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“Somos la empresa de bodegaje de mayor trayectoria y tamaño del país. Desde 1985 a la fecha, hemos alcanzado una infraestructura de más de 2.130.000 m2 de bodegas distribuidas en 14 centros, de los cuales 7 están en Santiago, 4 en regiones (Antofagasta, Chillán, Temuco y Pto. Montt) y 3 en Lima, Perú”. Así se auto describe la empresa Bodegas San Francisco (BSF) en su sitio web. Queda claro entonces que el papel (o internet) aguanta todo y este es otro ejemplo.
Varias veces nos hemos referido a la empresa BSF desde que tomamos conocimiento de las irregularidades de sus centros de distribución ubicados en Pudahuel. La empresa adquirió cientos de hectáreas de terrenos en esa comuna y el director de Obras Municipales, Ricardo Gallardo, no aplicó como correspondía la normativa urbanística y ambiental al momento de tramitar los permisos y recepciones definitivas de cada uno de los enormes centros logísticos que BSF construyó en esa comuna. El ex alcalde Johnny Carrasco se hizo el desentendido frente a las denuncias que hizo la concejala Gisela Vila que, ya en mayo de 2018, denunció la elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de las cinco instalaciones que tiene BSF en Pudahuel.
La denuncia de 2018 no fue tramitada oportunamente por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA y menos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), según se puede ver en el sitio web snifa.sma.gob.cl en la sección “Requerimientos de Ingreso al SEIA”. A la fecha cuatro de los procedimientos de requerimiento de ingreso al SEIA se encuentran en trámite, solo el correspondiente al Centro Logístico Lo Aguirre ya finalizó y ratificó la elusión al SEIA.
Una vez que BSF constató que no tenía opciones para seguir incumpliendo la normativa ambiental, con el apoyo de la oficina de abogados Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (www.ppulegal.com) y la consultora ambiental Sustentable (www.sustentable.cl) implementaron una hábil estrategia para evitar sanciones, que consistió en proponer el ingreso voluntario al SEIA de los centros logísticos, pero por separado y en fechas diferentes. La burlesca estrategia fue aceptada por la SMA.
Pero la SMA no se dio cuenta de que los centros logísticos Puerto Madero, Vespucio, Laguna Sur y La Farfana de BSF se ubican casi colindando unos con otros al sur de la Ruta 68 y al poniente de Av. A. Vespucio, que ellos operan como condominios de bodegas para arriendo a terceros con una administración centralizada y con los mismos horarios, que el arriendo de las bodegas de todos los centros logísticos se gestiona de manera unificada mediante el sitio web de la empresa o con su área comercial. Para tal propósito disponen de una central de comunicaciones y operaciones común (CECOP) y por último esas cuatro instalaciones utilizan las mismas vías para acceder a las autopistas Ruta 68 y Vespucio Norte, ver www.bsf.cl.
De esta manera, la empresa BSF fracciona su actividad logística en ese sector de Pudahuel, con lo cual se subestiman los impactos ambientales y se varía el instrumento de ingreso al SEIA, que debería ser un único Estudio de Impacto Ambiental (EIA) IA para esas cuatro instalaciones. Nos preguntamos ¿dónde queda la responsabilidad y la ética de los profesionales que trabajan en empresas como Sustentable?
En la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Centro Logístico Vespucio, que comenzó en febrero pasado, el Gobierno Regional se dio cuenta del sofisticado ardid y en su oficio Nº 758/2022, señaló: “Con todo, este Gobierno Regional solicita al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, que informe a la Superintendencia de Medio Ambiente la hipótesis de fraccionamiento de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 11 bis de la Ley 19.300/1994 y sus modificaciones a fin de descartar un ingreso con variación de instrumento”. No hay registro que el SEA haya accedido a lo solicitado.
Hace algunos días, siguiendo el cronograma aceptado por la SMA, dicha pícara empresa ingresó la DIA Centro Logístico Laguna Sur y allí sin ningún pudor informó que la parte del proyecto que se ubica en la comuna de Maipú no tiene permiso de edificación. Esto significa que lleva al menos 9 años operando de manera ilegal. También la empresa ha declarado en el SEIA que diversas etapas de sus otros centros logísticos en Pudahuel no cuentan con recepción definitiva municipal y en consecuencia, por aplicación del artículo 145 de la LGUC, no deberían estar en funcionamiento.
Tal vez el caso más grave es el del Centro Logístico Lo Aguirre, construido con permisos que caducaron en 1998 y que en 2014 fueron modificados por el Director de Obras Municipales aplicando normas del antiguo Plan Intercomunal de Santiago aplicables en otras comunas, tal como lo hizo con todas las industrias del sector, asunto que describimos en detalle hace 3 años en Ciper, ver link
La municipalidad de Pudahuel, ahora dirigida por Ítalo Bravo, hasta la fecha no ha clausurado las instalaciones descritas y desconocemos los motivos, considerando que, al inicio de su administración, el nuevo alcalde declaró que tendría una actitud absolutamente proba en el ejercicio de su cargo.
Finalmente, le hacemos un llamado público a Maisa Rojas, flamante ministra del Medio Ambiente, para que instruyendo a la SMA y al SEA, se eviten las trampas que cometen algunos díscolos inversionistas. Nuestra sociedad y los empresarios serios se lo agradecerán.