Defendamos la ciudad

Columna de Patrcio Herman, publicada en El Periodista, 14 de julio de 2006. Las autoridades de la Municipalidad de Las Condes sistemáticamente nos han negado el libre acceso a la información pública contenida en una larga serie de permisos de edificación viciados. El Director de Obras argumenta que no puede entregar la documentación porque está siendo investigada por la Contraloría General de la República y el Alcalde afirma por la prensa “que es peligroso entregar esa información”. (sic) Hemos señalado hasta la saciedad que nosotros no pretendemos tener acceso a la investigación del ente contralor, la cual ya concluyó, sino que deseamos analizar la información de esos permisos para verificar los nombres de las constructoras y/o inmobiliarias, los arquitectos proyectistas y los revisores independientes con la idea de determinar si se repiten estos nombres y con qué frecuencia. En lo que dice relación al eventual “peligro” aducido por el Alcalde, estamos de acuerdo con él, en cuanto a que será peligroso para los titulares de los proyectos que la opinión pública conozca el resultado del cruce de información que nosotros haremos tan pronto dispongamos de esa documentación. El artículo 1.1.7. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones obliga al Director de Obras a entregar a la ciudadanía ese tipo de información y como se ha negado a proceder en consecuencia fue necesario presentar una acción judicial en su contra para acceder a la misma. Lo curioso es que al concejal de Las Condes Hugo Unda también se le negó, configurándose así un cuadro que reviste características surrealistas : una autoridad municipal que debe fiscalizar las actuaciones del alcalde no puede ejercer su labor. Hace algunos días atrás conocimos el dictamen de la Contraloría, mediante el cual se establecieron las irregularidades cometidas en un cierto número de permisos, ante lo cual el alcalde informó a un diario que “a partir de ahora los permisos serán bien otorgados”, creyendo cándidamente que el asunto terminaba ahí. Se estableció, entre otras cosas, que el cobro de un derecho municipal por concepto de aprobación de anteproyecto “ha excedido el marco normativo, máxime si la regla que lo establecía fue derogada expresamente”. También la Contraloría ordenó a ese municipio “a denegar las solicitudes de permisos de edificación en tramitación correspondientes a anteproyectos en que se había producido la caducidad, como asimismo disponer la invalidación de aquellos que se hubieran aprobado estando caducado el anteproyecto, todo ello por cierto en la medida que se acojan a disposiciones reglamentarias que no se encontraban vigentes al tiempo de presentación de las solicitudes” Así las cosas, finalmente entemos porqué ese municipio escondió la documentación que le pedíamos. Había una razón de fondo para proceder en tal sentido y la Contraloría empezó a abrir la Caja de Pandora.