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Todos ellos tenían el deber de haberse inhabilitado por ese evidente conflicto de interés, lo que les fue representado a viva voz en la sala por un par de sus colegas, Manuel Monsalve y Juan Luis Castro, ambos médicos, pero los desobedientes igual emitieron sus votos pensando posiblemente en los beneficios mercantiles que la ley les iba a otorgar y por lo tanto sin medir sus graves consecuencias en el ámbito de la probidad.
Hemos tomado conocimiento por la prensa que al tenista chileno Juan Carlos Sáez, quien había integrado el equipo de la Copa Davis, el Programa Anticorrupción del Tenis lo sancionó el 19 de agosto pasado con un ejemplificador castigo de 8 años sin poder jugar en competencias e incluso sin acercarse a las canchas de ese deporte, más una multa de US$ 125.000, solo por no haber cooperado con una investigación sobre ciertas malas prácticas en los partidos en los que había participado.
La autoridad deportiva expresó que el aludido tenista no cumplió con la petición de entregar su teléfono móvil para llevar a cabo las investigaciones respectivas.Como observamos, se aplicaron con rigor las disposiciones internas que tiene la asociación respectiva, lo cual se debe entender claramente como una señal explícita para que todos los jugadores de tenis se comporten bien.
Ahora bien, el miércoles 14 de agosto pasado se votó en la sala de la Cámara de Diputados un proyecto de ley, según dicen sus promotores, referido a la inclusión social y urbana pero que, en la práctica, su contenido solo busca generar espacios fijados discrecionalmente, caso a caso, por funcionarios administrativos del Minvu, para que la gran industria inmobiliaria esté en condiciones de edificar proyectos que superan las normas urbanísticas de los distintos Planes Reguladores Comunales e Intercomunales.
El establishment neoliberal que todo lo ve en función del crecimiento económico, sin considerar para nada sus externalidades negativas, apoyó sin reservas esta ley que fue aprobada con 73 votos a favor, 55 en contra y una abstención, teniéndose presente que son 155 los diputados que debían emitir sus preferencias : haciendo la operación aritmética se concluye que 26 de esos legisladores se ausentaron, unos por fuerza mayor y otros decidieron voluntariamente que en la historia de esa funesta ley, si el Senado la aprueba más adelante, no se reflejaran sus votos.
Nos parece bien y más que razonable que la diputada Paulina Nuñez cónyuge del ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, adalid del estatuto legal, en un reciente programa televisivo haya apoyado con lindas palabras la aprobación de la ley que, como está dicho, es un escandaloso traje a la medida de los más poderosos inversionistas de la construcción. A ella la entendemos perfectamente pues tiene como prioridad la lealtad a su distinguido marido.
Pero al contrario de lo sucedido con el tenis, episodio que concluyó correctamente, el asunto de los diputados es bastante más grave, ya que esa aprobación resultó viciada debido a que la votaron favorablemente unos cuantos diputados que tienen relaciones comerciales con la industria de la construcción.
Todos ellos tenían el deber de haberse inhabilitado por ese evidente conflicto de interés, lo que les fue representado a viva voz en la sala por un par de sus colegas, Manuel Monsalve y Juan Luis Castro, ambos médicos, pero los desobedientes igual emitieron sus votos pensando posiblemente en los beneficios mercantiles que la ley les iba a otorgar y por lo tanto sin medir sus graves consecuencias en el ámbito de la probidad.
El reglamento de la Cámara de Diputados es muy claro al respecto y lo que corresponde ahora, para evitar nuevas prácticas corruptas, es que la mesa de ese órgano legislativo llame a una nueva votación para que solo emitan sus preferencias los diputados que están habilitados para hacerlo, pues así se legitimará su próximo resultado, sea cual fuere. Al contrario, si la mesa de la Cámara de Diputados se conforma con una simple citación al Comité de Ética para que los indisciplinados, con caras de buenas personas, expresen que no conocían esa disposición o que sus relaciones con la construcción son efímeras, sería una burla a la opinión pública.
Quienes tienen que resolver el entuerto son aquellos que conforman la mesa de esa corporación y no quisiéramos un nuevo hecho de impunidad, de los miles que se conocen en esta larga y angosta faja de tierra y por ello la Cámara de Diputados tiene que proceder tal como lo ha hecho el Programa Anticorrupción del Tenis con el jugador que se apartó de las sanas normas que tiene ese deporte.
Fuente: https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/21/los-diputados-tienen-que-recapacitar/