Defendamos la ciudad

La diputada socialista Denise Pascal Allende, junto al dirigente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman y el presiente de Junta de Vecinos Nº 4, La Costanera de Providencia, Marcelo Bohm, rechazaron este viernes que se financie la mitigación vial de las construcción del megacentro Costanera Center con fondos del Estado o cobrándole a los usuarios. Pascal criticó las propuestas que proponen un financiamiento compartido que enfrente la crisis que provocará la llegada de miles de vehículos al sector, a través de fondos municipales, del gobierno, un porcentual de los privados y otro con el pago de vía TAGS. Agregó que esa solución "quita a los ciudadanos la libertad de de andar por las calles libremente tal como lo señala nuestra Constitución". La parlamentaria anunció el envío de un oficio a las autoridades concernidas para saber cual será la solución "y si acaso seremos los ciudadanos los que tendremos que pagar con nuestros impuestos o peajes la construcción de las vías del entorno y no los inversionistas como debiera ser. No puede la comunidad solucionar los problemas de los privados". Asimismo, consideró anómalo que intervenciones urbanas de la magnitud de Costanera Center y de la torre Titanium ingresen sólo con una declaración de impacto ambiental, que no es otra cosa que una reporte jurado ante notario, ante lo cual planteó la necesidad de contar con una institucionalidad que resuelva estos temas. Por su parte, Patricio Herman apoyó plenamente el planteamiento de la legisladora e indicó que los vecinos y habitantes de las distintas comunas "no tienen porqué costear el caos vial que provocará la llegada de miles de vehículos a la zona en iniciativas que tienen un afán de lucro. En el caso de Costanera Center, dado que la Municipalidad de Providencia nos ha negado los documentos necesarios para fiscalizar, hace unos 10 días atrás ya le pedimos al Seremi de Vivienda y Urbanismo que, cumpliendo sus atribuciones legales, resuelva si el permiso de edificación otorgado cumple con las normas urbanísticas vigentes. Nosotros sabemos que no, pero quien debe declarar la invalidez del permiso es ese funcionario público". En tanto, Marcelo Bohm, presidente de la Junta de Vecinos del sector, expresó "nunca fuimos consultados cuando se presentaron estas grandes intervenciones urbanas en los municipios, razón por la cual las autoridades deben entender finalmente que la participación de la sociedad civil en este tipo de decisiones que involucran a todos es vital". Todos coincidieron en expresar que la situación creada refleja la urgente necesidad de una mayor planificación en el crecimiento de las ciudades donde se imponen las leyes del mercado por sobre el interés común. Por su parte Patricio Herman terminó diciendo que "como un hecho para la risa, cuando estábamos hablando con los periodistas, llegó un personaje sospechoso quien grabó todos nuestros dichos y como nosotros somos responsables de lo que afirmamos, lo dejamos que hiciera su trabajo de ‘sapo’ a sabiendas que era un empleado de Costanera Center".