Defendamos la ciudad

El poder ciudadano no da tregua. Ahora encontró una nueva arma para blindarse contra la invasión de las torres: que declaren su barrio Zona Típica. Por Francisca Araya | Producción: Antonia Bravo | Fotografía: Alejandro Araya “¡Un, dos, tres, por mí y por todos mis compañeros!”, grita la colorina apoyando con fuerza sus dos manos en un muro. Los otros tres niños que juegan a la escondida salen detrás de unos arbustos y vitorean a la liberadora. En la esquina de calle Los Capitanes con J. T. Rider, el chiquillo que llevaba la cuenta patea las piedras. “¡Aaaauuutooo!”, grita de repente. La pandilla se arrima a la vereda y observa el jeep que atraviesa la cuadra a 10 kilómetros por hora, frente a las casas art decó, las fachadas modernistas y los pilares neoclásicos que caracterizan al barrio Dalmacia en Providencia, entre Miguel Claro y Manuel Montt, Santa Isabel y Emilio Delporte. El recién llegado se estaciona y los niños vuelven a ocupar la calle, que será suya hasta que los padres los llamen a comer. Del vehículo se baja Cristián, quien saluda a Paula, su vecina del frente, que lleva a su pequeña hija a pasear en coche. Mientras Cristián abre el portón de su casa, se cruza con Andrés, que viene de vuelta del almacén, y ambos se estrechan las manos. Antes no se tenían tanto cariño. Antes de que empezaran las demoliciones muchos de los vecinos ni siquiera se conocían. En marzo de 2008, Cristián González y André Jouannet tocaron la puerta de María Angélica Urbina, presidenta de la junta de vecinos del sector. Estaban preocupados: habían asistido a una reunión informal con una veintena de vecinos en la que decidieron por unanimidad defender el barrio de un proyecto inmobiliario de Socoin, que pretendía levantar un edificio en el lugar. Pero a la semana, el organizador de la asamblea había vendido su casa a la inmobiliaria. Cristián y André buscaban el apoyo de María Angélica. Cuatro años antes, la presidenta de la junta de vecinos había hablado con el alcalde, el director de obras y el seremi de Vivienda y Urbanismo en un intento de detener la construcción de un edificio de 14 pisos en el barrio. El edificio se levantó igual. En ese entonces, Providencia no tenía un plan regulador propio (tal como otras nueve comunas de Santiago), lo que dejaba abierta la posibilidad de construir torres de cualquier altura. Ante la presión de los vecinos de Providencia, en enero de 2007 la municipalidad hizo un plan regulador específico para la comuna. El límite de altura en el barrio Dalmacia se fijó en siete pisos. A los vecinos les quedaba una sola carta para evitar las construcciones en altura, una a la que ya habían echado mano los vecinos del barrio Yungay, en Santiago Centro: solicitar que el Consejo de Monumentos Nacionales declarara al barrio como Zona Típica. La Zona Típica es una categoría de Monumentos Nacionales que protege el carácter ambiental y propio de ciertos conjuntos habitacionales que encarnan “un valor irreemplazable e irrepetible para nuestra realidad cultural”. Cualquier persona puede solicitarla, siempre y cuando compruebe el valor patrimonial del barrio y consiga las firmas de la mayoría de sus habitantes (la ley no establece un porcentaje fijo). La comunidad de una Zona Típica puede postular a distintos fondos concursables para mejorar fachadas, veredas, mobiliario urbano, áreas verdes e iluminación, entre otros. Queda prohibido demoler (excepto si existe riesgo de derrumbe) y las modificaciones estructurales, como mansardas y ampliaciones, deben ser aprobadas por el Consejo de Monumentos Nacionales. Paula Jiménez tenía cinco meses de embarazo cuando se ofreció para recolectar las firmas de su cuadra y en una semana tocó todos los timbres de la calle Dalmacia. En cada cuadra había un vecino a cargo de la recolección de firmas. De los 144 propietarios del barrio, 120 firmaron a favor de la Zona Típica, lo que equivale al 85% del total. “En un principio me opuse, porque la Zona Típica limita la libertad que los dueños tienen sobre su propiedad”, explica Luis Weinstein, fotógrafo y vecino