Defendamos la ciudad

La ciudadanía organizada en el ámbito del desarrollo de la ciudad y en la defensa de sus derechos urbanos declara su estupor por lo que está aconteciendo con el órgano público más honesto y riguroso del país: Contraloría General de la República. Todavía no se nombra a su titular y esta postergación es delicada por las connotaciones políticas que tiene, ya que ciertos grupos empresariales, premunidos de buena prensa, están desplegando todas sus baterías para que el ente contralor se dedique sólo a timbrar papeles, es decir, desean que sus capacitados profesionales se ocupen de revisar las formalidades de los actos administrativos del Estado. Es más, en impulsivos arranques de locura, han señalado que los permisos de edificación otorgados por los Directores de Obras Municipales son actos divinos y que, como tales, debieran ser incorporados al patrimonio de sus titulares. Estiman, con soberana inocencia, que tales permisos son intocables por el hecho de estar firmados por un funcionario municipal. Parece que no conocen la Ley Nº 19.880 que regula los procedimientos administrativos y que, curiosamente, se publicó en el 2003 como exigencia de ellos mismos -Agenda ProCrecimiento- al gobierno de Lagos. Ahora bien, para evitar la colusión pública-privada, esa ley Nº 19.880 consagra la impugnabilidad de esos permisos y es más, juiciosamente declara que gozan de una presunción de legalidad, lo cual es de toda lógica, conociendo las prácticas chilensis para hacer buenos negocios. Recordemos que aquí nos desenvolvemos en el reino del manejo asimétrico de la información, la competencia desleal es recurrente en todos los sectores y sólo los grandes se aprovechan de los “errores” de los funcionarios. Los empresarios pymes no pueden acceder a las ventajas y beneficios que brindan las “equivocaciones de buena fe”. Los que algo sabemos de estas cosas, afirmamos rotundamente que si existiera la certeza jurídica que propugnan tales actores mercantiles, vendría el despojo más brutal en el ámbito de la aplicación de las normas, ya que -salvo excepciones- existe una invariable vocación inmobiliaria por parte de los agentes municipales, los que -en rigor- se debieran preocupar del desarrollo armónico de los distinos barrios. Y el mismo comportamiento obsecuente lo constatamos con los alcaldes y concejales, reiterando que no generalizamos. Hablando de excepciones, el más claro ejemplo de responsabilidad social urbana lo notamos con lo que está sucediendo en la comuna de Ñuñoa, en donde la mayoría del Concejo Municipal, ha denunciado al Alcalde Sabag y a sus concejales adláteres, en orden a que mantienen una actitud cerrada a los cambios que demandan los vecinos aburridos con las demoliciones de tradicionales casas y con la vulneración creciente del concepto de barrio. Volviendo al asunto que nos motiva para redactar esta columna, estamos conscientes que dos sólidos dictámenes de la Contraloría que invalidaron sendos actos administrativos municipales, avalados por el Minvu, que favorecían los intereses económicos de la Fundación del Club Deportivo de la Universidad Católica (comuna de Las Condes) y del Colegio de Los SSCC-Valparaíso Sporting Club (comuna de Viña del Mar) fueron dejados sin efecto por los tribunales de justicia, invocando éstos que el ente fiscalizador por excelencia no tenía atribuciones para proceder en tal sentido (sic). Se trataba de cambios de usos de suelo de áreas verdes protegidas por los instrumentos normativos urbanos, cuyos titulares desean ejecutar obras de construcción no permitidas en los planos reguladores comunales e intercomunales. Los tribunales han señalado que no se puede afectar el derecho de propiedad de aquellos particulares, pero no dicen que los terrenos a utilizarse no se transan en el mercado de la construcción, justamente porque carecen de las aptitudes que les otorga la planificación urbana vigente y por ello los propietarios de esas tipologías no pagan contribuciones de bienes raíces. Si esa curiosa “doctrina” judicial se llegara a aplicar masivamente, en unos años más no existirían las áreas verdes en las ciudades. Reconocemos la primacía que tiene el poder judicial, pero sus fallos divididos no demostraron jurídicamente que las razones de fondo esgrimidas por la Contraloría para proceder en tal sentido eran equivocadas y por ello livianamente dijeron que la Contraloría carecía de atribuciones para fiscalizar ese tipo de actos administrativos. Nos preocupa la bien montada campaña comunicacional, liderada por aquellos que les gusta proceder con "el tejo pasado", porque se está erosionado nuestro Estado de Derecho. El oscuro propósito de ese sector es dejar en mal pié el impecable quehacer legal de la Contraloría y como son especialistas en hacer notar sus preocupaciones y requerimientos en los altos niveles del gobierno, estamos constatando que el gobierno está postergando el nombramiento como Contralora General de la República de la actual Sub-Contralora. Si La Moneda desea tener una obsecuente "caja buzón" en Teatinos 56, está claro que el nombramiento del Contralor recaerá en la persona de un político "moderno”, engominado, pálido y sumamente dócil que sostenga que las leyes son instrumentos meramente indicativos. Por el contrario, si se desea atacar la corrupción y la connivencia pública-privada, se debe confirmar a quien le corresponde, porque ha dado muestras de independencia y compromiso con el imperio del derecho. Conociendo la rectitud de la primera Mandataria, tenemos la seguridad de que los recados que le llegan a sus principales colaboradores (as), en orden a que el futuro Contralor debiera ser una persona "flexible para no entorpecer la producción de bienes y por lo tanto la generación de empleos", no serán acogidos finalmente por ella. Esperamos que se mantenga la sana tradición y se confirme como Contralora a la interina, más aún, si la ciudadanía e incluso los políticos de ambos bandos, conocen su ejemplar trayectoria pública en el órgano más probo de la nación. A las asociaciones gremiales empresariales que mandan en Chile les gusta organizar elegantes seminarios con llamativos títulos escritos en latín, en donde sus circunspectos dirigentes expresan a los gobernantes cual es el camino que el país debe seguir. Si en tales actos sociales, los inmobiliarios se comprometieran a autorregular su mercado y por lo tanto, en exigirle a sus asociados que ceñirse a la ley es una responsabilidad social empresarial valorada por el sistema, se acabarían los conflictos que la opinión pública ha estado conociendo y hasta llegarían a ser hinchas de la Contraloría. Columna de opinión de Patricio Herman de la Agrupación Defendamos la Ciudad, publicada en el Mostrador, el 21 de agosto de 2006.