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En 2012 la arquitecta Asesora Urbanista, Claudia Campodónico, de la municipalidad de Pudahuel denunció en la Contraloría General de la República un comportamiento ilegal de su colega, Ricardo Gallardo, quien ejerce el cargo de director de Obras Municipales (DOM), pues éste había entregado un erróneo Certificado de Informaciones Previas (CIP) para un terreno de una empresa, la que, con ese antecedente, había obtenido un anteproyecto de edificación para un supermercado en contravención del plan “Seccional San Francisco”. La correcta acusación de aquella funcionaria municipal se justificaba pues dicho terreno permitía solo equipamiento deportivo, áreas verdes y vialidad.
El aludido y díscolo director de obras municipales, en sus pueriles descargos, le señaló muy suelto de cuerpo a la Contraloría, que ese plan seccional no era aplicable en Pudahuel (?). Tanto la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo como la Contraloría consideraron que lo autorizado por ese funcionario infringió la normativa del Plan Regulador Comunal (PRC) de Pudahuel y así quedó consignado en el dictamen Nº 59.364/2012.
A pesar de esa ilegalidad, como un nuevo hecho consumado, tiempo después se inauguró ahí el supermercado Líder San Francisco de Walmart Chile, pero años después fue destruido por un incendio en el contexto de las manifestaciones ciudadanas de 2019. El Plan Regulador Comunal de Pudahuel, actualizado recientemente, solo permite en ese lugar equipamiento de deportes, por lo tanto, conforme al mandato del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), ya no es posible reconstruir ese equipamiento comercial, Como vemos, tarde, pero al fin se respetará la normativa urbanística local.
Pero las andanzas de Walmart Chile en Pudahuel comenzaron antes. En el transcurso del año 2007 la Sociedad Anónima Inmobiliaria Terrenos y Establecimientos Comerciales S.A (SAITEC), ligada a la antigua empresa D&S, adquirió el predio denominado Lote A1 en Ciudad de Los Valles en esa comuna.
Según el CIP Nº 201/2007 utilizado por SAITEC para desarrollar el proyecto Centro de Distribución Lo Aguirre en ese Lote A1, el instrumento de planificación territorial aplicable es el Decreto Supremo (DS) Nº 10/1990 del Minvu. Ese CIP fue otorgado por el mismo funcionario municipal que años después entregó el CIP irregular para el supermercado Líder San Francisco.
¿Por qué es importante mencionar cuál es el instrumento de planificación territorial aplicable al Lote A1 donde se proyectó construir el Centro de Distribución Lo Aguirre? Porque las normas urbanísticas del CIP Nº 201/2007 no corresponden a las de la sub-zona C.4.1 del Decreto Supremo (DS) Nº 10/1990 que obligadamente se deben aplicar a los terrenos industriales de Ciudad de Los Valles, según el plano RM PIS 89-25 aprobado por ese decreto. Con esa “equivocación” municipal se incumplió groseramente el artículo 1.4.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Las normas contenidas en el CIP Nº 201/2007 son más favorables para el desarrollo inmobiliario que aquellas que en derecho correspondía respetar. Las normas de ese CIP son las de la sub-zona C.4.2 del mismo D.S. Nº 10/1990, una pequeña, pero muy importante diferencia que incrementó el valor comercial del terreno para beneficio de los propietarios del loteo, la familia González Alemany. Solo a modo de ejemplo, el coeficiente máximo de constructibilidad pasó de 0,2 a 1,2 con el “error” cometido por el director de Obras Municipales, asunto que expusimos detalladamente en esta columna de 2019.
¿Cómo se explica que la oficina de arquitectos que desarrolló el proyecto de SAITEC no se percatara de la desinteligencia cometida por el director de Obras Municipales quien confundió las sub-zonas C.4.1 y C.4.2 del D.S. Nº 10/1990? O será que confiaron que todo estaba en regla al tener normas urbanísticas tan favorables que permitían proyectar sin problemas el centro de distribución y su futura ampliación, que según medios de prensa ahora se quiere concretar.
¿Cómo se explica que eso ocurriera a pesar de que en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto del centro de distribución se indica expresamente y bajo juramento que el Lote A1 se localiza en la sub-zona C.4.1? Según la LGUC los arquitectos proyectistas y sus colegas revisores independientes no tienen excusa y son responsables administrativa y penalmente por sus acciones u omisiones en el ámbito de sus competencias. En 2009 Walmart Chile compró SAITEC y pasó a ser la propietaria del Centro de Distribución Lo Aguirre.
Casi 10 años después, Walmart Chile tramitó y luego aprobó la construcción del supermercado Express de Líder en Ciudad de Los Valles. ¿Cuál es el problema de ese equipamiento comercial? Fue autorizado en la misma sub-zona C.4.1. del D.S. Nº 10/1990 que es una zona industrial exclusiva que no permite equipamiento de ninguna clase.
Los nuevos arquitectos contratados por Walmart Chile que proyectaron ese supermercado tampoco se dieron cuenta de este inexplicable error del director de Obras Municipales, el mismo funcionario de los dos ejemplos anteriores.
