Defendamos la ciudad

Pero la necesidad de mantener el sistema actual responde a motivos menos loables y tiene su génesis en los años 80, cuando los cercanos a Pinochet diseñaron a la medida la estructura educacional que hoy impera y que les trae magros beneficios. Lógicamente, terminar con ella no está entre sus planes. Por Claudia Urquieta Ch. Los resultados de la PSU dejaron una vez más en evidencia la enorme brecha que existe entre los logros alcanzados por los estudiantes de los colegios municipalizados y los alumnos de los establecimientos particulares. Se confirma así la triste realidad de que los fracasos dependen en gran medida del lugar de dónde provenga el estudiante y su situación socioeconómica. En este escenario los más perjudicados son las familias más pobres que no tienen ninguna otra opción que enviar a sus hijos a los establecimientos municipales, dejando claro que la libertad de elección que defienden con ahínco los sectores más conservadores del país no es tal. Y que está absolutamente condicionada dependiendo del bolsillo de cada uno. No es un misterio para nadie que la única forma de revertir esta situación es dedicar más atención y recursos, precisamente a los establecimientos que reciben a los quintiles más bajos, y que son los colegios municipalizados. En esta línea, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, señaló que "el país tiene que recuperar la fórmula de atender preferentemente a la educación pública". Expertos, profesores, estudiantes y gran parte de la sociedad civil está de acuerdo con este punto. De hecho, uno de los caballitos de batalla de la revolución pingüina de 2006 fue el término de la educación municipalizada. Por ello, hace unas semanas la presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto de ley para reforzar la educación pública, tópico que quedó fuera de la Ley General de Educación (LGE) porque los parlamentarios de derecha se opusieron tenazmente a que se priorizara a este tipo de establecimiento, según ellos porque va en desmedro de los colegios subvencionados y perjudica la "igualdad de trato". Pero en realidad lo que aquí se defiende tiene más que ver con una posición ideológica. Y también económica. La lucha neoliberal Para entender de dónde proviene la fuerte oposición a que el Estado se haga cargo con mayor fuerza de sus propios centros de estudio, es necesario volver al punto en que se quebró la tradicional fórmula educativa del país: el Gobierno de Augusto Pinochet. "Mirarlo sólo hoy es mirar una foto, porque en ese período es cuando se quiebra la idea de Estado docente", explica la periodista y experta en educación María Olivia Mönckeberg. En esos años es de donde sale la idea de quitar al Estado los colegios y delegarlos en las municipalidades. Y con amarras constitucionales y parlamentarias se logró que luego no se pudiera cambiar ese diseño, inspirado en la línea de dar más a lo privado y menos al Estado. Por eso poner a la educación pública como prioridad no es vista con buenos ojos por quienes apoyan esa fórmula. "Detrás de la polémica hay una lucha ideológica bien importante que tiene la idea de que el rol del Estado en educación se puede cumplir solo financiando la educación, versus el rol del Estado sólo se puede cumplir si administra una parte", señala la diputada Carolina Tohá (PPD). En este sentido, según explica la parlamentaria, el principal factor de resistencia es una visión ideológica de tipo neoliberal de la derecha, que considera que no es importante que la educación pública vaya reduciéndose. "Es el más ideológico de los temas que hay en Chile porque tener educación privatizada, gestionada por privados, tiene como efecto en la sociedad que las familias van modelando la visión de los hijos y la visión republicana se debilita y desaparece. Esa es la panacea del neoliberalismo: cada uno se educa a su pinta en su grupo de referencia y no tienen espacio de socialización en la diversidad. En cambio la idea republicana es distinta, ya que todos deben caber adentro de lo diverso que es", asegura Tohá. La piedra de tope Porque nada de lo que sucede hoy día es casualidad. "Quienes trataron de destruir a la Universidad de Chile, o la ex Universidad Técnica del Estado, son en su mayoría profesionales que hoy están ligados las universidades privadas. Ellos diseñaron el sistema y dentro del modelo era