Defendamos la ciudad

Fundación Defendamos la Ciudad y abogado Gustavo Cruzat, en conferencia de prensa dieron a conocer dictamen Nº 35.681 del 6 de julio de 2009, de la Contraloría General de la República, mediante el cual se establecieron diversas ilegalidades en los ámbitos de la construcción, medio ambiente, probidad funcionaria y agricultura. Lo anterior, con ocasión de un proyecto de urbanización de 11 hectáreas sobre la cota 1.000 msnm, zona excluida al desarrollo urbano, por tratarse de un área de Preservación Ecológica : cima del cerro Lo Curro, que forma parte del cordón del cerro Manquehue, comuna de Vitacura. En efecto, los titulares del proyecto, Sociedad de Inversiones y Rentas San Arturo Limitada, y Sociedad de Desarrollo Agua del Palo Limitada, obtuvieron por parte de la Dirección de Obras de Vitacura una autorización al margen de la ley, la cual les permitió iniciar una urbanización, hoy día paralizada, y también permitió la ejecución de una vivienda de lujo basada en el permiso de edificación ilegal, Nº 74-2007, de 9 de mayo de 2007. Lo más trascendente, sin embargo, es el hecho que Contraloría General exigió al alcalde de Vitacura, la realización de un sumario administrativo en la Dirección de Obras Municipales, a raíz de la denuncia que el abogado Cruzat hizo en contra del Director de Obras, arquitecto Juan Ignacio Cañas, y de la subdirectora de Desarrollo Urbano, arquitecta María Cecilia Madariaga, investigación que se suma a la anterior con ocasión del otorgamiento de unos permisos express en el sector de Santa María de Manquehue. Patricio Herman de Defendamos la Ciudad manifestó : "las ilegalidades que se cometen en las Direcciones de Obras Municipales son recurrentes y por ello no nos extraña lo que está aconteciendo en Vitacura. Tanto el Director de Obras como los dueños del terreno rural en donde se otorgaron permisos de edificación y de urbanización sabían que ello no era posible porque en este tipo de zonas naturales no se pueden construir viviendas. Este caso es similar a lo que le sucedió a la empresa AES Gener con su central termoeléctrica en Campiche, Puchuncaví : todos los agentes públicos que aprobaron la planta en un área verde sabían que estaban procediendo incorrectamente, pero igual la autorizaron y los gerentes de la empresa, quienes también conocían la restricción del terreno, se hicieron los lesos aplicando la teoría en boga de los hechos consumados. Pero todos los anteriores calcularon mal porque la Corte Suprema, invocando el numeral 8 del artículo 19º de la Constitución, dejó sin efecto los permisos ambientales. Volviendo a la situación ilegal en Vitacura, informamos que está radicada en los Tribunales Justicia, porque el Consejo de Defensa del Estado ya presentó una querella en contra de esa municipalidad y en contra de los privados por haberse ocasionado un daño ambiental irreparable". Gustavo Cruzat, abogado que formuló la denuncia en la Contraloría General y en el Consejo de Defensa del Estado expresó : "este dictamen se inscribe dentro de un conjunto de acciones, todas concordantes, de varios organismos públicos, como la Conaf, el SAG y la Conama, que han sostenido que el proyecto de urbanización vulnera la normativa vigente. Tanto así que el Consejo de Defensa del Estado ha deducido una acción por daño ambiental en contra de la Municipalidad de Vitacura y de las sociedades a cargo del proyecto. Esto, sin embargo, nos lleva a que coloquemos nuestra atención en que el sector natural involucrado corresponde a un maravilloso bosque esclerófilo en peligro de extinción, que sirve de paseo rutinario a muchos deportistas y ciudadanos. Afortunadamente eso va a continuar siendo así por el imperio de la ley.” 09/2585459 09/4344757