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Un nuevo ejemplo de "errores" cometidos por quienes están investidos de autoridad es el Dictamen Nº 2.755 del 3 de febrero de 2020, a través del cual la Contraloría establece que la Seremi Minvu Región Metropolitana de Santiago equivocó su análisis.
Los que se interesan en temas de urbanismo, vivienda y medio ambiente saben que periódicamente la Contraloría General de la República informa a las Secretarias Regionales Ministeriales (Seremis) de Vivienda y Urbanismo que sus pronunciamientos no se ajustan a derecho. Algo que a ciertos actores del mercado inmobiliario, los más abusadores, les parece una inaceptable intromisión en las “fundadas” decisiones técnicas de esas Seremis.
Un nuevo ejemplo de “errores” cometidos por quienes están investidos de autoridad es el Dictamen Nº 2.755 del 3 de febrero de 2020, a través del cual la Contraloría establece que la Seremi Minvu Región Metropolitana de Santiago equivocó su análisis, contenido en el oficio Ord. Nº 5.278 de 2018, al permitir una actividad productiva que incluye el almacenamiento de sustancias peligrosas en la zona rural ISAM-2 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), al interior del centro logístico Bodenor Flexcenter en ENEA, comuna de Pudahuel.
Con motivo de ese error de la seremi, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del respectivo proyecto pudo continuar campante su tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y debido a la ignorancia de aquellos que ejercen el poder obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable el 5 de agosto de 2019. Vale mencionar que durante el proceso de evaluación ambiental se realizaron 46 solicitudes de inicio de proceso de participación ciudadana de personas jurídicas y 29 solicitudes de grupos de personas naturales, todas las cuales fueron rechazadas por la autoridad ambiental. Está claro entonces que cuando el gobierno dice promover la participación ciudadana es una vulgar mentira.
El Alcalde Johnny Carrasco quien, para proteger a la comunidad, pidió el pronunciamiento jurídico de la Contraloría, ahora tendrá que ejercer las acciones que le permite la ley para evitar el funcionamiento de esa actividad peligrosa. Entendemos que dicho alcalde debería quejarse además frente al ministro Cristián Monckeberg porque, a raíz de ese grave desacierto de la institucionalidad “competente” seguramente el asunto terminará en los tribunales de justicia.
Tal alcalde con sus abogados municipales tendrán que defender los intereses de la comuna frente a los empingorotados y por lo tanto costosos abogados que serán contratados por la empresa afectada, mientras los funcionarios públicos que laboran en la Seremi Minvu RM continuarán ejerciendo cansinamente sus tareas como si nada hubiese pasado.
Pero las buenas noticias para Pudahuel no terminan allí. En ese mismo dictamen la Contraloría precisa que los terrenos al norte del centro logístico Bodenor Flexcenter están fuera de la zona ISAM-2 y su uso está regulado por el artículo 8.4.1.3 “De Aeropuertos, Aeródromos y Radio Ayudas” letra “a” de instrumento normativo PRMS, que solo permite equipamientos de áreas verdes, recreacional, deportivo y esparcimiento al aire libre, con un reducido coeficiente de constructibilidad igual a 0,01.
Por lo tanto, la comunidad, si se aplica correctamente la legislación, además de no tener funcionando una actividad peligrosa en las inmediaciones de sus casas, podrá disfrutar de las nuevas instalaciones deportivas y parques que se construirán en el sector y para eso ya hay un importante avance con la urbanización de una parte de esos terrenos rurales.
Por último, poniéndonos mal pensados, ¿será posible que alguien con más poder que el alcalde tenga otros planes más “productivos” para esos bien localizados predios? Ojalá que ello no sea así y quisiéramos que pronto terminemos con los “errores” forzados de la administración que recurrentemente favorecen a los apiputados actores privados y llamamos a los funcionarios de la Seremi Minvu RM que estudien con suma aplicación las normas fijadas en el PRMS.