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Aunque el miércoles pasado los políticos que mandan resolvieron demoler el último block sobreviviente y reducir en 4.000 m2 la superficie del terreno protegido en el año 2017, para que así el privado interesado pudiera construir más torres de oficinas de 19 pisos, el asunto no es definitivo pues los ex pobladores de ese ex conjunto habitacional de integración social irán a la Justicia, pues no existen razones fundadas para tirar al tacho de la basura la memoria histórica de esas miles de familias que fueron desalojadas con violencia de sus viviendas sociales por el Ejército en plena dictadura.
Estamos seguros que la Corte Suprema impartirá justicia.
Vea opinión en siguiente enlace: https://www.biobiochile.cl/biobiotv/opinion/puntos-de-vista/2019/07/12/monumento-nacional-villa-san-luis-gobierno-privilegio-un-millonario-negocio-inmobiliario.shtml