Defendamos la ciudad

Valparaíso. La joya del Pacífico. Enclave de casas de agrado y veraneo de gran parte del "red set" nacional. Jorge Correa Sutil, Ricardo Lagos Weber, Guido Girardi, Marcela Serrano, Patricia Politzer, Paulina Urrutia y su esposo Augusto Góngora son algunos de los personajes que han elegido el otrora puerto más importante de Latinoamérica para descansar y dejar atrás el ajetreo de la capital. Pero la tarde del miércoles se selló un cambio radical para la zona. Ese día el Consejo Regional de Valparaíso (CORE) aprobó por 19 votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones el Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso (Premval), que regulará y orientará el proceso de desarrollo físico del territorio durante los próximos 30 años. Y como con la LOCE de Pinochet, la decisión quedó amarrada a última hora, ya que ese día terminaba el período de los consejeros. La apuesta, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), considera una extensión urbana de 23 mil nuevas hectáreas en 8 comunas: Valparaíso, Viña del Mar, Con Con, Quinteros, Puchuncaví, Casablanca, Villa Alemana y Quilpué. Duplicando así el suelo urbano del que dispone actualmente la zona, y absorbiendo áreas agrícolas, forestales y de alto valor ambiental. Por eso la cosa está que arde. Y al igual que en la Región Metropolitana existen voces que señalan que estos cambios en el uso de suelo atienden más bien a una jugada hecha a la medida para beneficiar a algunos actores que, sin moverse de su escritorio, obtendrán una plusvalía en sus terrenos para relamerse los bigotes. Porque, y esto es lo clave, no vale lo mismo una hectárea rural que una urbana. Según el abogado Gustavo Paulsen, ex Core de la zona, "con el nuevo valor de sus terrenos los privados deberían haber financiado medidas de mitigación en las zonas afectadas medioambientalmente. Por otra parte faltó negociar con ellos, ya que no hay contraprestación con el Estado por toda la plusvalía que obtendrán". Y añade que además, esta herramienta crea un oligopolio en el manejo del suelo urbano. Los beneficiados Por eso la asamblea del Core fue tensa. Y al finalizar, dos de los consejeros que rechazaron la propuesta pidieron la palabra para argumentar su voto. Entre otros puntos, Manuel Millones (UDI) explicó que "el problema de estas hectáreas es que prácticamente el 40 por ciento está concentrado en no más de 6 propietarios", que accederán a una gran especulación inmobiliaria. Según datos entregados por la Comisión de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Core, todos los cambios de suelo están asociados a proyectos inmobiliarios. Incluso, algunos de sus representantes asistieron a algunas sesiones a presentar sus propuestas. En el caso de las cerca de 2 mil hectáreas que se liberarán para construir en Ritoque-Quintero existe un proyecto inmobiliario de 10 mil viviendas ligado a la familia Urenda, cuyo patriarca fue senador por la zona. En Viña del Mar, la familia Bernal planea construir unas 2.500 propiedades en el sector de Las Siete Hermanas. En tanto la Inmobiliaria Curauma, cuyo presidente es Manuel Cruzat Infante, tiene una apuesta que se expuso en el Core para el Fundo las Cenizas, y que supera las 12 mil viviendas. En el Fundo Los Peumos, un particular presentó un proyecto para levantar 2.500 casas. Y en los Fundos Hinojo y El Pajonal, se espera instalar 10 mil viviendas. En Quilpué, en el Fundo El Carmen, donde se encuentra el zoológico de la zona, hay varios proyectos para las 500 hectáreas que se liberaron. Entre ellas una de la Universidad Católica de Valparaíso, que posee 90 hectáreas. Esta idea tiene especialmente molestos a los vecinos, ya que el fundo en cuestión fue donado por el fundador del pueblo en los años 30, quien dejó establecido que se convirtiera en un parque recreativo. "Pero esto modificó este pulmón verde. Porque gracias a un arreglo que se hizo entre gallos y medianoche, en 1970 se traspasó la propiedad del lugar a la universidad y pasó a ser administrado por ellos", explica la encargada nacional de ecología y medioambiente del movimiento regionalista, Susana Soto. Piñera se hace el cucho Otro beneficiado en el Fundo El Carmen con más de 350 hectáreas es la inmobiliaria Geosal, filial del Holding Inmobiliario Salfacorp. Entre los 10 principales accionistas de esa firma se encuentra el candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, a través de Inversiones Santa Cecilia, S.A. con 1,85 por ciento. Lo anecdótico del asunto, es que al ser consultado por organizaciones ambientalistas si aún mantenía intereses inmobiliarios en dicho holding, el empresario negó cualquier vínculo, asegurando en un correo electrónico que "yo ya no tengo participación en estas Empresas, ya no soy parte del directorio de estas, desde hace un tiempo". Pero la información que entrega la página web de la bolsa de Santiago dice lo contrario. Según explica el consejero Millones "solicitamos al ministerio de vivienda en distintas oportunidades que identificara los proyectos asociados y los propietarios. Pero nunca tuvimos información clara de todos los beneficiados". Además solicitaron a la Secretaría Regional Ministerial que les mostrara los estudios que sustentaran la decisión de ampliar en 23 mil hectáreas el suelo urbano. Pero nunca llegó a sus manos. Recién el martes desde el Minvu se habló de una proyección que decía que de aquí a 30 años la población de la región alcanzaría los 19 millones de habitantes. Pero tampoco se explicó bajo qué parámetro se había hecho ese cálculo. "Esta es una cifra disparatada, sin sustento. Al revés, la ciudad de Valparaíso ha decrecido", señala el consejero. Acciones legales El lunes pasado se presentaron dos recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Uno patrocinado por la abogada Ana Cuadros, representando a dirigentes comunales que se oponen a la propuesta. Y otro liderado por el ex Core Gustavo Paulsen, a título personal. Ambos rechazaban la resolución de la Corema con respecto a que el proyecto-modificado luego de que la Contraloría General presentara más de 50 observaciones- no tenía necesidad de ser reingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Las dos acciones fueron acogidas y el tribunal otorgó diez días hábiles para que los servicios sectoriales involucrados remitan los antecedentes necesarios. Lo que les permitirá seguir ganando tiempo para reunir más antecedentes y preparar nuevas ofensivas legales, ya que "mientras el plan no sea promulgado por el Intendente y la Contraloría no haya tomado razón, aún se puede revocar", explica Cuadros. Por Claudia Urquieta.