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Las cosas no salieron como se esperaba. Por eso, la broma de Francisco Vidal “vamos a estatizar la televisión chilena” antes de empezar la conferencia de prensa en que el gobierno anunció el proyecto de ley de televisión, transmitía su profunda decepción. El anuncio lo hicieron los tres ministros que firman la iniciativa. Junto con el vocero estuvieron René Cortázar, ministro de Transportes y Telecomunicaciones y José Antonio Viera-Gallo el encargado de “conseguir los votos” como titular de la Secretaría General de la Presidencia. No importan los contenidos Todas las aprehensiones sobre este proyecto que tenía el ala “progresista” del gobierno, cuya cara visible en este caso es Vidal pero que también componen los asesores de la Secretaría de Comunicación en el segundo piso de La Moneda, se hicieron realidad. A pesar de que la presidenta pidió expresamente a Cortázar que tomara en cuenta la opinión del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), de la academia y la esfera cultural, la iniciativa que debiera llegar hoy a la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara es la temida ley “gatopárdica” que no cambia sustancialmente el escenario del que han disfrutado por cincuenta años los actores tradicionales de la industria. Obviamente el diseño comunicacional del gobierno destaca que este proyecto es “el paso más importante desde el cambio de blanco y negro al color, ya que abre un conjunto muy grande de oportunidades para las personas”, según dijo Viera Gallo. En efecto, el espacio de 6 mhz por canal permite que quepan hasta cuatro señales y según consigna el proyecto, el CNTV entregará fondos para el desarrollo de canales regionales, comunitarios y culturales, para los que se ha reservado un 40% del espectro radioeléctrico. En La Moneda, un asesor de Vidal califica el proyecto “como una solución salomónica, con suerte alcanzamos a despeinar a Cortázar”. De la Presidenta hacia abajo esperaban que el proyecto permitiera al Estado una intervención más directa asignando subsidios especiales para la creación de nuevas estaciones, y no sólo reasignar los fondos que ya entrega el CNTV, que es lo que contempla el proyecto. Esta condición implicaba también que al momento de postular a una concesión televisiva, el Estado pudiera otorgarla en base al interés público que ofrecieran sus dueños, es decir un análisis más cualitativo de los proyectos. Por el contrario, los requisitos para quedarse con una señal serán estrictamente técnicos, bastará con demostrar que se ocupa el espacio asignado, sin importar los contenidos que el canal transmita. Un escenario desfasado de lo que ocurre en el resto del mundo, como quedó demostrado en el seminario internacional que hace poco más de un mes organizó el CNTV al que vinieron representantes de varios países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. La tendencia indica que los Estados, sin censurar ni intervenir, de todas formas regulan y garantizan contenidos de calidad a través de subsidios. Fuera del tiesto Según Manuela Gumucio, del Observatorio de Medios Fucatel, una de las instituciones que asesoró a Vidal, “Brasil se reservó cuatro frecuencias exclusivamente para contenidos indispensables de educación y cultura, aquí la porción reservada para esos fines es muy pequeña, van a tener que repartírsela entre muchos postulantes. Tenemos que ponernos de acuerdo en que la televisión es un bien público gratuito y el Estado tiene la obligación de exigir un compromiso a partir de eso. Sin decir cual va a ser su programación en detalle, quienes postulen deberían explicitar sus grandes objetivos, su aporte a la ciudadanía. Ese debió haber sido el pilar de esta ley, porque la regulación no implica censura sino garantías de acceso a la información para todos”. Pero el pánico a la “estatización” fue más fuerte y también influyó la posición que tienen los tres ministros que firman la ley. Viera- Gallo hizo saber la posición de la Iglesia Católica, que controla Canal 13, y Cortázar ex presidente de Anatel, canalizó con eficiencia las inquietudes de la industria, entre otras cosas, advirtiendo a la presidenta de lo inconveniente que era pelearse con la televisión en año electoral, promoviendo una ley que les disgustara. Vidal, representante de la postura más antagónica, en esta pasada quedó aislado y sin el apoyo necesario alrededor del gabinete, aunque sí de los miembros transversales que componen el CNTV. “Pero Vidal no es Andrade que puede ganarle peleas a Velasco”, resume uno de ellos. Triunfo a la chilena Con todo, Cortázar dijo que “queremos que se oigan nuevas voces”, dando la sensación de que el proyecto estimula el pluralismo. Aunque otro de las modificaciones que el “bando progresista” no consiguió demuestre lo contrario. No hubo acuerdo para impedir que propietarios de otros medios de comunicación, específicamente los controladores de la prensa escrita y la radio entraran también a la televisión. Lo que deja el camino despejado para los canales de los poderosos conglomerados que forman El Mercurio y Copesa, que desde hace tiempo tienen en mente la televisión. Lo único que reconocen como un “triunfo” en el entorno del ministro Vidal es haber terminado con las concesiones indefinidas que tienen TVN, Canal 13, Chilevisión y UCV-TV. Para mantener sus respectivos 6mhz deberán repostular como todos los demás canales, cada 20 años. Aunque según la ley que ya existe, tienen derecho preferente. De todas formas si no consiguieran renovar la concesión, el Estado les asegura 1mhz para seguir transmitiendo. Aunque ahora las facción menos favorecida empieza un fuerte lobby en el parlamento para lograr que se presenten indicaciones al proyecto, por un largo tiempo, los barones de la industria no tienen de qué preocuparse.