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La Intendenta metropolitana, Karla Rubilar, anunció la semana pasada que desecharía el proyecto Nueva Alameda-Providencia con el que se pretendía remodelar el principal eje urbano de la capital. La iniciativa había sido impulsada por su antecesor, Claudio Orrego, con el apoyo transversal de autoridades municipales y sectoriales de la época. Este anuncio dio pie a que se publicaran, durante el fin de semana, diferentes columnas de opinión y notas de prensa sobre dicho tema.
Es frecuente escuchar a los arquitectos lamentarse, primero por la falta de concursos para edificación pública y luego porque los pocos proyectos adjudicados por esa vía son descartados. El asunto no es fácil para las autoridades que deben tomar esas decisiones. Detrás de la organización de un concurso hay mucho tiempo y un gran esfuerzo invertido. Por otro lado los premios y honorarios pagados a los equipos ganadores son un costo hundido que no se recupera nunca más. Por lo tanto, cuando deciden desestimar un proyecto es porque han llegado a la convicción de que la solución concursada no es viable por motivos técnicos, económicos, sociales y/o políticos. Como el fenómeno parece repetirse, resulta conveniente revisar lo que está sucediendo en nuestro país con la institución del Concurso Público de Arquitectura. .
El concurso es una modalidad que se usa para entregar un encargo profesional al equipo que presente la mejor solución a un problema de arquitectura y/o urbanismo. Tiene su origen en la antigua Grecia y se inspira en los principios de la democracia. Consiste en invitar a todos los interesados a proponer soluciones respecto de un tema de interés público, las que luego son evaluadas por un jurado competente e independiente bajo estrictas condiciones de anonimato.
Esto es muy importante ya que el punto débil de los concursos es que se presten para beneficiar a determinados equipos en desmedro del bien común. A mediados del siglo XX la práctica del concurso público de arquitectura era habitual en Chile. Se promovían desde el Estado y contaban con el aval de los colegios profesionales. Tal modalidad permitió desarrollar una exitosa red de edificios públicos a lo largo de nuestro país.
En marzo de 2015, el Intendente Claudio Orrego anunció por la prensa el llamado a un “Concurso Internacional” para remodelar 12 km del eje Alameda-Providencia. Se eligió la fórmula de dos etapas: la primera anónima abierta a todos los equipos que cumplieran las exigencias básicas y una segunda en la que podrían ofertar honorarios sólo los cinco equipos que seleccionara el jurado.
Las bases del concurso consideraban un extenso y detallado estudio preliminar, confeccionado por una consultora en conjunto con los equipos técnicos del Ministerio de Transporte, del MINVU, de las Municipalidades y legitimado mediante procesos abiertos de participación ciudadana y a este columnista una conocida ONG nos entrevistó. En la primera etapa se solicitó a los concursantes que entregaran una visión integral de desarrollo urbano para el área. Fueron 23 los equipos de arquitectos e ingenieros que entregaron sus propuestas.
El resultado de la primera etapa fue desconcertante: Quedaron seleccionadas cinco propuestas, similares entre ellas, que no cumplían con las Bases del Concurso. Estas pedían desarrollar un corredor de buses, en la pista izquierda de la Alameda junto al Parque Central, sin que se perdieran las actuales especies vegetales. Los cinco equipos seleccionados no respetaron esa condición, disponiendo el corredor sobre el actual parque lo que implicaba, no sólo destruirlo, sino que además aumentar significativamente el costo de ejecución a lo que también obligaban las bases. Posteriormente, la definición del equipo ganador no dejó de sorprender. La propuesta seleccionada hacía tabla rasa de la actual Plaza Baquedano a pesar de que las bases obligaban, explícitamente, a respetar el diseño tradicional de este emblemático espacio urbano capitalino.
En el proceso el jurado desechó, sin explicación alguna, 18 propuestas que en su mayoría se atenían a las Bases. Una incluso fue destacada en la primera fase con una mención honrosa lo que no fue suficiente para que la dejaran participar en la segunda parte del Concurso, cuando debió debatirse públicamente el “modelo de corredor de buses” que se quería para el principal espacio urbano de la ciudad. Si en su momento se hubiese hecho esa discusión se habría evitado todo el trabajo y esfuerzo en vano que hoy lamentan los promotores de la iniciativa.
En todo caso llama la atención que un concurso de arquitectura tan importante como éste no contara con el patrocinio del Colegio de Arquitectos ni de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, organizaciones gremiales que cuando se trata de criticar a la Contraloría porque hace bien su trabajo de fiscalización de los permisos de edificación que le son denunciados, ambas se ponen muy locuaces. Tampoco se han escuchado voces de arquitectos independientes que apoyen o que critiquen este proceso. Pareciera existir un “pacto de silencio” en torno al tema. En definitiva, el fracaso de este proyecto y de los otros tantos adjudicados vía Concurso Público de Arquitectura refleja la crisis por la que atraviesa esa Institución en Chile.