Defendamos la ciudad

De aprobarse la actualización urbana, podría beneficiar a empresarios como Francisco Pérez Yoma, hermano del ministro del Interior, y al senador Andrés Allamand, uno de los parlamentarios que deberá votar en el Senado la modificación de la ley de Urbanismo. Eso si decide no inhabilitarse. La actualización del Plan espera el visto bueno de los miembros del Consejo Regional (CORE). Por Miguel Paz Si bien el proceso ha sido aplaudido por expertos de distintos sectores, también hay críticas a cómo el MINVU y la Seremi de Vivienda delinearon el nuevo mapa urbano a puerta cerrada, antes de ser enviado al CORE para su votación. Quiénes son los dueños de los terrenos que ganan plusvalía automática con la propuesta de actualización del Plan Regulador Metropolitano, es uno de los temas más controversiales de la propuesta del Minvu, según la Fundación Defendamos la Ciudad, ya que algunos nombres de beneficiarios están ineludiblemente vinculados con dirigentes políticos de la Concertación y la Alianza. Eso sin contar muchas empresas inmobiliarias que compraron terrenos antes de que se anunciara la ampliación del radio urbano. Es decir, una zona depreciada por su uso industrial o porque era tierra agrícola agotada podía costar media UF. Luego de la ampliación urbana del PRMS pasará a costar desde 3 hasta 6 UF, según el sector en que esté el terreno y dependiendo de la especulación inmobiliaria. Sospechas con historia Los detractores de la propuesta del MINVU aseguran tener argumentos legítimos para quejarse de no haber sido convocados a la discusión y sospechar de su resultado. El CORE, organismo compuesto por 26 consejeros (ocho de la DC, seis de la UDI, seis de RN, tres del PS y tres del PPD) que debe aprobar los Planes Reguladores Metropolitanos, propuestos por la Seremi de Vivienda, ha sido fuente de polémicas históricas en materia de expansión urbana. En octubre de 2003, por ejemplo, el CORE votó la ampliación del PRMS, promovida por el entonces ministro de Vivienda (DC) Jaime Ravinet, y se produjo un empate, interpretado por sus opositores como equivalente a un rechazo. A renglón seguido, Ravinet exigió una nueva votación para destrabar el proceso. En una semana el actual candidato DC a la alcaldía de Santiago consiguió la aprobación del CORE a la modificación del PRMS, con los votos de consejeros de la falange, en medio de críticas de otros integrantes del Consejo que manifestaron su molestia por el lobby de asesores ministeriales de Ravinet. Entonces el resultado favorable de la votación permitió levantar la “veda” inmobiliaria a casi 80 mil hectáreas de predios agrícolas que -al igual que lo que podría suceder ahora- elevaron con creces su valor y fueron pobladas rápidamente por proyectos inmobiliarios de gran envergadura. Del mismo modo, aquellos inversionistas que se adelantaron a adquirir terrenos con vistas a un eventual cambio de uso de suelo (de agrícola a urbano), obtuvieron jugosas ganancias. Uno de esos inversionistas fue Francisco Pérez Yoma, hermano del actual ministro de Interior (DC) Edmundo Pérez Yoma. Pérez Yoma y Allamand El empresario inmobiliario, tristemente célebre por las casas Copeva (que debieron ser demolidas debido a fallas estructurales), y por haberle regalado un caballo al ex titular de Vivienda (DC) Edmundo Hermosilla, nuevamente sería uno de los posibles beneficiados con el proyecto 2008 de ampliación urbana del PRMS, promovido por la ministra de Vivienda (DC) Patricia Poblete. El senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, es otro de los mencionados, según ha señalado El Mercurio, como dueño de terrenos que verían aumentar su valor gracias a la modificación del Plan Regulador. De acuerdo a su declaración de patrimonio e intereses, el parlamentario RN es socio de un bufete de abogados, las Inmobiliarias Neuquén uno y Neuquén dos Limitada, y de Agrícola y Ganadera Cabaña Caracol. Pero no se detallan sus inversiones de terrenos. Allamand además es uno de los senadores que deberá opinar y votar el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación urbana, cuando deba discutirse en la sala del Senado. A no ser que decida inhabilitarse. Cuestión que desde 1990, según una reciente publicación del Centro de Investigación Periodística (CIPER), no han hecho más de cinco senadores. La ley del consenso El proyecto para modificar la Ley de Urbanismo es el correlato legislativo de la propuesta del MINVU para actualizar el Plan Regulador Metropolitano que en estos momentos analiza el CORE. El proyecto de ley ingresó a tramitación en la Cámara Alta el 11 de enero pasado, pero debido a la falta de acuerdo entre los senadores el MINVU propuso buscar un texto legal consensuado, antes de que se vuelva a discutir el tema en la Comisión de Vivienda del Senado. Al respecto la Fundación Defendamos la Ciudad, representada por el arquitecto Patricio Herman, asegura que el tema ha sido discutido a espaldas de la ciudadanía, ya que el proyecto de ley es resistido por “la gran mayoría de las organizaciones sociales competentes y por algunos pocos senadores”. “Nos hubiera gustado que al amparo del Minvu se hubiera conformado una comisión democrática en donde estuvieran interviniendo los representantes del sector privado de la construcción, los diversos colegios profesionales asociados al tema territorial y fundamentalmente las organizaciones civiles que han bregado para mejorar la actual legislación. Pero el MINVU optó por relacionarse sólo con quienes votarán próximamente en la Comisión de Vivienda del Senado”, dice Herman, conocido en el sector inmobiliario como la “bestia negra” de importantes proyectos de edificación. “Es una lástima que en el gobierno ciudadano de la presidenta Bachelet se privilegien los acuerdos reservados para que prospere un proyecto de ley”, agrega. “Manos negras” Pese a lo manifestado por Herman, hasta ahora las acusaciones más duras no están ligadas al proyecto de Ley sino que a la propuesta de actualización urbana del PRMS que discute el CORE. Y no vienen de las ONG sino de las propias comunas involucradas en la ampliación del radio urbano. En San Bernardo, municipio que cuenta con zonas incluidas y excluidas del proceso, donde se ubican predios de Francisco Pérez Yoma, la concejal de la UDI Nora Cuevas habló a la prensa de “manos negras” detrás de la decisión que dejaría fuera del límite urbano a sectores agrícolas gastados que, a su juicio, merecerían convertirse en áreas urbanizables. Cuevas además manifestó su disgusto respecto a que la decisión sobre los terrenos incorporados a la actualización del PRMS haya sido tomada sin oír a los municipios que gracias a la actualización incluirán nuevas áreas de edificación. Según las declaraciones dadas por el MINVU y el seremi de Vivienda Carlos Estévez, la propuesta de actualización urbana ha sido conducida de forma transparente y en base a criterios técnicos y objetivos. En esta lógica, que ciertos connotados nombres figuren como eventuales beneficiados del cambio de uso de suelo no sería más que un efecto colateral del proceso que, del mismo modo que incluye ciertos predios deja fuera otros terrenos, incluidos los de grandes conglomerados como el gigante supermercadista de Nicolás Ibáñez, D&S.