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Todos los medios de prensa desde abril del año 2017 han informado lo que sucede en la comuna de Estación Central con la irrupción de varias decenas de invasivas torres habitacionales, que tienen entre los 25 y 40 pisos, con capacidades de entre 300 y 800 habitáculos, cuyas empresas inmobiliarias vendedoras denominan viviendas.
Mayoritariamente los privados que las construyeron, como viviendas económicas DFL2, las arriendan a nacionales y extranjeros en precios que suben de los $ 300 mil mensuales, teniéndose en cuenta las injustificadas y extraordinarias franquicias y exenciones tributarias que los gobiernos mantienen para este tipo de habilidosos inversionistas.
Entre otros tantos privilegios, en general por tener avalúos fiscales menores esas viviendas, no pagan contribuciones de bienes raíces y por las rentas mensuales que generan los contratos de arrendamientos, los dueños de esos pequeños inmuebles no cancelan impuestos a la renta, con lo cual se podrá dimensionar las cuantiosas pérdidas económicas que asume el Estado, lo que está en conocimiento pleno del ministro de Hacienda y de sus antecesores en el cargo, de todos los funcionarios públicos relacionados con el tema y de aquellos particulares que incursionan en este tipo de negocios, bien asesorados por los llamados “planificadores tributarios” que son aquellos expertos en eludir y evadir el pago de impuestos.
Hace unos 5 meses, conforme a la ley N° 20.285, de Transparencia, le solicitamos una información pública a María Isabel Gaete, actual Directora de Obras Municipales de Estación Central para saber, respecto de los 75 permisos de edificación y 30 resoluciones de anteproyectos cursados por su antecesor a partir del año 2013, si se habían acatado los dictámenes de la Contraloría que los declaró contrarios a derecho y que, por ello, debían ser invalidados.
Le pedimos que nos informara sobre:
1.- los Anteproyectos cuyos titulares se desistieron de solicitar permisos de edificación,
2.- los Permisos de edificación invalidados conforme al artículo 53° de la Ley N° 19.880,
3.- los Permisos de edificación cuyas estructuras cuentan con recepción final de obras y
4.- las sumas ingresadas al municipio por concepto de derechos municipales asociados al presupuesto de cada permiso de edificación.
Como dicha funcionaria municipal no respondió, se formuló un reclamo ante el Consejo para la Transparencia (CplT), el cual fue rechazado por ser extemporáneo, lo que motivó una reciente reunión telemática con su presidenta, Gloria de la Fuente y sus abogados, a quienes se les explicó la fundada razón que teníamos para disponer de esa documentación. Convenimos que se solicitaría nuevamente esa información, avisándole al CplT para el debido control, lo que se materializó el 1° de marzo de 2021.
Explicitamos la corrupción y la impunidad
A continuación, reproducimos la perentoria orden del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dirigida al DOM de Estación Central, Marco Antonio Vidal, cuando el alcalde era Gustavo Hasbún, oficio vinculante que, hasta ahora, ningún medio de prensa lo ha aludido posiblemente porque se ha conservado en reserva por sus graves implicancias. En efecto, ese oficio es determinante para entender la razón de la existencia de tales guetos verticales aprobados a partir del año 2013 por el DOM, Armin Seeger, quien sucedió en el cargo al anterior, cuando el alcalde era Rodrigo Delgado, actual ministro del Interior.
Se trata del ORD. N° 0549 del 10 de julio de 2007 (sic) más de 13 años atrás, del jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) de ese ministerio, Luis Eduardo Bresciani, quien responde una consulta del DOM de Estación Central, en orden a si podía aprobar un anteproyecto aislado sobre construcción continua en un sitio de la Alameda 4499 de esa comuna. Se le contestó que, como en la zona en donde está previsto el anteproyecto, no existe normativa para la edificación aislada sobre la continua, ello era inviable.
Categóricamente la autoridad superior le manifestó al DOM que es imposible que una edificación continua, sin normas que la delimiten, varíe libremente la altura de su volumen, exponiéndole claramente que esa función municipal no puede autorizar agrupamientos de edificación continua, en tanto no exista un instrumento normativo local que perfeccione dicha norma.
Después que se conoció el bochorno de los guetos verticales ilegales, para el sector en donde ellos están localizados, el 25 de abril de 2018 se publicó en el Diario las normas urbanísticas respectivas, con altura máxima de 12 pisos, en el PRC.
Cuando la DOM de Estación Central cumpla con su deber legal de entregarnos la documentación solicitada, estaremos en condiciones de calcular el monto total de las inversiones y con ese guarismo establecer las utilidades estimadas que han obtenido ilícitamente los titulares de los edificios, a sabiendas que no se ha invalidado ningún permiso, es decir, desacatándose sin sanción alguna, los contundentes dictámenes de la Contraloría, lo que consideramos inexplicable.
Muchos de esos empresarios han recurrido a la Justicia argumentando puerilmente que la Contraloría no tendría atribuciones para revisar tales permisos, lo que ha sido desestimado por fallos de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema.
De acuerdo a cálculos preliminares suponemos que la totalidad de las inversiones son del orden de los US$ mil doscientos millones, con utilidades que podrían ascender a los US$ 300 millones, suma que en algunos casos estaría bien protegida en secretos paraísos fiscales de Panamá o de ciertas pequeñas islas del Caribe.
Hasta el momento todos los funcionarios del gobierno que debían haber procedido con probidad para evitar la violación a la ley, han optado por desentenderse y por lo tanto, han tolerado este tipo de millonaria corrupción y como probablemente se mantendrán silentes, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado (PS) Fidel Espinoza, conforme a su rol fiscalizador, debería tomar cartas en el asunto para que se investigue a fondo lo sucedido, citando a todas las autoridades que han sido complacientes con estos vicios al mercado y a nuestro Estado de Derecho.
Si ello no acontece, quiere decir que el despelote es total y que el camino de las trampas es el propicio para ganar plata sin control de nadie, dándose señales claras a los capitalistas que manejan los conocidos fondos buitres para que vengan a Chile, pues aquí las instituciones públicas no funcionan.