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Desde febrero de 2020 la Contraloría General de la República, en adelante la Contraloría, está investigando presuntas irregularidades en el estudio de ingeniería de la ampliación y mejoramiento del Tramo 6 de la autopista concesionada Vespucio Norte. Entre otras cosas, y tal como ha ocurrido en el tramo oriente de esa misma vía, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no ha respetado su propia norma de diseño vial, “errores voluntarios” de ese servicio público que significan mayores riesgos para los usuarios de esas autopistas y que surgen al tratar de insertar, a la fuerza y al mínimo costo, esas invasivas obras viales en áreas urbanas en donde existen múltiples restricciones físicas al diseño de las mismas, ello en comparación, por razones obvias, con las áreas rurales donde se ejecutan las autopistas interurbanas.
Recordemos que la autopista Vespucio Norte no fue evaluada ambientalmente, a pesar de que la ley Nº 19.300 y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) estaban vigentes desde abril 1997, mucho antes de la fecha del llamado a licitación pública en 2001. El artículo 10º de dicha ley y el artículo 3º del Reglamento del SEIA vigente en esa fecha establecían que las autopistas debían ingresar obligatoriamente al SEIA. Por lo tanto, fueron las autoridades “competentes” del gobierno de Lagos, las que permitieron esa vergonzosa falta a la probidad administrativa y el grosero incumplimiento de la ley ambiental. Hasta ahora, como es habitual en Chile, nadie ha sido sancionado por aquello.
No debemos olvidar tampoco el ardid utilizado por el MOP para evitar el ingreso al SEIA de la autopista Vespucio Sur, de la españolísima Sacyr, donde ese ministerio en connivencia con la anterior Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) declararon que el proyecto no era autopista, sino que una mera autovía. Frente al fundado reclamo de la fundación Defendamos la Ciudad en la Contraloría, ello a solicitud de los perjudicados vecinos del trazado, el ente fiscalizador objetó el inicuo proceder de tales órganos de la Administración del Estado, entonces en manos de los políticos Carlos Cruz (PS) y Pablo Badenier (DC), respectivamente.
Así, el proyecto Vespucio Sur extemporáneamente debió someterse al SEIA mitigándose en una parte muy pequeña sus impactos ambientales. Por lo dicho, dejamos en evidencia la ofensa ambiental cometida contra los vecinos del sector, cuyas autoridades locales, alcaldes y concejales, que por ignorancia u otras razones no fueron capaces de defenderlos frente al propio Estado, comandado por un presidente que, cuando terminó su mandato, fue aplaudido por los empresarios y luego ungido por algunos como paladín de la defensa del medio ambiente.
Como al MOP nada lo detiene en sus afanes, en septiembre de 2020 presentó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto en el Tramo 6 de la autopista Vespucio Norte, obra que va entre las autopistas Ruta 68 y Ruta 78 de Santiago a Valparaíso y San Antonio, respectivamente. Como era de esperarse, ese servicio ambiental resolvió que el proyecto no requiere ingresar obligatoriamente al SEIA. Los interesados pueden revisar los antecedentes en el SEA-Servicio de evaluación ambiental usando el código PERTI-2020-13863.
Debemos señalar que las obras en el Tramo 6 todavía no se inician, pero el MOP tiene previsto comenzarlas este año utilizando, probablemente, el mecanismo establecido en el artículo 69 del reglamento de Concesiones, para lo cual basta un decreto supremo del MOP con la firma del Ministro de Hacienda.
Ese mecanismo se ha prestado para malas prácticas y uso ineficiente de los recursos públicos. En efecto, según una investigación de 2009 de Eduardo Engel, Ronald Fischer, Alexander Galetovic y Manuel Hermosilla: “Una de las características más importantes de las renegociaciones bilaterales [de los contratos de concesión] es que no son fiscalizadas por terceros. Peor aún, los montos que el Estado se compromete a pagar en el futuro no son autorizados por el Congreso cuando se discute la ley de presupuestos. La solicitud de fondos se hará en el futuro, cuando el Estado ya se ha comprometido contractualmente a pagarle al concesionario”. Continúan los autores señalando, “De manera similar, si el MOP prevé que sus errores de diseño pueden corregirse mediante una renegociación posterior sin exposición pública, tendrá pocos incentivos para cuidar el diseño de sus proyectos. Por último, las renegociaciones estimulan la irresponsabilidad fiscal y el uso de las concesiones con fines electorales, porque permiten que el gobierno corriente se endeude sin pasar por los mecanismos presupuestarios usuales. Los números sugieren que este efecto podría ser considerable, pues en las renegociaciones dos tercios de los compromisos del MOP no son pagados por la administración actual”.
