalía Nacional Económica desde hace años y, tras reunirse con la Cámara de Comercio de Santiago, propusieron una nueva normativa en cuya gestación no se dio cabida a los ciudadanos sino a los empresarios. Volvemos entonces al principio, a la promesa de Michelle Bachelet. La apertura y consolidación de espacios institucionales de participación ciudadana es un instrumento valiosísimo para la administración del Estado, pues sólo a través de ella puede conocer en plenitud una realidad social cuyo detalle ignora. La participación requiere de organizaciones ciudadanas permanentes, responsables y técnicamente competentes. Constituye por tanto un deber ineludible, una genuina necesidad pública, apoyar con verdadera decisión política su constitución, fortalecimiento y financiación. Así ocurre por lo demás en los países socialmente desarrollados, en los que a los responsables de la re pública, y muy especialmente a los encargados de la protección de la competencia y de los consumidores, no se les pasaría por la mente actuar a espaldas de la ciudadanía. En esas tierras, todos lo saben, no hay nada que conduzca más directamente a la destitución. (*)