El Comité de Defensa del Borde Costero, en conferencia de prensa de hoy día, en el lugar en donde se está construyendo un restaurant que perturba el derecho a vista de la ciudadanía de Viña del Mar, se manifestó en una marcha reprobando el comportamiento de la Alcaldesa Virginia Reginato por autorizar la ocupación de un bien de uso público que le pertenece a la comunidad. Es más, esa díscola Municipalidad autorizó la intervención de áreas verdes que permiten el esparcimiento a nuestra comunidad. La tramitación administrativa de esta concesión se efectuó en forma sigilosa, por lo tanto de espaldas de la ciudadanía, a tal extremo que tuvo que actuar la Fundación Defendamos la Ciudad, formulando el 05 de Agosto pasado un reclamo en Santiago, en base a la Ley 20.285, con el propósito de que el Consejo para la Transparencia, obligara a las autoridades de la Municipalidad de Viña del Mar que dieran cumplimiento a la solicitud de acceso a la información pública, lo que finalmente ocurrió el 14 de Agosto recién pasado. A los vecinos del Borde Costero sistemáticamente se les negó la información referida a este proyecto. Ana Cuadros, abogada de los vecinos que han sido sobrepasados por la prepotencia municipal manifestó: “Confío en que la justicia teniendo a la vista la totalidad de los antecedentes que he recopilado declarará las ilegalidades e irregularidades que afectan los actos de esta curiosa concesión. Dado que nos asisten razones de derecho, de justicia y sentido común, seguiremos todas las instancias administrativas y judiciales para restablecer el imperio del derecho en este balneario” Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, invitado por el Comité de Defensa a esta Conferencia de Prensa, expreso: “Lamentablemente la municipalidad cometió una omisión grave al no exigirle al titular de la concesión de las construcciones aprobadas, los estacionamientos que la Ley N° 458 de 1975 y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones le imponen para este tipo de equipamientos comerciales. El municipio aduce que la Ley 13.364 de 1959, conocida como Ley Lorca, al no referirse explícitamente a los estacionamientos, infiere que los mismos no se deben exigir, lo que es absolutamente erróneo, ya que lo que manda es la Ley general que tiene mayor jerarquía que la anterior. Por otro lado, de prosperar esta arbitraria omisión, crea el precedente de que no todos los actores económicos se ciñen a las mismas condiciones” Finalmente Italo Ravanales Presidente del Comité, señalo: “Antes que nada quisiera agradecer el masivo apoyo ciudadano a esta lucha reivindicatoria de nuestros derechos urbanos. Estamos ciertos que la abogada Ana Cuadros logrará un rotundo éxito judicial, con lo cual se nos permitirá disfrutar en plenitud de nuestro Borde Costero abierto al horizonte” FIN Cuadros 9/0512805 Herman 9/2585459 Ravanales 8/1297537