del barrio Dalmacia, quien ha hecho varias ampliaciones en su casa. “Pero luego vi que la amenaza de los edificios se nos venía encima y cambié de opinión. Además, yo creo que con la Zona Típica el valor de la propiedad sube, porque atrae a personas interesadas en vivir en una casa, que pagan por no tener el riesgo de que les construyan un edificio al lado”, dice. Según Pablo Allard –arquitecto y académico de la Universidad Católica, doctorado en Harvard en Estudios del Diseño, mención Infraestructura Urbana–, siempre hay personas que quieren vender y otras que quieren preservar sus casas. “Es difícil determinar el valor patrimonial de un barrio, lo que hace cuestionable la decisión de congelar el desarrollo inmobiliario de un sector por esta razón. Además, cómo vas a impedir que las personas vendan sus propiedades al mejor postor, sobre todo si con el dinero que reciben podrían asegurar hasta la jubilación de sus bisnietos”, dice Allard. El 13 de agosto de 2008, los vecinos del barrio Dalmacia consiguieron la declaratoria en un tiempo récord: tres meses de trámites. Normalmente, el proceso demora ocho meses o más. Pero esta victoria no alcanzó a detener del todo los proyectos inmobiliarios. Un mes después de que el Consejo de Monumentos aprobara la Zona Típica –cuando faltaban 20 días para que el decreto se publicara en el Diario Oficial y tuviera validez legal–, la Municipalidad de Providencia aprobó el anteproyecto de un edificio de siete piso en Dalmacia con Miguel Claro. “El Consejo de Monumentos aprueba cualquier cosa porque sí. Yo no creo que ese barrio tenga valor patrimonial. Además, si no quieren edificios, ¿por qué hay vecinos que venden sus casas a las inmobiliarias?”, dice el alcalde de Providencia, Cristián Labbé. La guerra por la esquina de Dalmacia con Miguel Claro está declarada. Los vecinos presentaron un recurso de protección para detener la demolición de las cinco casas vendidas –que ocupan el terreno donde se elevaría el edificio– hasta que el caso se defina en tribunales. Pero el jueves 18 de diciembre la demolición comenzó. LA IDEA La idea de solicitar la Zona Típica como última carta para proteger un barrio nació en un cabildo abierto de septiembre de 2007 en el que participaron más de 150 vecinos del barrio Yungay. Estuvieron de acuerdo en que había que proteger no sólo las casas, sino también la historia y la identidad de los habitantes del sector. Las casas de la calle Agustinas, en el Parque Portales, estaban afectas a expropiación desde 1939, cuando se planificó que el parque llegaría hasta la avenida Brasil. La municipalidad quiso reactivar este proyecto en 2006 y liberó las alturas de la zona para que las empresas construyeran edificios. Así financiaría la extensión del parque y las indemnizaciones a los expropiados. Los vecinos del barrio encuestaron a las personas que serían expropiadas y descubrieron que la mayoría no quería dejar su casa. Finalmente, después de tres audiencias con el ex alcalde Raúl Alcaíno, los vecinos del barrio Yungay lograron detener las edificaciones en altura. Pero sólo en el Parque Portales, no en el resto del barrio. Entonces, para evitar las torres, se les ocurrió echar mano a la declaración de Zona Típica. Durante un año juntaron los documentos que pide el Consejo de Monumentos: desempolvaron archivos y recolectaron testimonios de los vecinos más antiguos del lugar. El 9 de mayo de 2008 presentaron un informe técnico al Consejo de Monumentos Nacionales, junto a 2.277 firmas de respaldo a la solicitud. De ser aprobado el proyecto, el barrio Yungay se transformaría en la Zona Típica urbana más grande del país. “Los vecinos están usando las zonas típicas para regular el diseño urbano, porque los planes reguladores no establecen mecanismos para que la participación ciudadana sea efectiva; no consideran la opinión de los vecinos. La ciudadanía debería poder participar en tres instancias concretas: en el diagnóstico previo al Plan Regulador, en la definición de sus objetivos generales y, una vez que se redacte el texto definitivo, éste debiese ser aprobado en