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Este proyecto de ley tiene suma urgencia y por ello la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, que representa a unas 200 organizaciones de la sociedad civil informada, se ha reunido con algunos diputados con el propósito de que esta pretensión gubernamental, que es un acomodado traje a la medida para el más influyente sector de la economía, no prospere. Está claro que los diputados de la derecha, sin importarles mayormente que esta ley posibilita arreglines con información privilegiada, lo cual colisiona con el discurso oficial que promueve la transparencia y el apego a la probidad, la votará a favor ya que su lealtad a Piñera está sobre todo.
Desde siempre el negocio de la construcción ha sido el regalón de todos los gobiernos y por ello, entre otros privilegios, las viviendas que se construyen y se venden hasta cierto monto están eximidas del IVA en las respectivas compraventas y como esa actividad mercantil ha resultado muy lucrativa, desde hace un par de años se construyen edificios con la totalidad de sus departamentos solo para arriendo, todos los cuales se enmarcan bajo la figura de las llamadas viviendas económicas amparadas en el DFL2 del año 1959 que otorga a sus propietarios un sinfín de beneficios tributarios vitalicios, siendo el más espectacular el que les garantiza a sus dueños no pagar impuesto a la renta por las platas que reciben mensualmente de sus arrendatarios.
También hemos tomado conocimiento que, por iniciativa de legisladores DC, se creará una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para que “analicen” las razones por las cuales infinidad de privados no pagan contribuciones de bienes raíces por sus terrenos o casas-habitación, ello utilizando artimañas que reducen significativamente los montos a pagar y que, por la recaudación del Fondo Común Municipal, se perjudica en muchos millones de dólares a las comunas más pobres que hay en Chile. Esa decisión se adoptó como consecuencia directa del programa televisivo de Informe Especial y tenemos el deber de expresar que este burlesco asunto, que es un fraude no penado, siempre se ha conocido y nunca abordándose con seriedad y si ahora esos diputados quieren investigar es solo por el impacto mediático que produjo en la opinión pública esa necesaria denuncia de prensa.
Ya que estamos hablando de situaciones indignantes, no podemos omitir la trampa que desea implementar el actual gobierno, exactamente el Ministerio de Economía, a través de su oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que opera formalmente como una Secretaría Ejecutiva del Comité Asesor de Proyectos Sustentables (sic), creado el 14 de mayo del año 2018 según Decreto Supremo Nº 99. Este Comité, vulgar grupito de funcionarios públicos expertos en incumplir las legislaciones, está integrado por los Subsecretarios de las carteras de Economía, Defensa, Obras Públicas, Salud, Agricultura, Minería, Bienes Nacionales, Energía, Medio Ambiente y Cultura.
En el ámbito de la Cultura accionó con singular maestría ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para que este servicio de la Administración del Estado dejara sin efecto la declaratoria que tomó el año 2017 para que 2 edificios y un terreno con una superficie de 4.300 m2 del otrora Conjunto Habitacional Villa San Luis que contemplaba 1.000 viviendas sociales de verdad, quedara en nada para beneficiar un mega proyecto inmobiliario de un astuto privado dueño del predio.
La Villa San Luis, localizada enfrente del Parque Araucano, comuna de Las Condes, que en un tiempo se llamó Población Carlos Cortés, en reconocimiento del fallecido obrero de la construcción que ejerció el cargo de ministro de Vivienda y Urbanismo bajo el gobierno de Salvador Allende, fue proyectada por la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) dirigida en aquella época por el arquitecto Miguel Lawner, actual Premio Nacional.
El CMN, suponemos que sin medir sus consecuencias, hace un par de meses, redujo a escasos 300 m2 la superficie predial declarada anteriormente como Monumento Nacional y aceptó en una operación express un informe “técnico” preparado por alguien, posiblemente un estudiante en práctica, que recomendaba la demolición inmediata del edificio que todavía queda en pie, ya que el otro fue demolido subrepticiamente por el inmobiliario interesado, contando para ello con una oportuna autorización municipal. Lo grave es que ese informe denominado de cálculo estructural fue convalidado por ingenieros del Ministerio de Obras Públicas (MOP) quienes solícitos estamparon sus rúbricas para darle seriedad al anterior.
No sabemos qué sucederá finalmente con este conflicto, pero sí tenemos conocimiento que la Corte Suprema rechazó un recurso de protección de la inmobiliaria, empresa que se sentía perjudicada por el Decreto de 2017 que protegió patrimonialmente la memoria histórica de los 2 vestigios de edificios y la superficie de 4.300 m2 del terreno de la discordia.
En otro orden de ideas, recientemente sesionó la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados para abordar un proyecto de ley llamado de Integración Social y Urbano que propone diversos beneficios al sector inmobiliario para ciertos polígonos en aspectos tales como mayores alturas, mejoras en densidades habitaciones, usos de suelo, rasantes, distanciamientos y otros, que fijaría caso a caso el propio Minvu, cambiando discrecionalmente las normas urbanísticas fijadas en los planes reguladores comunales e intercomunales, sin respetar en lo más mínimo las zonas de Conservación Históricas listadas en los esos instrumentos de planificación urbana y las Zonas Típicas regidas por la ley Nº 17.288
Este proyecto de ley tiene suma urgencia y por ello la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, que representa a unas 200 organizaciones de la sociedad civil informada, se ha reunido con algunos diputados con el propósito de que esta pretensión gubernamental, que es un acomodado traje a la medida para el más influyente sector de la economía, no prospere. Está claro que los diputados de la derecha, sin importarles mayormente que esta ley posibilita arreglines con información privilegiada, lo cual colisiona con el discurso oficial que promueve la transparencia y el apego a la probidad, la votará a favor ya que su lealtad a Piñera está sobre todo.
Leyendo la web de la Cámara de Diputados estamos al tanto que este asunto se votará en general el próximo miércoles 7 de Agosto y veremos cómo se comportarán los 150 diputados que representan a sus electores. Muchos lo aprobarán y será interesante conocer sus nombres, pero si llegara a operar el sentido común, tal proyecto debiera rechazarse con la tarea para el Minvu redacte uno nuevo que refleje el sentir de la ciudadanía y no el interés de la industria de la construcción.
Fuente: https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/04/en-la-regulacion-territorial-siempre-ganan-los-poderosos/