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Nos parece bien que la diputada cónyuge de Cristián Monckeberg, en esta democrática y libérrima tribuna de opinión, haya apoyado la aprobación de la ley con nombre bonito que arrasa, según decisiones discrecionales de funcionarios públicos, con las normas de edificación de todos los Planes Reguladores Comunales del país, ya que ella tiene como prioridad la lealtad a su distinguido marido.
Pero el asunto de fondo es otro y bastante más grave, ya que esa aprobación resultó viciada pues la votaron favorablemente unos cuantos diputados que tienen relaciones comerciales con la industria de la construcción. Todos ellos tenían el deber de haberse inhabilitado por ese conflicto de interés, lo que les fue representado a viva voz en la sala por un par de sus colegas, pero los desobedientes igual lo hicieron pensando posiblemente en los beneficios mercantiles que la ley les iba a otorgar.
El reglamento de la Cámara de Diputados es muy claro al respecto y lo que corresponde ahora, para evitar nuevas prácticas corruptas, es que la mesa de ese órgano legislativo llame a una nueva votación para que solo emitan sus preferencias los diputados que están habilitados para hacerlo. Así se legitimará su próximo resultado, sea cual fuere.
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