Defendamos la ciudad

Un par de santiaguinos practican kayac, los patos nadan tranquilamente y un grupo de mujeres intenta pescar algo de la laguna. Es el panorama de un día de semana en la Laguna Carén. La tranquilidad del verde y la frescura del agua en un día de calor contrastan con la encendida polémica que ha vuelto a renacer en uno de los escasos pulmones de la Región Metropolitana, propiedad de la Universidad de Chile y donde la casa de estudios planea instalar un parque científico y tecnológico. El proyecto está a cargo de la Fundación Valle Lo Aguirre, perteneciente a la casa de estudios y dirigida por Patricio Rojas, ex ministro de Defensa. La pelea comenzó a fines de los noventa y había estado dormida, pero reapareció la semana pasada, cuando organizaciones ciudadanas acusaron al seremi de Vivienda metropolitano, Carlos Estévez, de privar de la calidad de área verde al Parque Metropolitano Laguna Carén mediante un oficio, lo que dejaría a la Universidad de Chile con más libertades y al terreno con menos resguardo medioambiental. Pero Estévez aclara que él no tiene la facultad de quitar la calidad de área verde a ningún predio y que esto fue resuelto mediante una ley en 2004. La discusión legal se disparó y los más críticos al proyecto de la casa de Bello Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, y Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica estudian recurrir a la Contraloría en las próximas semanas para que el organismo determine si el parque es o no área verde. LA CODICIADA CARÉN José Dollenz conversaba animadamente con el alcalde Johnny Carrasco en la Municipalidad de Pudahuel sobre el futuro de la Laguna Carén. Era el año 2000 y Dollenz se desempeñaba como el último director de Digeder, la antigua denominación de la Dirección General de Deportes y Recreación, creada por la dictadura y dependiente del Ministerio de Defensa, que en 2001 fue reemplazada por Chiledeportes. "Él tenía muchas iniciativas de canotaje, velerismo para que los jóvenes practicaran y estudiaran. La laguna tenía un potencial enorme para proyectos lindos", recuerda Carrasco. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese terreno no pertenecía a la Digeder y que el Ministerio de Bienes Nacionales lo había traspasado a la Universidad de Chile. "Esto se hizo entre gallos y medianoche. Hicimos el ridículo porque seguimos trabajando en proyectos para el parque cuando ya no teníamos nada que hacer ahí. Nos enteramos tiempo después de que el traspaso ya estaba hecho", explica el alcalde. El 28 de febrero de 1994, once días antes de dejar la Presidencia, Patricio Aylwin firmó el decreto supremo 350 del Ministerio de Bienes Nacionales, que hacía traspaso gratuito de 1.033 hectáreas del Parque Laguna Carén a la casa de Bello, para hacer un parque científico y tecnológico. La universidad se hizo con el resto del terreno el 26 de mayo de 1999, cuando otro decreto supremo le entregó 11,80 hectáreas adicionales. Hasta el día de hoy los decretos no han sido publicados en el "Diario Oficial". A cambio, la universidad donó al fisco dos inmuebles, uno en Coquimbo y otro en Ñuñoa. Tanto ecologistas como pobladores del sector apuntan hoy a Patricio Rojas (DC), vicepresidente ejecutivo de la Fundación Valle Lo Aguirre, a la que la universidad encomendó el manejo del paño. Rojas todavía era ministro de Defensa cuando se traspasaron la laguna y su entorno, entonces administrados por ese ministerio, a la Universidad de Chile. Una vez fuera del cargo, asumió la dirección de la Fundación Valle Lo Aguirre en mayo de 1995, con el objetivo de llevar a cabo el proyecto científico de la casa de estudios. PROCESO TRUNCADO Mientras estuvo en Defensa, en los primeros años de democracia, Rojas fue conocido porque se enfrentó con el ex dictador y entonces comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet. Hoy, los habitantes del predio lo identifican como el hombre que los quiere expulsar de sus casas. "Desde 1997 que quieren desalojar a las familias de acá porque no tenemos títulos de propiedad, pero algunos llevamos aquí más de 35 años", explica Guillermo Durán, que vive con su esposa Sara en una sencilla casa de madera a la orilla de la Ruta 68, en el kilómetro 17 y medio. El 22 de julio de 1997, la Fundación Valle Lo Aguirre envió una carta a los locatarios, firmada por Patricio Rojas, donde se les informa a las 36 familias del lugar que deben abandonar el recinto. Ocho de ellas ya se fueron, después de postular a un subsidio habitacional en otros sectores de Santiago. "Muchos no pueden irse al casco urbano porque su vida es del campo, tienen su fuente laboral ahí y han vivido muchos años en este lugar. Entonces la mirada correcta no es la de desalojarlos así no más ‘porque están en mi terreno’. Hay una mirada que debe ser más noble: ‘soy yo el extranjero y ellos han vivido ahí mucho más’", asegura el alcalde Carrasco. Las 28 familias que siguen en el lugar no tienen energía eléctrica ni pueden instalarla porque no tienen los derechos de propiedad, así que dependen de la electricidad del parque de la Universidad de Chile. Sara y Guillermo se ganan la vida con su propio negocio familiar, que consiste en darles colación a trabajadores y camioneros de la zona, y la venta de áridos. Sin embargo, hace dos meses la administración del parque les cortó la electricidad. "No me autorizaron a vender áridos, dijeron que ellos tenían que dar la autorización porque el predio era de ellos", asegura. Pero él no hizo caso y la represalia fue dejarlos sin luz. "Me cortan la luz y