Defendamos la ciudad

Indolencia de las autoridades RECADO A LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES DEL COMITÉ DE ASESORES URBANISTAS R. M. Colegio de Arquitectos de Chile. Los tres grandes capitales de una Nación son su pueblo, su territorio natural y sus ciudades, construidas a lo largo de la historia. El pueblo requiere de una política de salud para el cuidado de su cuerpo y una política de educación para el cultivo de su espíritu. El territorio requiere de una política de explotación de sus recursos naturales junto con una política de preservación de su medio ambiente. La construcción de las ciudades, incluidas las redes de infraestructura que las conectan y sirven, requiere de un plan de desarrollo territorial urbano-rural y una política de preservación y puesta en valor de la rica herencia que es su patrimonio edificado. Si bien, sobre los dos primeros existen discrepancias en cuanto a lo logrado con sus respectivas políticas; respecto del tercero, además de falta de claridad y ausencia de debate, hay nula conciencia sobre la necesidad de planificarlo. Las grandes empresas planifican sus inversiones a 3, 5 y más años; con mayor razón ello es necesario para una empresa colectiva respecto de su capital fijo más importante: la ciudad; la que sólo se construye y transforma en el largo plazo. Lo que hace grata o invivible, segura o insegura, bella u horrible, una ciudad, no son sólo sus edificios, sino el conjunto de éstos y el orden y diseño del espacio público que los alberga. Estos son los desafíos que aborda la planificación de las ciudades. La planificación es necesaria, no sólo para lograr ciudades racionales y hacer rendir al máximo los recursos disponibles y las inversiones programadas; sino también es condición para que exista participación ciudadana en estos temas.. Sólo es posible la participación cuando se tiene un proyecto futuro que debatir. La participación cuando las obras están decididas, a punto de iniciarse o ya iniciadas, es una burla a este derecho. Juan Pablo II, dirigiéndose a los constructores y conductores de la sociedad dijo “ en el pueblo, que conserva de manera notable la memoria del pasado y está expuesto en forma directa a las transformaciones del presente, vosotros podréis encontrar las raíces de aquellas particularidades que hacen de la vuestra una cultura…noble y original”. Chile no tiene un Plan de Construcción del Territorio a Nivel Nacional, ni una unidad encargada de ello, como existen en países vecinos. Sin este plan no es posible una efectiva integración continental, ni menos una global. Solicitamos al futuro Presidente que el próximo gobierno le devuelva a MIDEPLAN su nivel supra Ministerial, para que vuelva a ser la Oficina Nacional de Planificación Territorial e Intersectorial, que alguna vez, como ODEPLAN, pretendió ser. Chile no tiene Planes Regionales de Desarrollo (la excepción hace la regla), ni una institucionalidad con poder adecuado para ello. Así como la democracia exige la separación funcional del poder (ejecutivo, legislativo y judicial) ella exige también la desconcentración territorial de los poderes. Sin Regiones con poder, Chile seguirá siendo sólo un país y no una Nación. Solicitamos al futuro Presidente que instruya a los Intendentes Regionales, nombrados por él, y a los Ministros Sectoriales, también de su dependencia, para que conformen un equipo, incluyendo todos los SEREMIS Sectoriales Regionales, encabezados por la autoridad regional, para que se aborden prioritariamente los Planes de Desarrollo Territorial que todas las Regiones del país requieren con urgencia. Chile esta a punto de perder la única unidad de Planificación Territorial y Urbana -con visión integral- que ha existido con continuidad en el país, las Asesorías Urbanas Comunales. Solicitamos al futuro Presidente que incorpore en la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en trámite en el Congreso, la obligatoriedad de que los Municipios tengan una Unidad de Planificación Territorial o Asesoría Urbana a nivel administrativo de Dirección. Para que una planificación urbana sea eficiente, es necesario que todos los componentes de la ciudad estén sujetos a ella. No es posible que los más importantes proyectos de infraestructura vial, las autopistas concesionadas, escapen a esta norma. Solicitamos al futuro Presidente que instruya al Ministerio de Obras Públicas para que los proyectos de obras de infraestructura vial concesionados, deban ser consensuados con los Municipios afectados, antes que se adjudiquen, a fin que se articulen con la Planificación Local. La seguridad, confort e higiene de las ciudades y sus construcciones dependen de condiciones de emplazamiento que deben ser planificadas, pero también de normas de buen construir, las que debe establecer y exigir el Estado, en resguardo del bien común. No es necesario, en esta materia, recordar las últimas pérdidas de recursos y daños producidos a los usuarios, por el mal diseño y mala ejecución de viviendas e infraestructuras. Chile tiene un marco jurídico, para las normas de construcción y de urbanismo dado por la Ley General de Urbanismo y Construcción y su respectiva Ordenanza, que es tremendamente inestable. La Ley General, como su nombre lo indica, fija un marco y la Ordenanza, su correspondiente Reglamento, lo precisa. Todas las Leyes en estas materias, en la historia del país, han sido objeto de Decretos con Fuerza de Ley, pasando por el Congreso sólo algunas últimas modificaciones. La Ordenanza General se dicta y modifica por Instructivos ministeriales y cuando más por Decreto Supremo, habiendo llegado a modificarse, en los últimos años, más de dos artículos por mes. Solicitamos al futuro Presidente que instruya a su Ministro de Vivienda y Urbanismo para que la Ordenanza General no se modifique sino cada dos años, con participación efectiva de todos los actores, como ocurre en los países civilizados y democráticos. La Ley, que debe ser acatada, se supone conocida por los ciudadanos; pero, una norma legal que cambia cada quince días, es imposible que sea conocida y menos cumplida. Chile ha reducido recientemente las atribuciones y responsabilidades que tenían los Directores de Obras Comunales para supervisar y exigir el cumplimiento de las normas de calidad de la construcción, limitando su potestad sólo a las normas urbanísticas. Chile ha traspasado la responsabilidad de controlar el cumplimiento de las normas de construcción a Revisores Independientes que, aunque deben acreditarse en un registro, son elegidos, contratados y pagados por los propios sujetos del control. Solicitamos al futuro Presidente que su gobierno restituya al Director de Obras, un funcionario público, la responsabilidad última de la calidad de la construcción y limite la función de los Revisores Independientes a una labor de perito de apoyo a las Direcciones de Obras, debiendo ser designados estos revisores por sorteo o turno, y no contratados directamente por el afectado. Sólo con estas seis primeras medidas -referidas al desarrollo y administración del territorio y sus ciudades, todas inplementables de inmediato por el poder ejecutivo, sin necesidad de reformas legales- nuestro país podrá llegar a ser transparente, podrá tener ciudades bellas, seguras y sanas, y contará con la participación y el control de verdaderos ciudadanos. JORGE DOMEYKO Presidente Comité Asesores Urbanistas R. M. Colegio de Arquitectos de Chile Asesor Urbanista Municipalidad de Estación Central JAIME MARQUEZ Redactor Acuerdo Comité Asesores Urbanista R. M. Colegio de Arquitectos de Chile Asesor Urbanista Municipalidad de Providencia