Defendamos la ciudad

Los 34 muertos -entre ellos 25 policías- que dejaron la semana pasada los enfrentamientos por el desbloqueo de una carretera en Bagua (1.000 km al norte de Lima) y las protestas por ese operativo durante las siguientes 24 horas, se han convertido en un duro pasivo para el gobierno del presidente Alan García. Además del problema político, los analistas consideran que lo más grave para el gobierno es haber apostado por un modelo de explotación intensiva para la Amazonía, que ahora tendrá que negociar con los indígenas aguarunas, candoshis, cocamas y de otras etnias, que desde el año pasado piden ser consultados. El gobierno, en efecto, firmó una serie de decretos legislativos necesarios para la implementación de su TLC con Estados Unidos, que los indígenas recusaron desde su misma promulgación, por considerarlos peligrosos para su propia supervivencia. Una primera serie de huelgas a mediados de 2008 se saldó con la derogación de dos decretos, pero el incumplimento del Congreso de derogar otros reinició las protestas en abril de este año, con marchas y bloqueos de rutas y ríos. Tras los muertos de Bagua, finalmente el miércoles el Congreso suspendió dos de ellos, los más cruciales para los nativos. Los indígenas amazónicos siempre fueron olvidados, pero esta protesta los ha convertido en protagonistas, con un interés mediático internacional que obliga al gobierno peruano a manejarse con mayor prudencia, señalan analistas. "Los amazónicos han demostrado que pueden movilizarse juntos, están generando una corriente mundial de apoyo entre organizaciones similares y tienen la posibilidad de jaquear ciudades", con lo cual tienen un poder de negociación que no tenían antes, señala en el diario La República el analista Mirko Lauer. Para el analista Sinesio López, el presidente García es responsable de la crisis por unos decretos que significan "la venta de los recursos naturales de la selva (hidrocarburos, madera) a las transnacionales". Los decretos legislativos que los nativos luchan por echar para atrás fueron firmados gracias a un "hiperactivismo legislativo del Ejecutivo apoyándose en el silencio cómplice de los grandes estudios de abogados y eludiendo un debate público que era esencial". Este silencio al que se refiere López es el que no permite saber qué se negoció durante el tiempo que esos decretos estuvieron vigentes. Según la antropóloga Ada Chuecas, experta en temas amazónicos, "la visión de la Amazonía no ha cambiado; esa visión considera esa zona como un lugar vacío, del que hay que extraer sus riquezas y donde hay que desalojar a los que viven ahí porque no tienen ningún valor". Luego de los choques en Bagua, el escenario se ve complicado. Analistas y políticos opositores consideran que un acercamiento del gobierno con los indígenas pasa necesariamente por la renuncia del primer ministro Yehude Simon (cuya caída arrastra al resto del gabinete), por considerar que su mal manejo político del tema lo inhabilita. Por el otro lado el interlocutor de los indígenas, Alberto Pizango, terminó asilado el lunes pasado en la embajada de Nicargua en Lima, luego de que el gobierno expidiera en su contra una orden de captura, con lo cual el diálogo a partir de ahora tendría que rearmarse con otros actores. Como señala el analista Augusto Alvarez, "la superación de este momento complicado del gobierno no será -como hasta ahora- con prepotencia y matonería sino con humildad y legalidad. El gabinete debe irse pero el presidente debe cambiar de rollo (actitud) antes de que la factura sea más abultada".