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Hace algunos días atrás el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, expresó públicamente que la revocación de la anterior calificación favorable (RCA) al megaproyecto inmobiliario Egaña Sustentable en la comuna de Ñuñoa, por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), “destruye la estabilidad del país y la forma de relacionarnos” rematando que es “volver a la Unidad Popular”.
Es decir, ese líder empresarial objetó la legítima decisión de una instancia política, omitiendo conscientemente que ella es consecuencia directa de un categórico fallo del Segundo Tribunal Ambiental, que acogió fundadas denuncias de organizaciones sociales de Ñuñoa, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Todos sabemos que los competentes magistrados emiten sus juicios conforme a derecho y en rigor Sutil debió haber reprobado la sentencia de los anteriores, pero no se atrevió. Asunto que se publicó en una columna publicada en este medio.
Ahora bien, suponemos que Sutil está enojado porque desconoce los sectores de Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo, motivo por el cual le recordamos que, en el ámbito de la explotación comercial del recurso suelo en todo el país, desde siempre se han cometido infinidad de ilegalidades, casi nunca sancionadas por aquellos políticos que ejercen cargos públicos en las municipalidades, en el Congreso Nacional y en el gobierno central, ello porque ha existido la “doctrina” de admitir como mal menor, cerrando los ojos, los “errores” detectados, con el justificativo de que es indispensable el crecimiento económico porque absorbe mano de obra y porque, lo más importante para ellos, el país sería bien evaluado por las instituciones financieras internacionales.
Dado que conocemos innumerables iniciativas que han violado los marcos regulatorios, le preguntamos al disgustado Sutil que ha dicho sobre la impúdica corrupción inmobiliaria cometida con los guetos verticales ilegales en la comuna de Estación Central. ¿Sabrá él que estamos ante unas 80 torres habitacionales de entre 25 y 40 pisos, ejecutadas al margen de la ley? Ello lo ha dicho el propio Minvu, la Contraloría General de la República y Corte Suprema. ¿Conocerá las suculentas cifras de las utilidades obtenidas por los titulares de esos permisos de edificación?
Hasta ahora dicho dirigente gremial empresarial también está absolutamente mudo respecto de los especuladores del suelo rural que iniciaron loteos brujos en sectores definidos como áreas de preservación ecológica en las comunas de Lo Barnechea y Colina. ¿Por qué no fustiga a esos empresarios de la construcción, varios de ellos pertenecientes a la élite, que ahora se verán las caras con el Consejo de Defensa del Estado (CDE)? Pues este órgano ya interpuso querellas criminales en contra de todos ellos.
¿Sabrá don Juan que el expresidente Piñera firmó un acomodaticio Decreto Supremo para tratar de salvarle la vida a la empresa Besalco que construyó un edificio de 17 pisos en la comuna de La Florida, vulnerando las disposiciones contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) respecto del cálculo de los conos de sombra? Nos gustaría que él defendiera a los vecinos perjudicados con esa “equivocación”, quienes ya no tienen la luz solar, más aún teniéndose en cuenta que la Contraloría ya dijo, en un completo y categórico dictamen, que el permiso municipal estaba mal otorgado. Con su silencio cómplice, Sutil al parecer avala la impunidad en este tipo de asuntos.
Aunque los lectores no lo crean, en la ciudad de Curicó se construyó un edificio de 9 pisos, que se llama Los Alpes, emplazado sobre un bien nacional de uso público (sic) y a pesar de los infinitos reclamos de la ciudadanía en los tribunales de justicia y en la Contraloría, el titular del edificio, con una recepción final trucha, ya ha vendido o arrendado todos los departamentos del edificio, pues tiene santos en la corte.
Para no ser menos, la inmobiliaria Macalto, empresa que ahora se llama Sinergia, no desea construir un puente en la comuna de La Florida, viaducto indispensable para las centenas de familias que les compraron sus viviendas. Esa obra vial forma parte del Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), pero tales empresarios se niegan tozudamente a cumplir los compromisos fijados para sus lucrativos proyectos inmobiliarios.
Por razones de espacio, estamos imposibilitados de dar cuenta de otras tantas prácticas indebidas, pero por lo manifestado, nos ponemos a disposición de Sutil para que, cuando él lo desee, nos podamos reunir para entregarle en sus manos información relevante demostrativa de que el mercado en Chile, por lo menos en estas materias, no funciona como todos quisiéramos. Por lo anterior, estimamos necesario darle a conocer a él y a todos los interesados, lo planteado en mayo de 2018, en un seminario organizado por la Asociación de Abogados de Chile (ver link) para que se sepa que las cosas no son como parecen ser.
La información privilegiada, la competencia desleal, las colusiones público-privada, son lacras que deben ser erradicadas para que exista un efectivo Estado de Derecho. Las directivas de la CPC y de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), institución ésta que clama por la certeza jurídica y que, en ocasiones se ha extralimitado al objetar con publicidad el rol legal y constitucional que ejerce la Contraloría General de la República, tienen que ejercer sus atribuciones para terminar con este ambiente enrarecido que abruma a quienes impulsan la honestidad en el mercado.