Defendamos la ciudad

Por Jorge Molina Sanhueza La Contraloría golpeó por segunda vez al Ministerio de Vivienda y al gobierno regional, en su intento de modificar el Plan Regulador (PRMS) hacia la zona occidente de Santiago, entre otras razones, para favorecer la construcción de proyectos inmobiliarios de grupos económicos del rubro como Santa Cruz-Yaconi, Endesa España y Hurtado Vicuña. En un dictamen emitido el pasado 7 de noviembre -el 17755- el organismo fiscalizador resolvió no tomar razón -por no ajustarse a Derecho- del cambio en los límites emplazados en zonas rurales. Y señaló que los artículos incluidos en la resolución 86 que buscan hacerlo, contravienen la propia Ley General de Urbanismo. Asimismo realizó una serie de observaciones que revelan una falta de conocimiento de los profesionales del gobierno regional que redactaron el documento enviado a la entidad revisora. "Falta de cabal inteligencia", apunta la Contraloría. Básicamente, el dictamen del organismo sostiene que no pueden desafectarse las áreas cercanas al aeropuerto Arturo Merino Benítez. De hecho, la objeción apunta a que el Minvu le incluyó un acápite para lograrlo, pero fue objetado por estar fuera de la ley. También se incorporaron al cuerpo legal otros artículos referidos a la Ley de Minería, informes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, todo con el intento de modificar la construcción de viviendas sociales de hasta UF 1.000 fuera de los límites urbanos, lo que también fue objetado por contravenir el mismo instrumento de planificación territorial. Inversiones detenidas El dictamen apunta a cómo la autoridad busca modificar las áreas de interés silvoagropecuario, incorporando un sector de las tierras colindantes al terminal aéreo. Al respecto la entidad puntualiza que el área puede ser individualizada, pero "sin hacer referencia al Proyecto Urbanya", ya que hasta ahora no ha sido totalmente tramitado. Anterior a esta resolución, hubo otra conocida a fines de marzo (LINK a esa del 27 de marzo), a raíz de una presentación por la Agrupación Defendamos la Ciudad (ADC), que tuvo el mismo tenor. En la oportunidad, se retrasaron las multimillonarias inversiones de los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionados (PDUC) Urbanya, Enea y Ciudad Lo Aguirre de los grupos ya mencionados, que se realizarían en un terreno de 2.000 hectáreas agrícolas de la comuna de Pudahuel, en el sector poniente de Santiago. Ese dictamen estableció la falta de estudios de impacto al transporte y las obras para mitigarlo en caso de que se produjeran, entre otros documentos faltantes a la hora de la toma de razón. De aprobarse en esos términos, dijo en su oportunidad el dirigente de ADC, Patricio Herman, las empresas habrían logrado una enorme plusvalía sobre los terrenos con una baja inversión. Consultado por este diario, Herman insistió en que este nuevo dictamen mantiene la línea argumental de la Contraloría y consideró "grave la incompetencia técnica" del Minvu para hacer modificaciones "que consideren el interés público". Pese a los documentos, el gobierno ha insistido en bajarle el perfil a los mismos señalando que sólo faltan trámites menores para que los proyectos y la modificación del uso del suelo sean aprobados por el organismo fiscalizador. Adjunto lea el dictamen del 7 de noviembrey el dictamen del 27 de marzo