Fundación Defendamos la Ciudad rechaza la práctica ausente de transparencia y francamente contraria a la probidad ejercida por algunos funcionarios públicos que, para favorecer los intereses de ciertas industrias que contaminan más de lo permitido, incluyeron en el texto del PPDA y, después de que éste fuera aprobado por el Consejo de Ministros de la Conama, una disposición que exime del cumplimiento de las metas para descontaminar Santiago a las mayores fuentes emisoras de NOx. Patricio Herman de Defendamos la Ciudad expresó "es muy grave lo que se denuncia hoy día lunes en el diario La Tercera, referido a este trato benevolente establecido en el artículo 80 del nuevo PPDA y por ello fuimos a ver al intendente Igor Garafulic, presidente de la Corema, para que al interior del gobierno se investigue cuáles funcionarios de la Conama o de otro servicio público actuaron de manera tan poco honesta para favorecer los intereses de las 145 mayores fuentes fijas emisoras de esos gases nocivos para la salud de la población. El intendente no nos pudo recibir porque estaba en una reunión, pero sí le expresamos nuestra objeción a su jefe de gabinete señor Alveal, quien quedó de revisar la materia con Garafulic. Nosotros esperamos ahora que el gobierno investigue quienes fueron los funcionarios que actuaron al margen de la ley e incluso sobrepasando al propio Consejo de Ministros de la Conama. Por último, ya que nuestro país desea ser admitido en la OCDE, está sumamente claro que para hacer mérito en ese propósito, se deberá retirar ese artículo 80 de la modificación del PPDA para que así la Contraloría General de la República pueda tomar razón del Decreto correspondiente y en los próximos días se pueda publicar en el Diario Oficial". 09/2585459
06 Julio 2009
Institucionalidad ambiental quiere pasar gato por liebre
Con motivo de la modificación del Plan de Descontaminación (PPDA) de la región metropolitana.Objetan falta de probidad de la institucionalidad ambiental que, extemporáneamente, incluyó la eximición de una norma compensatoria en el texto del Decreto respectivo, en poder de la Contraloría General de la República.
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