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A fines del año pasado, la Contraloría emitió una resolución histórica, que pone fin a interpretaciones truchas de la Ordenanza de Vivienda y Construcciones.
En efecto, por largo tiempo las constructoras, protegidas por retorcidas interpretaciones pseudo legales, han instaurado una práctica al margen del Estado de Derecho, mediante la cual se construyen edificios sin el debido respeto por la legislación vigente, sin los debidos permisos municipales y victimizándose ante hechos consumados, como edificios ilegales que, según estas empresas, ya están construidos y vendidos, por lo cual creen que tienen ganado un derecho de impunidad.
Como gran mérito, recientemente un edificio ilegal de la comuna de Estación Central y otro en Independencia recibieron la orden de demolición. En Vitacura, un edificio de lujo, del Grupo Angelini(1), se encuentra cuestionado por haber violado normas urbanísticas. En la misma situación se encuentra una enorme cantidad de edificios por todo Chile, pero tal vez, el caso más violento lo constituye una construcción en pleno centro de la comuna de La Florida, construida por Besalco S.A., con 16 pisos y apegada a la increíble distancia de 6 metros de las viviendas de los vecinos, en su mayoría adultos mayores. El empresario Paulo Bezanilla, gerente general de Besalco, fue uno de los financistas de la campaña presidencial de Sebastián Piñera(2).
Para los afectados ha sido imposible conseguir que los funcionarios públicos provean información fidedigna para poder ejercer plenamente sus derechos. Agustín Pérez, director de Obras de la Municipalidad de La Florida, proporcionó datos erróneos que logró desinformarlos, con registros confusos, distanciamientos y planos que no correspondían con la edificación, mientras que el alcalde Rodolfo Carter, por su parte, se negó a contestar las peticiones y menos aún, el ministro de Vivienda, Felipe Ward.
Interpuesta una petición de pronunciamiento presentada por las Fundación Defendamos la Ciudad, el 16 de diciembre de 2019 la Contraloría resolvió que el edificio es ilegal, puesto que tergiversa la Ordenanza de Viviendas y Construcciones, en consideración a lo cual ordenó al director de Obras tomar las acciones necesarias en vista de que el Permiso de Construcción que concedió es ilegal. A renglón seguido, la Contraloría instruyó expresamente al ministro Ward para que modifique el decreto de esa cartera DDU N° 5/2009, que es confuso y se ha prestado para que empresas constructoras puedan dar una apariencia de legalidad a proyectos ilegales.
Por su parte, varios arquitectos -entre los que se encuentra la presidenta del colegio de la orden- admiten que esta petición de invalidación producirá el efecto de impugnar cantidad de proyectos otorgados, anteproyectos aprobados o solicitudes ya ingresadas; sin embargo, desde el punto de vista del Estado de Derecho, debería alegrarnos que se interrumpa tanta ilegalidad.
En este embrollo, lo primero que salta a la vista es el rol del director de Obras, ya que el lugar de hacer cumplir la ley y ser garante del Estado de Derecho frente a los intereses creado por las empresas constructoras, ha actuado como facilitador de acciones irregulares que terminan por dañar el derecho de propiedad de los vecinos y el prestigio de la comuna, al mismo tiempo que resultan muy lucrativas para algunas empresas.
Finalmente, así como lo insinúa el viejo dicho jurídico "hecha la ley... hecha la trampa", la solución salió, por curioso que parezca, del Presidente de la República, quien vino a solucionar el impasse. Modificó el Decreto Supremo N° 47, el 02 de marzo de 2021, con un artículo único, tan breve y tan preciso, que sólo cambiará una frase del cuerpo legal superior al decreto cuestionado. Es el mundo al revés. El Presidente no modificó aquello que la Contraloría determinó como anómalo, pero sí lo que estaba bien.
Lo concreto es que esa modificación legitima lo ilegal. Las empresas que ejecutan proyectos al margen de la ley pueden seguir infringiéndola, porque se modificó el cuerpo legal que se los impedía.
Puede parecer al menos, un acto de prevaricación, que tal vez sea justo y prudente que lo investigue la Cámara de Diputados para despejar de toda duda una presunta deshonestidad de los funcionarios, incluido el Presidente.
Este procedimiento denota una cuidadosa concertación de voluntades y muestra con claridad la negligencia del alcalde Carter para responder a las inquietudes de los vecinos de su comuna, así como el director de Obras, quien los confundió cuando le solicitaron aclaraciones y finalmente el ministro Ward, todos quienes dilataron lo suficiente sus obligaciones de cumplir y hacer cumplir la ley a fin de esperar que el Presidente Piñera pudiera modificar el Decreto Supremo, con un edificio casi terminado y listo para la venta.
Desde luego, lo que más sorprende es el camino que la institucionalidad de todo el país y la gobernabilidad de cada una de las comunas, con modificaciones de leyes a la medida para una especie de club de amigos que se ayudan mutuamente. Estas prácticas producen mucha frustración en la ciudadanía, impotencia ante la injusticia y la impunidad. Y traen al recuerdo los gritos angustiados de tantos ciudadanos, que el año antepasado se reunían en la Plaza Baquedano clamando por equidad y dignidad y que desembocaron en la esperanza de una nueva Constitución. Es de esperar que tal idea prospere y no caiga en las manos de aquellos que prefieren un Estado de Derecho sólo para sus amigos.
(1) ¿Qué dirá la justicia sobre la torre de oficinas del grupo Angelini en Las Condes?
(2) Piñera S.A.: los clanes más poderosos del país financian al candidato de Chile Vamos