Resulta entonces que esta empresa supermercadista no es capaz de cumplir las normas básicas del ordenamiento territorial, al menos en la comuna de Pudahuel, obteniendo con ello ventajas económicas indebidas. Un error lo comete cualquiera, pero tres son indicativos de una clara incompetencia, que no tiene excusa en una gran empresa que tiene los recursos técnicos más que suficientes para detectar en el acto tan notorios errores. ¿O será que no son errores, sino otra cosa más fea?
El 14 de abril de este año el Gerente de Operaciones de Walmart Chile se reunió con el jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo para “abordar la situación normativa aplicable a inmuebles ubicados en la comuna de Pudahuel, particularmente en el sector Ciudad de Los Valles”.
A ese funcionario ministerial le ha correspondido involucrarse directamente en el análisis de las denuncias por irregularidades en Pudahuel, proceso que desde 2019 lleva adelante la Contraloría General de la República. Suponemos entonces que en la audiencia de abril el Gerente de Operaciones de Walmart Chile tomó conocimiento de los enormes vicios que tiene el Centro de Distribución Lo Aguirre y la ilegalidad del proyecto de ampliación de esa instalación que intenta concretar esa empresa.
A pesar de lo anterior, el sitio web promotor de los intereses de las grandes empresas, conocido como Diario Financiero, publicó el pasado 27 de junio la nota “Walmart: una millonaria ampliación en problemas” donde sin investigar nada, reprodujo los antecedentes sesgados e incompletos que le entregó Walmart Chile sobre la fallida tramitación de la ampliación del Centro de Distribución Lo Aguirre, propagando entre sus lectores información que da a entender que la empresa supermercadista es una víctima de la burocracias y que, sin razón, se le impide concretar su inversión de US$ 80 millones, afectando los derechos que le garantiza la Constitución Política.
Lo que debió informar ese medio de prensa especializado en negocios es que Walmart Chile y otras grandes empresas han participado en una inexplicable e injustificable seguidilla de autorizaciones irregulares en Pudahuel, mediante las cuales, una y otra vez, se incumplieron las normas básicas del ordenamiento territorial, y que eso ocurrió durante la prolongada administración pasada, sin que el ex alcalde tomara cartas en el asunto.
Con el cambio de autoridad y con el ánimo de empezar a hacer las cosas bien, fuimos invitados por el nuevo alcalde, Ítalo Bravo, a una reunión por Zoom realizada el viernes 9 de julio pasado, instancia en donde participaron funcionarios de su confianza, Daniel Riquelme director jurídico y Felipe Zavala administrador municipal, la concejala Gisela Vila y el arquitecto Alejandro Cantillana, ambos denunciantes de diversos proyectos ilegales y malas prácticas en esa comuna. En la reunión pudimos intercambiar información y se tomaron decisiones sobre cómo proceder frente a las irregularidades heredadas, que esperamos nunca más vuelvan a ocurrir.
Dado el mal comportamiento de Walmart Chile procedimos a enviar una fundada denuncia a la oficina de Ética y Cumplimiento Global de Walmart Inc. en Arkansas, EE.UU., puesto que con esas prácticas indebidas se ha incumplido el Código de Conducta empresarial dictado desde el país del norte, ya que Walmart Chile ha realizado negocios de la manera incorrecta. Aquí una muestra de ese código:
“Actuar de manera coherente con nuestro propósito y nuestros valores exige que una cultura de integridad guíe todas nuestras decisiones. Nos dedicamos a hacer negocios de la manera correcta. Nuestro Código refleja quiénes somos como empresa y muestra cómo damos vida a nuestra cultura de integridad en nuestro trabajo todos los días. La integridad genera confianza. Es por eso que nuestros asociados, clientes, inversionistas, proveedores y socios comerciales eligen Walmart: saben que son un negocio en el que pueden confiar”.
Debemos mencionar que, en reciente comunicación, la oficina de Ética y Cumplimiento Global de Walmart Inc., nos informó que nuestra denuncia fue asignada al equipo Anticorrupción de esa organización, compuesto por profesionales dedicados a estudiar y tomar acciones frente a situaciones como las descritas en la denuncia. Esto ocurrió porque Walmart Inc. tiene una Política Global Anticorrupción, que puede ser revisada aquí.
Nos parece muy destacable la prontitud de la respuesta de Walmart Inc. y desde esta tribuna agradecemos a Doug McMillon, presidente y CEO Walmart Inc., por entregarnos una lección de verdadera ética empresarial que por acá escasea, pues estamos viviendo en un libre mercado salvaje, tolerado por todo el espectro político, que corrompió las bases de nuestra sociedad y generó beneficios solo para unos pocos regalones.
Finalmente, saludamos a nuestra distinguida compatriota Lucy Ana Avilés, esposa del arquitecto Benjamín Walton, nieto y heredero de Sam Walton, fallecido fundador de esta poderosa empresa multinacional, recomendándole a ella que instruya a los ejecutivos criollos de Walmart Chile, en orden a que se arrepientan de sus anteriores malos pasos y que, desde ahora, en sus inversiones, se rijan por las sanas prácticas convencionales que nuestro Estado Democrático de Derecho se ha dado.