Volviendo al tema ambiental, todo indica que el SEA emitió esa resolución sin analizar la información entregada por el MOP porque en el Punto 3.9.1 d.2) de la consulta de pertinencia se dice, por ejemplo, que con la ampliación a 4 pistas de la vía expresa se incrementarán significativamente los niveles de presión sonora en el Tramo 6, que ya superan la norma del D.S. Nº 38/2012 para la Zona II en 5 de los 25 receptores analizados.
Según el MOP se producirán aumentos de más de 10 db (A) en la presión sonora, con lo cual se llegaría a más de 90 db (A) para los receptores denominados R20 y R22. Según la “Guía para la predicción y evaluación de Impactos por Ruido y Vibraciones en el SEIA”, con 85 db (A) existe riesgo de pérdida auditiva para todos los seres vivientes.
Al final, en 20 de los 25 receptores de ruido se supera la norma del D.S. Nº 38/2012 según la proyección del MOP, producto del tránsito vehicular a mayor velocidad y en mayor cantidad como consecuencia de la incorporación de 1 pista de circulación en cada sentido. Frente a esta situación, el MOP simplemente propone, sin ingresar al SEIA, la instalación de pantallas de mitigación de ruido. En el Tramo 6 existen muchas casas, varios edificios en altura de departamentos, un colegio, un jardín infantil y un instituto profesional.
Se concluye de los antecedentes proporcionados por el MOP que la ampliación a 4 pistas de la vía expresa modificará sustantivamente la magnitud de los impactos ambientales de la autopista. Por lo tanto, según el Ord. Nº 131.456/2013 de la Dirección Ejecutiva del SEA que imparte instrucciones sobre Consultas de Pertinencia, el proyecto de mejoramiento y ampliación del Tramo 6 genera cambios de consideración en la autopista Vespucio Norte y, en consecuencia, por aplicación del artículo 2º letra g.3) del Reglamento del SEIA, dicho SEA debió resolver su ingreso obligatorio a al SEIA.
Como ya se dijo, ese servicio resolvió lo contrario, ignorando los antecedentes recibidos de parte del MOP e incumpliendo a sabiendas las instrucciones de la Dirección Ejecutiva del SEA y el reglamento del SEIA, permitiendo en definitiva que la autopista Vespucio Norte continúe eludiendo su ingreso al SEIA, afectando intensamente a los vecinos de las comunas de Pudahuel y Maipú.
Pero, como contraparte, no podemos ignorar que en la zona oriente de Santiago, con un generoso subsidio estatal de US$ 500 millones, pagado por todos los chilenos, las empresas OHL y Sacyr están construyendo bajo el suelo la autopista Américo Vespucio Oriente (AVO), con cual se evitará afectar con el ruido que generará la obra a los vecinos de Las Condes y Vitacura. En este caso, hay un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, el que ha merecido objeciones por parte de profesionales calificados debido a la realización de cambios de trazados, motivo por el cual las reclamaciones llegaron al llamado Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
En cambio, en las comunas de la zona poniente, Pudahuel y Maipú, no hay estudio ambiental y el MOP propone simples pantallitas de reducción de ruido para reducir el impacto en la salud de la población. ¿Hasta cuándo los gobiernos (de izquierda y derecha unidos) permiten y avalan estas obscenas desigualdades?
Este nuevo agravio del Estado a los residentes de comunas donde no viven aquellos que toman las decisiones políticas y económicas del país fue recientemente denunciada en la Contraloría por la concejala de Pudahuel, Gisela Vila, quien lleva años reclamando en todas las instancias por las malas prácticas en esa comuna realizadas por empresas inmobiliarias, la propia municipalidad y distintos organismos públicos que no han cumplido las funciones que les asigna la ley. Nuestro reconocimiento a dicha concejala que busca incansablemente la probidad.
Esperaríamos que nuevamente la Contraloría detenga las actuaciones irregulares del MOP y del SEA. En el caso del MOP al desarrollar un proyecto que no cumple su propia norma de diseño vial y tener el descaro de presentarlo en una consulta de pertinencia y en el caso del díscolo SEA, por no considerar los antecedentes entregados por el MOP, que advierten efectos significativos en la salud de los residentes del sector, y no cumplir la normativa ambiental que rige sus funciones.
Sería necesario también que la alcaldesa (UDI) Barriga y el alcalde (PS) Carrasco se pongan las pilas defendiendo los intereses de sus comunidades, más aún, teniéndose en cuenta que en abril próximo habrá elecciones populares para esos cargos, aunque el alcalde Carrasco no puede repostularse, debido a que la ley ad hoc se lo impide pues ha estado ejerciendo el cargo por extensos 29 años.