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Desde hace meses el sector eléctrico acuñó la frase "judicialización de los proyectos", para referirse a los cada vez mayores problemas judiciales que deben enfrentar gran parte de las iniciativas de este rubro. En medio de este proceso, hay un organismo que ha adquirido mayor relevancia: la Contraloría General de la República. Y el contralor, Ramiro Mendoza, quien participó como expositor de las Jornadas de Derecho Eléctrico, organizadas por la Universidad Católica, fue crítico respecto a como el sector energético enfrenta su desarrollo desde el aspecto normativo. Deficiencias a la hora de entender las normas, temeridad en su actuar, y falta de pulcritud de las asesorías jurídicas fueron algunos de los comentarios. Mendoza afirmó que el crecimiento del sector ha complejizado la toma de decisiones, ante la multiplicidad de normativas y la ignorancia que hay en torno a éstas. "Aquí se está produciendo un problema por multiplicidad de normativas y por ignorancia de reglas. Entonces, hemos dado muchas normas y no tenemos la capacidad intelectiva de darnos cuenta de que en realidad cambió el escenario de desarrollo de un negocio, y éste se tornó complejo", explicó. Mendoza explicó que a su organismo llegan muchas reclamaciones "que contienen cierta temeridad o desconocimiento de realidades desde el punto de vista de la normativa y eso produce una demora desde el punto de vista de la toma de razón, lo que nos preocupa", dijo por la necesidad de urgencia y certeza que requiere el sector eléctrico. Caso Campiche Por supuesto los ejemplos respecto de algunos casos conflictivos no faltaron, entre estos estuvo la planta de respaldo de Peñalolén, de Metrogas, y la termoeléctrica Campiche, que AES Gener construía en Puchuncaví hasta que los tribunales le retiraron los permisos ambientales, fue tema obligado. "Cuando una determinada planta lleva sobre US$ 100 millones en inversión, la Corte Suprema le dice que está mal, una alternativa es que los cinco miembros de la Corte Suprema están completamente desquiciados o la otra alternativa es que alguien se equivocó en el due diligence ambiental y administrativo que debió hacerse por ese proyecto... Ahí hay algo que tiene que ser revisado desde el punto de vista del negocio eléctrico", afirmó Mendoza en el evento. Tras la presentación, el contralor se explayó en sus dichos. "Tengo la sensación de que puede ser una falta de prolijidad de empezar a construir y, varios meses después, la Corte Suprema me dice que en realidad estoy construyendo mal. No tengo atribuciones ni funciones para (culpar a alguien), lo único que estoy haciendo es constatando un hecho", explicó el contralor general de la República. ''Cuando una determinada planta lleva sobre US$ 100 millones en inversión, la Corte Suprema le dice que está mal, una alternativa es que los cinco miembros de la Corte Suprema están completamente desquiciados o la otra alternativa es que alguien se equivocó en el due diligence ambiental y administrativo que debió hacerse por ese proyecto" Por Danilo Bustamante Rocha