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Cuando el viernes 6 de septiembre pasado dimos a conocer el fallo de la Corte Suprema y ante la aplicación de la ley que ordena demoler los edificios ilegales, la arquitecta Ana Sugranyes nos propuso que se debería demoler solo una torre como una señal ejemplificadora al mercado y que el Estado expropiara el resto al precio del avalúo fiscal que tienen, que como sabemos es muy bajo, colocando estas infinitas viviendas ya en calidad de públicas, como stock al servicio de inmigrantes o demanda temporal para comunidades en fase de regeneración urbana, sin perder de vista una solución efectiva para las familias que residen al pie de las torres.
La Ley General de Urbanismo y Construcciones dice que “El Secretario Regional de Vivienda y Urbanismo podrá, fundadamente y con auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario, ordenar la paralización y, por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras que se ejecuten en contravención a los planes reguladores o sin haber obtenido el correspondiente permiso municipal, con el solo informe del Director de Obras Municipales respectivo, quien deberá emitirlo dentro del plazo máximo de 15 días.
La resolución que ordene la demolición deberá notificarse por un ministro de fe en la forma establecida en el artículo 151° y en su contra sólo procederá la reclamación ante la justicia ordinaria dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde la fecha de notificación. Transcurridos 10 días hábiles desde el vencimiento del plazo indicado en el inciso anterior, sin que haya sido notificado el reclamo, el Servicio Regional respectivo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo procederá, sin más trámite, a la demolición. La reclamación se someterá a los trámites indicados en el artículo 155°. Los gastos que irrogue la aplicación de este artículo serán de cargo a los fondos consultados en el presupuesto del Servicio Regional respectivo”.
Esta explícita disposición legal la hemos transcripto a raíz del fallo unánime de los 5 ministros que conforman la 3ª Sala de la Corte Suprema, conocido el 5 de septiembre pasado que confirmó lo que antes había dictaminado la Contraloría General de la República y el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en orden a que la altura de la edificación continua, debe encontrarse en el plan regulador respectivo, de modo que en su ausencia, caso de Estación Central, no se puede aplicar la regla de “libre determinación” alegada por las inmobiliarias que obtuvieron alegres permisos de edificación por parte del imaginativo Director de Obras Municipales (DOM) de Estación Central.
El contundente fallo de la Corte Suprema se refiere a 4 proyectos ilegales de la avispada constructora Suksa que quedaron en nada y por razones obvias dicho criterio del máximo tribunal del país aplica a todos los edificios en altura, con agrupamiento continuo, que son en esa díscola comuna aproximadamente 60 guetos verticales. Se infiere por lo tanto que el destino natural de todos esos edificios ilegales es la demolición impartida por el Secretario Regional de Vivienda y Urbanismo, tan pronto revise este delicado asunto con su ministro, a sabiendas que en nuestro país es recurrente la impunidad.
En esta tribuna dejamos de manifiesto que la Cámara Chilena de la Construcción y sus adláteres, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Asociación de Oficinas de Arquitectos, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Colegio de Arquitectos de Chile, Asociación de Directores de Obras Municipales y la mayoría de estos profesionales que se desenvuelven en este tipo de negocios de alto vuelo, con matices, estaban de acuerdo con la irrupción de esas descarriadas torres en la comuna de Estación Central. Estimamos que lo hacían como un comportamiento corporativo y a la luz de lo sostenido por la justicia, esperaríamos de ellos un arrepentimiento público por sus dichos anteriores y un compromiso a partir de ahora con la probidad y transparencia en sus quehaceres.
Aunque no tenemos la cifra exacta, sabemos que unas cuantas de esas invasivas edificaciones habitacionales de entre 800 y 1.200 pequeños departamentos de entre 20 m2 y 40 m2 útiles, ya cuentan con la recepción final definitiva de la municipalidad, luego en esas celdas ya viven familias o individuos solos, la mayoría en calidad de arrendatarios, tanto chilenos como mayoritariamente extranjeros, pues el negocio para los inversionistas es disponer de esos minúsculos habitáculos acogidos al DFL2 de 1959 para explotar su renta, aprovechando las innumerables franquicias tributarias que el ingenuo Estado chileno todavía mantiene para ese estatuto por presiones de la habilidosa industria inmobiliaria, la misma que se caracteriza por ser la que tiene los mejores atributos en la gestión de lobby con los políticos de turno.
Otros tantos edificios en altura se construyen aceleradamente en Estación Central pensando sus ávidos capitalistas que obteniendo la mentada recepción final municipal, van a lograr hechos ilegales consumados debido a lo que ellos, con ademanes muy serios y circunspectos, llaman derechos adquiridos conforme a la certeza jurídica que debieran tener a todo evento los actos administrativos obtenidos con mañosas interpretaciones de tinterillos.
Cuando el viernes 6 de septiembre pasado dimos a conocer el fallo de la Corte Suprema y ante la aplicación de la ley que ordena demoler los edificios ilegales, la arquitecta Ana Sugranyes nos propuso que se debería demoler solo una torre como una señal ejemplificadora al mercado y que el Estado expropiara el resto al precio del avalúo fiscal que tienen, que como sabemos es muy bajo, colocando estas infinitas viviendas ya en calidad de públicas, como stock al servicio de inmigrantes o demanda temporal para comunidades en fase de regeneración urbana, sin perder de vista una solución efectiva para las familias que residen al pie de las torres.
En atención a la existencia del proyecto de ley sobre las “viviendas integradas”, aprobado con trampas el 14 de agosto pasado en la Cámara de Diputados, pues lo votaron favorablemente diputados inmobiliarios que tenían conflictos de interés, el arquitecto Mario Neira propuso que, aprovechando esta motivación en boga por parte del gobierno, con tal de no demoler ninguna de las torres ilegales, pues ello tendría un costo social gravitante, el Minvu debería hacer un análisis cuantitativo de la situación, con la idea de entregar un porcentaje de esos departamentos en condición de públicos a familias vulnerables, con lo cual se reducirían los campamentos: está claro que hay que acabar con el déficit de viviendas y naturalmente esta idea se puede mejorar.
Lo que no podría suceder bajo ninguna circunstancia es admitir que los especuladores obtengan gratis las ganancias y en tal sentido el gobierno tiene la palabra. Sería necesario que Piñera instruya al ministro Monckeberg para que se encuentre la solución equitativa para todos, a sabiendas que los inmobiliarios que sentaron sus bases en Estación Central tendrán que pagar un costo por sus ímpetus comerciales. Ellos apostaron a que nadie iba a detectar el ardid que concibieron, pero se equivocaron y ahora les toca rendir cuentas.