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A solicitud del diputado Tomás Hirsch el lunes 10 de agosto de 2020, en modo telemático, sesionó la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Maya Fernández, teniendo como contraparte al ministro de Defensa, Mario Desbordes, acompañado por el Comandante de Bienestar, General José Marzal.
En esa instancia se abordó la controversia existente, entre la comunidad de La Reina, liderada por su alcalde Juan Manuel Palacios, concejales, ex concejales y otros tantos, y la decisión del Comando de Bienestar del Ejército, “administrador” de un terreno de 6,87 hectáreas que desea ofrecer en el mercado con un precio base de UF 862.872, suma con la cual, según se estableció en la sesión, se orientará a construir viviendas que se asignarán a los integrantes de esa rama de las FFAA. El general Marzal en su exposición dejó de manifiesto que las viviendas se necesitan con urgencia y que, por ello, el asunto ya estaba decidido.
Intervinieron en la sesión expresando distintos puntos de vista, aparte de los nombrados, los diputados Jorge Brito, Osvaldo Urrutia, Gabriel Ascencio, Jaime Tohá y Leonidas Romero, sin que pudiera emitir su juicio el ex diputado por La Reina y Peñalolén, Jaime Pilowsky, ex presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, pues en la votación para que él terciara en el debate, realizada por los miembros de dicha Comisión, no alcanzó los votos necesarios.
Los diputados Ascencio, Tohá y Romero, expresaron sus particulares puntos de vista sobre el asunto puntual de La Reina, pero tuvieron el buen criterio y visión de futuro de proponer una solución de fondo al problema que se suscita permanentemente con este tipo de incursiones comerciales, por parte de las instituciones armadas.
El ministro Desbordes argumentó que el Comando de Bienestar del Ejército tenía ya aprobada una licitación pública para vender el terreno al mejor postor y el diputado Urrutia, reconocido partidario del pasado gobierno militar, apoyó sin reservas la decisión que había adoptado el Ejército, mostrándose a favor de un cambio legislativo para que en el presupuesto anual de fondos que se le entregan a las FFAA, exista un ítem especial para adquisición de viviendas que ocupan transitoriamente tanto los oficiales, suboficiales y clases, en sus diferentes recorridos por todas las regiones del país.
Este columnista, en ocasiones anteriores, desde hace unos 2 años, ya se ha referido a la figura del patrimonio de afectación fiscal (PAF), con el cual no solo el Ejército, sino también las otras instituciones de la Defensa Nacional, venden o arriendan a terceros, inmuebles fiscales que les han sido donados por el Estado exclusivamente para sus necesidades institucionales.
Debido a que estas curiosas y lucrativas actividades mercantiles no eran las apropiadas en un Estado de Derecho, en el año 1998, la ministra de entonces de Bienes Nacionales, Adriana Delpiano, le solicitó a la Contraloría General de la República un dictamen aclaratorio, el que, con el arquitecto Miguel Lawner, conocedor por experiencia personal de estos PAF, en su oportunidad, exactamente el 30 de abril de 2019, en una grata entrevista, se lo entregamos en sus manos a las dos distinguidas asesoras jurídicas del ex ministro del ramo Alberto Espina, ya que él no pudo recibirnos.
Así fue como el 9 de julio de 1998, en el dictamen dictamen N° 23752 firmado por el Contralor General de la República, Arturo Aylwin, se resolvió que “la facultad de asignar bienes raíces fiscales a los patrimonios de afectación de los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas, contenida en el artículo transitorio del DFL N° 1, de 1971, del Ministerio de Defensa Nacional, se encuentra extinguida, por lo que se deja sin efecto toda jurisprudencia contraria al presente dictamen”
En ese dictamen, vinculante para todos los órganos públicos que la Contraloría fiscaliza, acorde a su ley orgánica constitucional Nº 10.336, se concluyó que, aludiendo a las actuaciones pasadas de las FFAA, “………no cabe objetar los actos administrativos a través de los cuales se efectuaron asignaciones de bienes fiscales al amparo del criterio que hasta esta fecha sustentara esta Entidad de Control, sin perjuicio que para el futuro rija plenamente lo dictaminado en el presente oficio”.
Si el gobierno, en este caso en particular, desea promover el imperio del derecho, y en tal sentido confiamos en la sabiduría y prudencia del ministro Desbordes, el terreno fiscal de marras no puede ser ofertado en el mercado inmobiliario por su actual administrador, sino esperar lo que resuelva la referida Comisión de Defensa de la Cámara. En todo caso, estamos totalmente de acuerdo en que el Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, le siga asignando inmuebles fiscales a todas las ramas de las FFAA y de Seguridad Pública, para que éstas puedan cumplir a cabalidad sus importantes roles institucionales.
Ahora bien, no sabemos lo que sucederá con el sitio eriazo de La Reina, pero el sentido común indica que ahí se pueden construir cientos de viviendas de integración social con magníficas áreas verdes de recreación y equipamientos comunitarios, tan necesarias en estos tiempos de pandemia y hacinamiento que padecen las familias más pobres. No podemos olvidar que el Ejército es un órgano público centralizado dependiente del Ministerio de Defensa que carece de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Así las cosas, estamos 100% de acuerdo con las propuestas de los diputados Ascencio, Tohá y Romero para que el gobierno aborde este delicado asunto de la manera más seria posible, dejándose en claro que la indicación del diputado Urrutia es lo más racional para terminar, a partir del presupuesto nacional del año 2021, con estas actuaciones asaz discrecionales que recién ahora se están conociendo.