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En Chile todo puede ser posible para ayudar al gran empresariado que emplea patrióticamente mano de obra y crea riqueza. Mal que mal, dirían algunos de estos analistas económicos que abundan, congraciarse con un actor del mercado tan poderoso es una “medida estratégica de largo plazo”.
En el año 1991, gobierno de Aylwin, se creó la comuna de Vitacura localizada en el sector nororiente de la región metropolitana de Santiago, escindida del amplio territorio que tenía la comuna de Las Condes y su primer alcalde fue nombrado por decisión presidencial. Su actual alcalde, elegido por amplia votación, es Raúl Torrealba (RN) y su reemplazante será uno de los 3 que competirán en abril próximo. La oposición, por razones obvias, no presenta candidatos y de aquellos 3 que disputarán los votos, uno es Cristián Araya, independiente con apoyo del Partido Republicano, otro es Darko Peric del Partido Ciudadanos y la restante es Camila Merino, quien representa al Partido Evópoli. Como vemos, todos de derecha.
Pues bien, antes que estuviera vigente el Plan Regulador Comunal (PRC) de Vitacura, el visionario empresario Carlos Celle, uno de esos que aprovechan las ocasiones para obtener ingentes ganancias, solicitó en la Dirección de Obras Municipales (DOM) un permiso de edificación, con las exageradas normas urbanísticas que tenía el PRC de Las Condes, y el entonces titular de esa función municipal le otorgó el 12 de diciembre del año 2000 el permiso de edificación Nº 121, con los beneficios que brindan los Conjuntos Armónicos, para que levantara un espectacular centro comercial, mall, con 272.000 m2 a construirse en su terreno de 22.500 m2 ubicado en la avenida Kennedy 8950, enfrente del mall Alto Las Condes del empresario Horst Paulmann.
El proyecto de marras, consistía en una torre de 55 pisos, más otras estructuras con distintas alturas, con 1.623 viviendas, un supermercado, un hotel de lujo, oficinas, servicios públicos y 2.681 estacionamientos, con una inversión prevista del orden de los US$ 600 millones. Por razones que desconocemos ese empresario no inició las obras cuando debía, es decir en el plazo de 3 años, y después de 2 lustros le vendió el terreno y el permiso ya caducado, en un subido precio a la empresa Cencosud, cuyo accionista mayoritario es el aludido Paulmann.
La operación de compraventa se efectuó con la asesoría técnica del arquitecto José Ramón Ugarte, quien, suponemos, le habría asegurado al comprador que él evitaría los inconvenientes con la caducidad del permiso, a pesar de que la pérdida de validez de ese acto administrativo opera automáticamente. A este nuevo mall se le llama Alto Las Condes 2 y entendemos que el vendedor, que actuó como un excelente especulador, obtuvo una importante utilidad.
Por estas cosas de la vida, una incómoda fundación ciudadana que conoce al dedillo el marco regulatorio sectorial, por mensajes recibidos durante el año 2014 de parte de vecinos del sector, constató que el permiso para ese invasivo proyecto inmobiliario ya estaba caducado por imperio del artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), razón más que suficiente para que le representara la situación a la DOM de Vitacura, al Seremi de Vivienda y a la Contraloría General de la República. La función ministerial tuvo un comportamiento zigzagueante en sus oficios, a pesar de que la jefa jurídica de esa Seremi procedió correctamente.
Como consecuencia de la denuncia de la fundación ciudadana en la Contraloría, Cencosud se dirige al ente fiscalizador el 02/02/15 a través de un “téngase presente” diciéndole, entre otras cosas, que reconoce la caducidad del permiso pero que, como sabe de la existencia de otros tantos permisos caducados, sería injusto que la disposición en comento se le aplique solamente a su empresa, alegando igualdad ante la ley. La Contraloría desestimó en su dictamen 90257 del 13/11/15 esa argumentación, pues Cencosud no le dio los nombres de los otros permisos existentes en Vitacura o en otras comunas que ya no estaban vigentes.
Es más, la Contraloría el 06/05/16, vía dictamen 33558, nuevamente rayó la cancha estableciendo que en efecto el acto administrativo en poder de Cencosud ya había caducado, mismo criterio sustentado por la DOM titular de Vitacura, autoridad municipal que lo declaró como tal, conforme a sus atribuciones como administración activa.
Así las cosas, la empresa Cencosud sintiéndose perjudicada en la mencionada operación de compraventa del terreno con un permiso caducado y por los aludidos dictámenes, no se dio por vencida intentando vanamente que ese permiso no se entendiera como caducado, para así aprovechar las muy permisivas normas urbanísticas allí contenidas, pero se encontró con la férrea oposición del alcalde Torrealba, quien no aceptaba esa pretensión empresarial, lo que se refleja en una nota de prensa publicada el 17 de julio de 2017 en el Diario Financiero, ver link
A propósito del deseo de Cencosud en orden a que resucite cual Lázaro, el permiso de edificación del año 2000, caducado automáticamente, con el cual se proyectaba un invasivo mall denominado Alto Las Condes 2…
Transcurrió el tiempo y como Cencosud insistía con sus lobbystas en buscar una fórmula ingeniosa para, por lo menos construir los m2 que consideraba aceptables, Torrealba finalmente se ablandó y les pidió a las 2 arquitectas funcionarias de mayor jerarquía en la Dirección de Obras de esa municipalidad que analizaran la situación con los arquitectos de Paulmann para que se modificara el permiso caducado (sic). Naturalmente esas 2 profesionales no pudieron aceptar esa petición del alcalde, pues no estarían procediendo bien, ya que la Contraloría ya dijo lo que sabemos, teniéndose presente que sus dictámenes son vinculantes y por lo tanto ellas no estaban dispuestas a sumarios por desacatarlos. Por ello Torrealba le asignó esta complicada “tarea” a otra arquitecta de menor rango, la que aceptó el curioso encargo.
En la actualidad en PRC de Vitacura para dicho terreno contempla una altura máxima de 12 pisos y un coeficiente de constructibilidad de 2.0, muy inferior al que tiene el permiso caducado, que contaba con un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) y una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tampoco vigentes, ya que se obtuvieron hace 21 años atrás.
A la luz de lo relatado y como la funcionaria de tercer nivel en la Dirección de Obras Municipales no tiene atribuciones para “buscar arreglos” con un privado, Cencosud deberá respetar la legalidad, pero si se busca satisfacer los intereses de la empresa, solo quedaría como última opción, que se modificara el PRC de Vitacura para ese terreno, mejorando sus disposiciones para que así, una vez autorizado el cambio normativo local solo por el Seremi de Vivienda, ya que no va a toma de razón en la Contraloría, Cencosud en un tiempo más, ya con un nuevo alcalde, podría solicitar otro permiso, adscribiéndose a esas futuras y preferibles normas urbanísticas.
Queda en evidencia que lo anterior sería asaz burlesco, pero en Chile todo puede ser posible para ayudar al gran empresariado que emplea patrióticamente mano de obra y crea riqueza. Mal que mal, dirían algunos de estos analistas económicos que abundan, congraciarse con un actor del mercado tan poderoso es una “medida estratégica de largo plazo”.
Finalmente, nobleza obliga, le deseamos una pronta mejoría de su salud a Horst Paulmann y destacamos el rechazo a ese mall expresado por la Junta de Vecinos A-10 Tabancura de la comuna de Vitacura, presidida por Paulina Beard, como también la notable fiscalización que ha desplegado la diligente concejal Luz Pacheco.