me cortan las alas. Necesitamos electricidad para trabajar porque se nos echa a perder la comida, y para generar agua, porque tenemos una noria", relata Guillermo, quien asegura que nunca tuvo esos problemas cuando la Digeder era titular del predio. Cuando la Corporación de Reforma Agraria, en 1978, transfirió también gratuitamente este predio a la Digeder, estableció que el nuevo titular debía "respetar los derechos que benefician a 14 familias que viven en el predio, derechos que deben traducirse en darles trabajo estable y permanente a esas 14 familias que son ex asentados que no obtuvieron parcelas en el proyecto de asignación Lo Aguirre". Sin embargo, esta condición no se mantuvo en el traspaso de 1994. Las familias que esperaban sus títulos de propiedad a comienzos de los setenta vieron su sueño truncado cuando el golpe de Estado terminó con la reforma agraria. La fundación explica esta situación mediante un correo electrónico en el que señala: "La Fundación Valle Lo Aguirre, como administradora del predio y unidad ejecutora del Proyecto PCT de la Universidad de Chile, ha tenido siempre como política buscar una alternativa pacífica y no judicial para la situación de estas familias ( ). Ya se ha resuelto el problema de ocho familias mediante una solución habitacional, y respecto a las restantes se está en conversaciones en la búsqueda de una solución similar ( ). La Fundación Valle Lo Aguirre declara que nunca ha ejercido acción judicial alguna destinada a desalojar a las familias que habitan en el predio, existiendo de parte de la Universidad de Chile el derecho de propiedad que la faculta para ejercer acciones de esta naturaleza". ¿VERDE O NO? La pelea del momento es justamente esa: si la laguna Carén es o no parque metropolitano y si está en zona urbana o rural. De eso depende si, en caso que el terreno sea destinado a otros fines, se debe crear allí un área verde en otra parte de la Región Metropolitana, del mismo tamaño que el espacio actual. Hoy la fundación no contempla forestar en otra zona de la capital, argumentando que la legislación actual no los obliga a hacerlo. El seremi Estévez y el director de la Conama, Alejandro Smythe, señalan lo mismo. Pero los ecologistas Rendón y Herman siguen refutando a los organismos públicos y a la Universidad de Chile. "Pueden desafectar el 20% del parque, vale decir 200 hectáreas. Podrían construir ahí cualquier cosa, con la obligación de compensar. La idea de este mecanismo de compensación es que la Región Metropolitana no pierda el número absoluto de áreas verdes, porque tenemos un déficit", explica Rendón. Estévez replica que esta obligación no existe desde febrero de 2004, cuando se modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones y se dejó fuera de la categoría de parque nacional a todos los parques metropolitanos y comunales. "El seremi confunde, a lo mejor no leyó bien la ley. En esta redacción no se incorporó a los parques metropolitanos y el Parque Laguna Carén es un parque metropolitano, no es un parque comunal ni intercomunal. Por lo tanto el seremi está profundamente equivocado", dice Herman, arguyendo la principal razón que esgrimen los ambientalistas. Carlos Estévez asegura que el encargado de interpretar las leyes en esta área es la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda. "Los organismos pertinentes que interpretan la ley siempre han señalado que parque metropolitano se asocia a parque intercomunal. Como la ley no habla de parques metropolitanos, los organismos que interpretan la ley en sus dictámenes dicen que son planes intercomunales. Son sinónimos", explica el seremi, y agrega que, en caso de que tengan dudas al respecto, los ecologistas debieran consultarle a la División de Desarrollo Urbano o a la Contraloría, y no sacar sus propias interpretaciones. Ese es justamente el próximo plan de Rendón y Herman: acudir a la Contraloría. Sea cual fuere la respuesta, lo cierto es que según la OMS una ciudad debe tener nueve metros cuadrados de área verde por habitante, en Santiago sólo hay tres metros cuadrados, y Laguna Carén es el pulmón verde más grande de la Región Metropolitana, con más de mil hectáreas. Basta comparar con el cerro San Cristóbal, que tiene una extensión de 700. El director de la Conama, Alejandro Smythe, explica que hay muchos lugares en la Región Metropolitana que podrían ser áreas verdes, pero que en realidad son áreas de color café, ya que ningún organismo público tiene la capacidad económica para forestarlas y mantenerlas. Por eso, se generó la idea de que los privados foresten. Esa es la única legislación relacionada al conflicto en la que hay consenso: permite a la fundación utilizar el 20% del terreno que les corresponde de la laguna, siempre que foreste cuatro veces lo que se utilice en el resto del parque. "Liquidar las pocas reservas de área verde que tenemos es un crimen en una ciudad requeterrecontra contaminada, donde no mejoramos los índices de polución del aire, por el contrario, en los últimos años hemos ido retrocediendo. Por donde tú lo mires, convertir eso en una zona industrial es un crimen", explica Rendón. Consultado sobre la inconveniencia de no clasificar Laguna Carén como área verde, considerando los niveles de polución de la RM, Smythe responde que la nueva institucionalidad medioambiental que preparó la ministra Ana Lya Uriarte, debiera superar los problemas que ha enseñado la experiencia, y que las empresas debieran incorporar un plan para reforestar o compensar en las declaraciones o los estudios de impacto ambiental.