Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman, de la Agrupación Defendamos la ciudad, publicada por diario La Nación el 21 de agosto de 2006. Si se desea atacar la corrupción y la connivencia público-privada, debe confirmarse a quien le corresponde, porque ella ha dado muestras de independencia y compromiso con el imperio del derecho. La ciudadanía organizada en el ámbito del desarrollo de la ciudad y en la defensa de sus derechos urbanos declara su molestia por lo que está aconteciendo con el organismo público más honesto y riguroso del país: la Contraloría General de la República. Todavía no se nombra a su titular y esta postergación es delicada por las connotaciones que tiene. Si la Contraloría no funciona como lo ha estado haciendo hasta ahora, llegaríamos al laissez faire más absoluto y ya sabemos quiénes se aprovechan de la falta de fiscalización. Estamos conscientes que dos sólidos dictámenes de la Contraloría que invalidaron sendos actos administrativos municipales, avalados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que favorecían intereses económicos de la Fundación del Club Deportivo de la Universidad Católica (Las Condes) y del Colegio de los Sagrados Corazones-Valparaíso Sporting Club (Viña del Mar) y que quedaron sin efecto por los tribunales de justicia, invocando que el ente fiscalizador por excelencia no tenía atribuciones para proceder en tal sentido (sic). Se trataba de cambios de uso de suelo de áreas verdes protegidas por los instrumentos normativos urbanos. Tenemos que considerar que esas tipologías no se transan en el mercado de la construcción por las limitaciones que tienen en pos de lograr ciudades equilibradas. Reconocemos la primacía que tiene el Poder Judicial, pero sus fallos divididos no demostraron jurídicamente que las razones de fondo esgrimidas por la Contraloría estaban equivocadas, y por ello livianamente dijeron que ésta carecía de atribuciones para fiscalizar tales actos. Estamos al tanto y nos molesta la existencia de una campaña orquestada, liderada por ciertos grupos empresariales que les gusta proceder con “el tejo pasado”, cuyo oscuro propósito es dejar en mal pie el impecable quehacer legal de la Contraloría. Como son especialistas en hacer notar sus preocupaciones en los altos niveles, están postergando el nombramiento del nuevo contralor o contralora. Si se desea una obsecuente “caja buzón” en Teatinos 56 el nombramiento del contralor recaerá en un político “moderno y sumamente dócil”, que sostenga que las leyes son instrumentos meramente indicativos. Pero si se desea atacar la corrupción y la connivencia público-privada, debe confirmarse a quien le corresponde, porque ella ha dado muestras de independencia y compromiso con el imperio del derecho. Conociendo la rectitud de la Mandataria, tenemos la seguridad de que los recados que llegan a sus principales colaboradores(as), en orden a que el futuro contralor debiera ser una persona “flexible para no entorpecer la producción de bienes y por lo tanto la generación de empleos”, no serán acogidos. Esperamos que se mantenga la tradición y se confirme como contralora a quien ejerce hoy de forma interina y a los señores inmobiliarios decimos que, si sus asociaciones gremiales impulsan la responsabilidad social y el apego a las reglas del juego, serán dentro de poco impulsores del rol de la Contraloría, para que nunca más se den situaciones reñidas con la competencia desleal que tanto mal le ocasiona al sistema económico de libre mercado.