17 Abril 2009
Defendamos la Ciudad y Acción Ecológica

niegan que intenten “confundir” a la ciudadanía

Los representantes de ambas organizaciones, Patricio Herman y Luis Mariano Rendon, respectivamente, respondieron a la Seremi de Vivienda que consideró errada la interpretación que hicieron de un dictamen de la Contraloría que rechazó una modificación del Plan Regulador Metropolitano en la comuna de Pudahuel.

La Fundación Defendamos la Ciudad y el Movimiento Acción Ecológica rechazaron la posición del seremi metropolitano de Vivienda y Urbanismo, Carlos Estévez, que desestimó y consideró "errada" la interpretación de ambas organizaciones respecto al rechazo de la Contraloría a una solicitud de modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago "Si el Seremi de Vivienda hubiera entendido bien las declaraciones de Defendamos la Ciudad no habría afirmado tan suelto de cuerpo que intentamos ‘confundir a la ciudadanía’. Está claro que esta nueva devolución de la Contraloría se refiere ahora a un cambio en los terrenos adyacentes al Aeropuerto Arturo Merino Benítez”, sostuvo Patricio Herman de Defendamos la Ciudad. El dirigente sostuvo que “dicho distinguido y enojado Seremi asevera que esta modificación no dice relación con proyectos inmobiliarios ubicados en la comuna de Pudahuel, lo cual, siendo efectivo, tiene sus bemoles. Le aclaramos a él y le informamos a la opinión pública que la Contraloría le tiró las orejas a ese ministerio cuando manifiesta ‘que modifica el área de interés silvoagropecuario mixto ISAM 5, incorporando el Sector Zona Transición Aeropuerto Arturo Merino Benítez, corresponde, considerando el carácter general de la planificación territorial, que el área pertinente sea individualizada sin hacer referencia al Proyecto con Desarrollo Urbano Condicionado Urbanya, siendo menester consignar, por lo demás, que la modificación al PRMS atinente al mencionado proyecto aún no ha sido totalmente tramitada". Según Herman también la Contraloría objeta el intento de la Seremi de prohibir el desarrollo de viviendas sociales en el sector ISAM 1 y cuestiona con firmeza esa pretendida excepción "para los proyectos que allí se señalan". Asimismo agregó que “no tenemos tiempo para dar a conocer todos los cuestionamientos formulados por la Contraloría respecto de la Resolución Nº 86, pero en todo caso el dictamen 17755 del 07/04/09 está publicado en la página web de la Contraloría y allí los lectores podrán constatar la infinidad de "errores" cometidos por la administración”. El dirigente de Defendamos la Ciudad sostuvo que “sería muy necesario que el Seremi se tome a la brevedad un tranquilizante y que, a partir de ahora, todos los futuros cambios en las reglas del juego del PRMS se hagan con extrema rigurosidad para que ese ministerio no sufra los bochornos que estamos dando a conocer”. Por su parte el abogado Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, indicó que "nos parece muy bien que el señor seremi de Vivienda, por primera vez, defienda públicamente el quehacer de su servicio. La labor del Ministerio de Vivienda es fundamental para el diseño de la ciudad en que vivimos actualmente y en la que vivirán las futuras generaciones. Por desgracia, este tema de tan vital interés público, se ha manejado siempre de forma muy poco transparente y marcando las tintas en aspectos técnicos, que hacen más difícil su entendimiento por la ciudadanía. Somos pocas las organizaciones de la sociedad civil que hemos podido desarrollar las capacidades para lograr enfrentar al Gobierno y a los grupos económicos en el terreno de la normativa territorial. Pero lo hemos hecho, y en no pocas oportunidades hemos logrado frenar algunas de las intentonas más contrarias al bien común. Rendón indicó que “lo que pensamos resulta difícil que el Seremi Estévez le explique a la ciudadanía es por qué, en forma reiterada, la Contraloría rechaza las modificaciones al Plan Regulador que el Ministerio de Vivienda presenta a través del buzón del Gobierno Regional. Sin duda que más allá de cuáles son los intereses beneficiados por cada modificación, aquí nos encontramos ante, al menos, una sistemática incompetencia de la Secretaría Regional Ministerial, que no se ajusta a la ley en sus proposiciones. En mal pie queda el interés público entonces, si dicha Secretaría, que debe fiscalizar a los privados en el cumplimiento de la normativa territorial, es la primera en intentar pasar por encima de ella” El abogado indicó que “en el último rechazo, la resolución Nº 86, en efecto, como lo hemos dicho y reiteramos, se pretendía beneficiar la expansión urbana inmobiliaria sobre los terrenos agrícolas. Ello se pretendía mediante, al menos, tres fórmulas, todas rechazadas por Contraloría. Una, era exigirle requisitos adicionales a la instalación de agroindustrias, que es el destino natural complementario de terrenos agrícolas. La otra, era impidiendo la construcción de viviendas sociales para campesinos, también complemento necesario de las actividades agrícolas. Finalmente, se establecía un procedimiento ilegal para disminuir áreas de riesgo en relación al aeropuerto de Pudahuel, con lo que obviamente se amplían las zonas disponibles para proyectos urbanos”.




Inicia sesión para enviar comentarios