un plebiscito”, dice Iván Poduje, arquitecto y socio de la oficina de estudios y proyectos urbanos Atisba. La potencia de los nuevos movimientos territoriales, que intercambian información y asesorías entre sí, se refleja en la recién estrenada Coordinadora de Organizaciones Ciudadanas, que agrupa a 20 de las 32 organizaciones contabilizadas en una investigación hecha por Poduje para la Dirección de Asuntos Públicos de la Universidad Católica. Según este estudio, desde 1996 los vecinos organizados han logrado detener o modificar el 69% de los proyectos a los que se han opuesto. La Zona Típica se ha convertido en una herramientas útil para lograrlo. “La Zona Típica no es el fin, sino el comienzo”, dice Rosario Carvajal, historiadora y vocera de los vecinos del barrio Yungay. “Implica que los vecinos nos comprometemos a conservar este patrimonio de casas e historia. Eso es lo que los políticos y empresarios no entienden: estas calles son de carne y hueso”. LA PLUSVALÍA Ubicación de organizaciones ciudadanas En Santiago hay 32 organizaciones ciudadanas y desde el nacimiento de la primera, en 1996, han logrado detener o modificar el 69% de las construcciones a las que se han opuesto. “¡Por qué tengo que aceptar que mi casa se desvalorice a menos de la mitad como consecuencia de un negocio entre un vecino y una inmobiliaria! Si no quiero vender y construyen un edificio pegado a mi casa, pierdo mi calidad de vida y mi patrimonio”, dice Marcelo Martínez, habitante del barrio Viel-Rondizzoni, al oriente del parque O’Higgins. Siguiendo los pasos de Yungay, en esa zona los vecinos también solicitaron la declaración de Zona Típica para evitar las construcciones en altura entre San Ignacio, Avenida Viel, Avenida Matta y Rondizzoni. Ahora esperan el veredicto del Consejo de Monumentos. La plusvalía es tema obligado al considerar la posibilidad de que un barrio se convierta en Zona Típica. Según José Francisco Montalva, presidente de la Asociación de Corredores de Propiedades, Acop, esta opción presenta riesgos. “El retorno de la inversión no queda asociado al potencial comercial de la propiedad, sino al desarrollo turístico y cultural que pueda alcanzar la zona. En el largo plazo, puede ser un buen negocio, pero es aventurado”, advierte. Pero a Martínez no le importan los números. “No pienso moverme de mi casa. Quiero morirme aquí”, dice. “Si uno apela a argumentos como el derecho a la tranquilidad, la luz, la cordillera y la vida de barrio, los alcaldes y empresarios se mueren de la risa”, agrega. Es viernes en la noche y una decena de personas se ha reunido en la junta de vecinos número 12 Manuel Barros Borgoño a organizar la feria de Navidad y el paseo de fin de año a la playa. “No estamos en contra de que se vendan las casas, pero queremos que construyan edificios de cinco pisos, no de veinte”, dice una mujer de treinta y tantos. “Hay vecinos con depresión porque a sus casas ya no les llega la luz”, agrega Mireya Pinto, presidenta de la junta número 12 desde hace cuatro años. Mireya ha vivido toda su vida en el barrio, al igual que su madre y su abuela. No habla mucho, su tono es suave, es casi tímida, pero la reeligen, porque sus acciones son del tamaño de la casa de seis habitaciones que hoy alberga a la junta de vecinos. “A mí me gusta el barrio”, dice Mireya, “aquí están mis amigos, mis parientes; estoy cerca del centro, al lado del parque O’Higgins. Vivíamos tranquilos hasta que, a mediados de 2008, la municipalidad comenzó a otorgar permisos de edificación en altura”. Siete proyectos en menos de ocho meses. Recién entonces los vecinos se dieron cuenta de que en 2003 la municipalidad había modificado las rasantes del barrio y, con ello, la altura máxima de construcción, que pasó de 5 a 22 pisos. Los vecinos consiguieron que el ex alcalde de Santiago, Raúl Alcaíno, se comprometiera a congelar los permisos de edificación sobre los 5 pisos, mientras se modifican los planes reguladores de las zonas afectadas. La medida de emergencia dura un año y depende del nuevo edil, Pablo Zalaquett, confirmarla o no. El alcalde todavía