Defendamos la ciudad

Fundación Defendamos la Ciudad, Unión de Juntas de Vecinos de Providencia, Junta de Vecinos Nº 11, La Costanera, Providencia, Concejal de Providencia, arquitecto especialista en planificación urbana, denuncian a la Municipalidad de Providencia y al gobierno central por haber consentido en que este megaproyecto de 700.000 m2 consistente en 4 torres, una de ellas de 300 m de altura y 64 pisos y un centro comercial, se esté ejecutando con violación a los instrumentos normativos urbanos, medioambientales y de transporte. La obra en cuestión se inició en Marzo de 2006 y el mal otorgado permiso de edificación, es de fecha 30 de Marzo de 2007, es decir, se empezó a construir un año antes que existiera el acto administrativo de rigor. Para superar este hecho irregular consumado, la municipalidad infractora aduce que las obras se iniciaron amparadas por un permiso del año 2001, a pesar de que la legislación sectorial ordena que los permisos de este tipo caducan a los 3 años. Patricio Herman de Defendamos la Ciudad expresó "no solamente se está construyendo al margen de la ley, sino también la Dirección de Obras respectiva se ha negado a entregarnos una serie de documentos públicos que le hemos solicitado en base a la Ley Orgánica Constitucional de la Administración del Estado, la que obliga a los funcionarios públicos a entregar a quienes se lo solicitan la información requerida. Recordemos en un sistema democrático se consagra el libre acceso que tienen los ciudadanos para conocer este tipo de documentos. Si con ese comportamiento de trasnochado secretismo se ha impedido que evaluemos los documentos que han servido para otorgar ese permiso viciado es porque efectivamente hay ilegalidades, algunas de las cuales se las hemos señalado el lunes pasado al Seremi de Vivienda y Urbanismo para que éste ordene la casa. Entre otras anomalías, en el permiso de edificación de Marzo de 2007 se asegura quue el titular del proyecto cuenta con la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental, lo cual es falso, ya que sólo dispone de una simple Declaración de Impacto Ambiental del año 2001, cuando la construcción proyectada era sustancialmente menor. Además se consigan en ese curioso permiso que Costanera Center tiene que construir 4.500 estacionamientos, en circunstancias que la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), vigente desde Noviembre de 1994, de acuerdo a los metros cuadrados construidos sobre el nivel natural del suelo, obliga a construir del orden de los 11.000 estacionamientos. Hay otras tantas inconsistencias que son descritas más adelante por el arquitecto Jadue, quien ha analizado en detalle el dossier que tiene Defendamos la Ciudad. Pero independientemente de las irregularidades detectadas, nuestra Fundación no aceptará que las obras viales necesarias para soportar esta inversión privada sean, aunque muy parcialmente, asumidas por el erario público y en tal sentido le hacemos un cortés llamado a las autoridades de Obras Públicas, Vivienda y Transporte para que no se dejen embaucar por quienes una vez más le desean cargar la mano al Estado". Rodrigo García Márquez, Concejal por Providencia, señaló " honda preocupación por la enorme dificultad que para el tránsito vehicular que en el sector ya es complejo, representará la construcción de 4.500 estacionamientos subterráneos, sin vías alternativas que pudieran absorberlos. Tal situación debió haber sido prevista como condición previa para el otorgamiento del respectivo permiso de edificación. El interés porque se construya en Providencia un megaproyecto compuesto por 4 torres y un centro comercial con 689.553 m2 en el cuadrante y, que albergará la torre más alta de América del Sur -según se ha dicho- no debiera haber significado dejar de lado tan importantes consideraciones. Ante el caos vehicular que esos estacionamientos causarán y que nadie con fundamento se ha atrevido a negar, algunos -ahora- han indicado la urgente necesidad de construir un túnel subterráneo de evacuación. Cabe preguntarse: quién financiará una obra de esa envergadura ¿el Estado? Es decir, con recursos de todos los chilenos se subsidiaría una inversión privada de alta rentabilidad. Quienes aprobaron este proyecto con tanto entusiasmo debieran asumir responsabilidades políticas por esta decisión". Marcelo Böhm, presidente de la Junta de Vecinos Nº 11 la Costanera de Providencia, manifestó "lo más patético es que este megaproyecto no ha sido conocido por la comunidad que represento porque las autoridades, para hacer las cosas fáciles, no exigieron el Estudio de Impacto Ambiental tal como lo ordena la legislación vigente. Esperamos que con esta denuncia pública los funcionarios asuman sus roles de servidores públicos y obliguen al titular de la obra a que elabore el EIA correspondiente con lo cual se ejecutarán a sus expensas todas las mitigaciones, compensaciones y reparaciones en favor del sector urbano en general y de nuestra zona jurisdiccional en particular". Por su parte y en cuando al caos vial que se avecina, el ingeniero Samuel Tupper, autor de la idea original del Túnel San Cristóbal, dijo: "El proyecto Túnel fue declarado de "utilidad pública" en 1998 y privilegiaba el eje "El Salto-Vespucio". Sin embargo, con posterioridad la autoridad cambió radicalmente su objetivo desplazándolo hacia el eje "El Salto -Tobalaba", sin medir las consecuencias.Según la propia Unidad Operativa de Control de Tráfico (UOCT) lo mas grave será el caos vial que esto provocará en el cruce Andrés Bello con Tajamar y sus áreas circundantes, como asimismo en el sector Pedro de Valdivia Norte. Todavía existen algunas soluciones, pero las autoridades se niegan a discutirlas" El arquitecto y sociólogo, Daniel Jadue, manifestó que existía un notable abandono de deberes de las autoridades politicas de la comuna y del director de obras, a quienes responsabilizó de permitir el desarrollo de una política de hechos consumados por parte de algunos inversionistas inmobiliarios que actúan en la comuna, permitiéndoles desarrollar sus proyectos sin la más mínima observancia de la ley. Acuso vicios de nulidad en el otorgamiento de los permisos existentes en el caso de edificio en cuestion y la total falta de fiscalización por parte del Alcalde y de los Concejales del actuar, al margen de la ley, del Director de Obras Municipales. Por otra parte recalcó la responsabilidad que le cabe en el caos urbano que se da en nuestras ciudades a los legisladores que han permitido que los planes reguladores puedan desarrollarse sin considerar para nada la opinión de los habitantes de cada comuna. Por último denunció y manifestó su total rechazo a las pretensiones del inversionista de que sea el Estado a traves de los recursos de todos los chilenos, el que asuma los costos de las medidas de mitigación que serán necesarias para evitar el colapso total que se dará en el sector de el Golf con este y otros proyectos. Contactos 2330321-09/2585459