Defendamos la ciudad

Los vecinos de esta zona urbana protegida por la Ley Nº 17.288 denuncian ante la opinión pública la lenidad demostrada por las autoridades competentes de la Municipalidad de Providencia, Consejo de Monumentos Nacionales y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyo director de obras municipales, secretario ejecutivo y secretario regional ministerial, respectivamente, han demostrado su absoluto desprecio por el Estado de Derecho que debiera existir en este país. En efecto, los vecinos acreditaron documentalmente que un permiso de edificación de 7 pisos con 66 departamentos se otorgó al margen de nuestro ordenamiento jurídico, porque la inmobiliaria que lo obtuvo no era propietaria de los sitios en donde se iba a emplazar esta construcción. La fecha de este permiso express es posterior a la fecha en que se publicó en el Diario Oficial del Decreto Supremo firmado por la Ministra de Educación que declaraba esa protección patrimonial al barrio. Cristián González, que reside en la zona típica, expresó "es vergonzoso lo que está aconteciendo, ya que nosotros le entregamos al Seremi de Vivienda y Urbanismo los documentos obtenidos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago en donde se demuestra que los dueños de los sitios indicados en el permiso de edificación Nº 40/08 del 13 de noviembre de 2008 eran personas naturales distintas a la inmobiliaria. Observamos con desazón que las instituciones en Chile todavía no pueden funcionar y ello es así porque el inmenso poder económico de la industria de la construcción amedrenta a nuestros débiles funcionarios públicos". María Angélica Urbina, también residente en el sector dijo "el director de obras municipales ayudó a la inmobiliaria para que sobrepasara las restringidas normas urbanísticas de nuestra zona típica y cuando le solicitamos a su jefe directo, que es el Seremi de Vivienda y Urbanismo, que lo fiscalizara y le exigiera el cumplimiento de la ley, éste oblicuamente sólo le pide un sumario administrativo a la Contraloría General de la República, es decir, en lugar de ejercer su rol legal, le traspasa a otro órgano del Estado su responsabilidad. Por ello le formulamos un llamado público a las ministras Mónica Jimenez de Educación y Patricia Poblete de Vivienda y Urbanismo, para que instruyan a sus funcionarios dependientes en orden a que hagan valer la ley 17.288 e invalide ese permiso tan mal otorgado, respectivamente". (FIN)