Defendamos la ciudad

Hemos tomado conocimiento que Paulina Veloso, Ministra Secretaria General de la Presidencia, señaló la semana pasada en el Congreso Nacional que no es relevante si el nuevo Contralor General de la República sea un funcionario de carrera o un abogado externo, indicando que lo que importa es que el nombre que deba elegir la Primera Mandataria, a ratificarse como mínimo por 23 senadores, responda a un conjunto de criterios que han sido consensuados con todos los sectores políticos del país. Con ese propósito -según algunos medios de prensa- la mencionada Ministra ya ha tenido conversaciones con los senadores Alberto Espina (RN) y Hernán Larraín (UDI), a quienes ha transmitido la intención del Ejecutivo de buscar nombres externos al órgano contralor. A pesar que el senador Alberto Espina ha señalado públicamente su concordancia con el criterio de la Ministra, cierta prensa escrita ha insistido en proyectar la imagen de que para la oposición, la favorita es la actual Sub-Contralora Noemí Rojas ; no obstante, esa prensa no entregó ninguna cobertura informativa a la Declaración Pública, emitida el día lunes 21 de agosto pasado, por 25 organizaciones ciudadanas agrupadas en la Coordinadora Pro Derechos Urbanos. En dicha nota rechazábamos el ataque comunicacional que está sufriendo la Contraloría General de la República por parte de las principales corporaciones del sector inmobiliario, a efectos de que se inhabilite de su función de calificar la legalidad de los permisos de construcción que conceden los funcionarios del Estado. Finalizaba esa Declaración con un llamado a “la Presidenta Michelle Bachelet ...….. a no ceder ante las presiones de estas empresas depredadoras e irresponsables en lo social y lo ambiental, a resguardar la independencia de la Contraloría General de la República, para que se siga garantizando la rectitud funcionaria y el apego irrestricto a la ley, con lo cual se honra el Estado de Derecho en nuestro país”. En opinión de la Ministra Veloso, la persona que se busca como Contralor debe tener "un gran conocimiento jurídico, es decir mucha competencia técnica y personalidad para el cargo, a la vez que competencia para dirigir y liderar una modernización de la Contraloría", agregando que sí se cumplen esos requisitos, que la persona sea de la Contraloría o fuera de ella "nos parece que no es lo relevante, ya que lo que busca es una persona que dé garantías a todos los ámbitos políticos, tanto al Congreso y desde luego al Gobierno". Nos extrañan los dichos de la Ministra, en la medida que la delegación de poder que ella ejerce, proviene de una Presidenta que recibió dicho poder, no por los acuerdos de la superestructura política del país, sino, por la delegación directa de una ciudadanía que mayoritariamente perdió su confianza en los partidos políticos por las vinculaciones que tienen con el mundo de los negocios muchos de sus altos dirigentes. Y más nos sorprende, cuando el compromiso central asumido en su campaña, fue el de gobernar con los ciudadanos, marcando con ello, una clara señal de diferenciación, con la forma y estilo de las maquinarias de los partidos con representación parlamentaria en nuestro país. Vemos con malos ojos una virtual intervención política en el órgano contralor, cosa que no sucedía, desde cuando la dictadura, nominó en 1978 a Sergio Fernández en dicho cargo, con las consecuencias que toda persona informada de la historia institucional de nuestro país conoce. Creemos que los requisitos mencionados por la Ministra, con relación al nuevo Contralor, son importantes; pero hay condiciones ineludibles y fundamentales a dicho ejercicio institucional, como son la probidad pública, el conocimiento de la Administración del Estado, una vasta y profunda experiencia en el oficio y lo que nos parece más importante, la independencia y autonomía respecto a todo otro poder del Estado. La prerrogativa de la designación es de exclusiva responsabilidad de la Presidenta de la República y por ello consideramos riesgoso para nuestra institucionalidad, que la aludida Ministra la someta sólo a negociación política parlamentaria, cuando la aprobación o rechazo del Senado, es en virtud de garantizar la autonomía del ente contralor. Consideramos que romper la tradición de nominar como titular de la Contraloría al funcionario de carrera que le corresponda, de acuerdo a la jerarquía interna, constituye una afrenta a ese órgano del Estado, el que, a través del tiempo, ha dado palmarias muestras de apego irrestricto a nuestro Estado de Derecho. Sin pretender tener nosotros una representación de la sociedad civil, nos atrevemos a decir, que la ciudadanía tampoco aceptaría esta intromisión en la Contraloría. Confiamos plenamente en la decisión que finalmente se tomará, porque no sería sano repetir la experiencia pasada cuando ese Presidente de facto designó como Contralor a un político de su confianza. Ahora que estamos viviendo tiempos democráticos tenemos que impulsar la labor independiente de la Contraloría, la cual ya está trabajando para modernizarse, en el buen sentido de la palabra, tal como nos lo manifestó en días recientes don Arturo Aylwin, ex Contralor, quien tiene opinión fundada sobre esta sucesión. Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z. Agrupación “Defendamos la Ciudad”