importante destruir esas casas de estudio por razones políticas. La primacía de la Chile era considerada por los pinochetistas un escollo, por lo que había pesado en la historia del país", dice Mönckeberg. Según explica, en todo lo relativo al rediseño del sistema universitario participaba gente afín, como el economista Sergio Melnick que era ministro de Odeplan, la "fábrica de pensamiento" y de diseño de esa época. Así como el ingeniero comercial Ernesto Silva Bafalluy, que junto a otros activos miembros de la UDI, como Joaquín Lavín y Federico Valdés Lafontaine constituyeron la Universidad del Desarrollo a un mes de que Pinochet entregara la banda presidencial en 1990. O el economista Hernán Büchi, que tras ser derrotado en las presidenciales de 1989 formó junto al que fuera su jefe de gabinete cuando fue ministro de Hacienda, Cristián Larroulet, el Instituto Libertad y Desarrollo, tribuna desde donde desarrollan ideas y plantean su oposición a lo que sea adverso al modelo implantado. No es raro entonces que figuras respetadas en educación como Patricia Matte, que también perteneció a la "incubadora" de Odeplan, promueva colegios subvencionados y forme parte de dicha institución. Por ello, en general la oposición y sus centros de pensamiento rechazan darle más atención a la educación estatal. Todo esto explica la fuerte reticencia hace unos meses a la idea impulsada por algunos parlamentarios de la Concertación de priorizar la educación pública, especialmente de parte de voces de la UDI, donde se concentra la mayor cantidad de gente que trabajó con Pinochet en este ámbito. Aunque hay que tener claro que los "parlamentarios" son los voceros, pero detrás hay poderes más sólidos, marcados también por un fuerte componente económico. Porque la educación es un gran negocio: de hecho hay universidades que se desarrollan verticalmente y también poseen colegios. Y obviamente están preocupados de proteger sus intereses. "Los llamados sostenedores reciben subvención bajo una forma parecida a lo que proclamaba el padre de los Chicago Boys, Milton Friedman: si existe una torta de 100 si le das más a la educación publica ellos piensan con razón que les tocara menos a los privados", explica la periodista. El freno en el oficialismo En el caso de la Concertación, aunque la gran mayoría aboga por mejorar la educación estatal, también hay sectores que creen poco en ella. Según el diputado Carlos Montes, hay diferencia de visiones en primer lugar y también hay grupos de interés. "Dentro del oficialismo hay militantes que tienen colegios y aprovecharon la oportunidad, ya que por ejemplo con la implementación de la Jornada Escolar Completa (JEC) los edificios se construyeron con enormes beneficios del Estado". Pero considera que son los menos. Lo mismo opina Carolina Tohá, que reconoce que "hay gente a la que el tema no le quieta el sueño y se quedaría conforme, pero muy minoritaria. En esto no hay dos almas: la visión es que tiene que haber educación pública, laica, de buena calidad". Por otra parte, Montes explica que también hay oposición por parte de "grupos de poder fácticos: como algunos dueños de colegios católicos y la Conacep, que han sido muy duros porque representan a los colegios subvencionados". Tomando en cuenta los grandes intereses que hay detrás de cualquier cambio al actual sistema educacional, el futuro del proyecto que pretende fortalecer la educación pública es muy complejo: se necesita quórum calificado. "Y como la UDI y buena parte de RN no entiende ni comparte la idea de una educación pública fuerte, es muy difícil que se apruebe", asegura Montes. Carolina Tohá coincide con esta percepción, ya que señala que "bastó que la propuesta asomara la nariz y ya lo estaban bombardeando por todos lados. Pero son muchos y mayoritarios los sectores que han pedido por décadas que se revise el tema educacional municipal". Lo que sumado a que la opinión pública y otros actores sociales poderosos como los profesores y los estudiantes comparten la necesidad de lograr cambios, y el próximo año hay elecciones "no va a ser tan fácil darle la espalda, y al que quiera cerrar el debate no le será fácil hacerlo gratis", asegura la parlamentaria. Por eso, ve como una oportunidad única llevar la discusión en este período, ya que así la gente podrá recordar en la práctica cómo actuó cada una de las partes.