Defendamos la ciudad

Por Jorge Molina Sanhueza Cuatro allanamientos simultáneos en Arica, Rancagua y Santiago,en una diligencia que dejó cinco detenidos, realizó esta mañana la Fiscalía de Rancagua en el marco de una investigación por un fraude de más de $ 5 mil millones al Ministerio de Obras Públicas (MOP). Los detenidos fueron identificados como el encargado nacional de contratos globales de conservación del MOP, Aldo Rossi; un inspector fiscal del MOP en la Sexta Región; el empresario rancagüino Miguel Vásquez y su esposa, dueños de la empresa Pynen y el propietario de la empresa Gigda de Rancagua, David Arroyo. La diligencia en la capital estuvo a cargo del perseguidor regional Roberto Díaz junto a detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. En todas ellas se incautaron contratos y computadores, con el fin de acreditar que se pagó por trabajos que, en algunos casos, no se realizaron. Básicamente, las firmas indagadas son las constructoras Pilén, en sus oficinas de Arica y Santiago. Se suma Codao en la comuna de San Bernardo y Cigda en la Sexta Región y por cierto el MOP, principalmente en las dependencias de Vialidad y Aeropuertos. La indagatoria está en manos del Ministerio Público hace más de un año, hechos denunciados por el propio MOP, que luego de una investigación contable, se percató que existen unos seis empleados implicados en el presunto fraude a las arcas fiscales, ya que su estándar de vida "no cuadra" con el sueldo que perciben mensualmente. La revisión interna comenzó con los documentos relativos a contratos de conservación de vialidad secundaria, dijo una fuente de la fiscalía, donde se determinó que hubo una "fiscalización deficiente" de los trabajos por parte de los inspectores y jefes de servicio, lo que implicó una pérdida para las arcas fiscales. La fiscalía ha realizado otra serie de diligencias, entre ellas varios interrogatorios y hasta ahora tendría las sospechas suficientes para establecer los hechos, aunque en la investigación no existen formalizados. Los documentos serán periciados por la Bridec, mientras que los computadores serán analizados por Cibercrimen, principalmente para conocer las comunicaciones vía correo electrónico de los supuestos imputados. En tanto, según informó la radio Bío Bío, la denuncia por el presunto delito de cohecho la interpuso el 2 de mayo de 2007, con el respaldo del ex titular del MOP Eduardo Bitran, la ex seremi de Obras Públicas de la Sexta Región, Beatriz Valenzuela, quien señaló la existencia de una red de corrupción interna.