no se ha pronunciado al respecto. Al investigar la historia del barrio para preparar la solicitud de Zona Típica, para asegurarse definitivamente de que no haya más construcciones en altura, descubrieron que casi todas las casas entre las calles Viel y San Ignacio habían sido construidas en 1928 por el mismo arquitecto de la Casa Central de la Universidad Católica, Manuel Cisternas, primer egresado y primer decano de la Facultad de Arquitectura de la misma casa de estudios. Los vecinos del barrio Viel-Rondizzoni recolectaron 178 firmas de apoyo de un total de 182 propietarios (lo que equivale al 97%), y hace un par de semanas entregaron la solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales. Ahora sólo les queda esperar. ¿QUÉ DEMOLER? Bajo la sombra de los frondosos árboles de la plaza Gacitúa, se arriman los jubilados a leer el diario, los escolares a fumar cigarros a escondidas y los jóvenes cesantes que pasan las horas muertas. En un día cualquiera, a una hora cualquiera, una mujer humedece la tierra antes de barrer y el cartero le tira un piropo. La plaza Gacitúa es uno de los lugares favoritos de Vladimir Huichacura, dirigente del Centro Cultural Matta Sur, organización que agrupa a una decena de juntas de vecinos que habitan entre Avenida Matta y Ñuble, Vicuña Mackenna y el parque O’Higgins; incluyendo la junta N° 12, la de Mireya Pinto. Para Vladimir, enamorarse de Patricia Pino, su mujer, y enamorarse del barrio, fue casi lo mismo, porque ella y sus calles eran inseparables. Patricia creció jugando en el bandejón central de Avenida Matta, conoció a Vladimir a la salida del Teatro Cariola, la primogénita de ambos nació en el Hospital Paula Jaraquemada y la madre de Patricia murió atropellada en una esquina de Portugal. “En estos barrios hay mucha gente que no quiere o no se puede ir”, dice Huichacura. “Los edificios en altura no están hechos para nosotros, porque los que no se quieren ir, buscan preservar su historia y su vida de barrio, y los que no se pueden ir, no tienen recursos para comprar o arrendar un departamento nuevo”. Iván Poduje afirma que el desarrollo sostenible se fundamenta en el equilibrio entre cohesión social, cuidado del medio ambiente y desarrollo económico. “Y en Santiago, el desarrollo está cargado en este momento hacia lo económico, en desmedro, sobre todo, de la cohesión social”, dice. Una propuesta interesante de los vecinos de Matta Sur –que este año evitaron la desaparición del bandejón central de Avenida Matta– es convertir las casas abandonadas del sector, casas antiguas de cientos de metros cuadrados, en viviendas sociales. Restaurarlas, subdividirlas y arrendarlas. “Es una excelente idea, pero costosa. El precio puede hacerla inviable”, dice Poduje. En este contexto, la cuestión es qué demoler y qué no. ¿Qué demoler? “En Atisba identificamos 7 mil hectáreas disponibles en la ciudad, que representan el 10% de la superficie urbanizada de Santiago, compuestas por sitios eriazos, terrenos industriales subutilizados y miles de viviendas sociales construidas en las décadas de los ochenta y noventa, que están en pésimas condiciones y se podrían demoler”, advierte Poduje. ¿Qué no demoler? “Hicimos un catastro en la comuna de Ñuñoa e identificamos 56 inmuebles susceptibles de ser declarados Monumentos Históricos, y doce conjuntos aptos para zonas típicas; y estamos trabajando con la municipalidad y los vecinos para conservar ese patrimonio”, cuenta Christian Matzner. “Esto es lo que debería hacerse en todas las comunas”. Antonio Elizalde, sociólogo experto en desarrollo a escala humana, dice que en la vida de barrio es donde se constituye nuestra humanidad: “Los barrios son importantes para la ciudad, porque la proveen de vida y fuerza interior. En el barrio la gente deja de ser anónima y es reconocida como ser humano”. “No nos oponemos al desarrollo inmobiliario”, dice Claudia Pascual, ex dirigenta del barrio Yungay y actual concejala de Santiago. “Nos oponemos a la construcción indiscriminada, que no considera espacios comunitarios ni la conservación del Patrimonio Histórico”.