Defendamos la ciudad

Hace un par de meses en este medio de comunicación digital dimos a conocer, ver lo que proponían 10 diputados, en materia de Vivienda y Urbanismo, para simplificar las exigencias reglamentarias y legales necesarias para la obtención de permisos de edificación y otras materias relacionadas. Dos de esos diputados, Rodrigo González (PPD) y Marcelo Díaz (PS), a la luz de la denuncia, borraron sus firmas en dicho bochornoso proyecto de ley.

Este columnista supone que el oportuno arrepentimiento de aquellos legisladores se debe a la denuncia con publicidad y porque al conocerse el propósito de esa iniciativa entendieron que fueron sorprendidos por sus colegas que, digámoslo con claridad, buscan la impunidad a todo evento para este tipo de actos administrativos.

Ahora bien, hemos sabido que el gobierno, conforme a su propio interés, le dio urgencia a ese proyecto de ley, justificándolo porque así se destrabarán millonarias inversiones en el rubro de la construcción. Quien lidera este traje a la medida de esa influyente industria es el diputado (UDI) Juan Manuel Fuenzalida en conjunto con Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y experto lobbysta, lo que ha quedado reflejado en la portada de la edición del 8 de marzo del vespertino La Segunda.

Tal proyecto, según hemos sabido por un medio de prensa de provincia, se pondrá en la tabla del martes 12 de marzo en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados y tendrá una discusión que durará 30 días para luego pasar al Senado y si triunfa el lobby, en unos pocos meses más se publicaría este arreglín en el Diario Oficial para beneficio de aquellos inversionistas acostumbrados a hacer trampas en sus negocios.

Sus avispados promotores sostienen de que con esa ley se contará con certeza jurídica respecto al proceso de petición y otorgamiento de los permisos de edificación y para ello se le introdujo la disposición del silencio positivo, lo que en la práctica significa que, aunque sea ilegal una solicitud de permiso de edificación, si transcurre un cierto período de tiempo de tramitación, esa solicitud se transforma por bendición divina en un permiso terminal, con el cual su titular podrá iniciar el proyecto.

Para ir preparando el camino y por lo tanto para sensibilizar a la opinión pública, el pasado viernes 8 de marzo el diario El Mercurio publicó a colorida página completa el reportaje “Proyectos inmobiliarios detenidos afectan a 112 mil personas y US$ 5.700 millones en inversión“, con epígrafe “Cámara de la Construcción revisó 158 casos cuestionados en Santiago por la Contraloría y otros organismos”.

En esa vulgar inserción publicitaria se reproducen las opiniones de Patricio Donoso, mandamás y eximio cabildero de esa asociación gremial empresarial, quien hizo muy bien su labor de impresionar a los lectores, diciendo, entre otras cosas, que el entrampamiento en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios se debe a un cambio de criterio en la interpretación de la normativa aplicable que proviene de la Contraloría (sic).

Debido al mendaz tenor de esa publicación, pues la Contraloría siempre ha mantenido su jurisprudencia administrativa, el mismo día 8 de marzo le enviamos al director de ese medio de prensa, el siguiente mail, indicándose el número de nuestro celular.

“En razón a que nuestra fundación ha sido quien ha denunciado en la Contraloría la mayor cantidad de permisos de edificación y prácticas indebidas por parte de algunos municipios, con el solo propósito de que sus lectores conozcan la otra cara de la moneda, me pongo a disposición de su diario para que un periodista especializado me entreviste”.

Obviamente no hubo acuse recibo ni menos un llamado teléfono, por la sencilla razón de que ese diario, como toda la comunidad que se desenvuelve en esta actividad económica, sabe muy bien que todos los permisos de edificación cuestionados por la Contraloría son manifiestamente contrarios a derecho. Lo que ha sucedido con los arteros y destemplados reclamos de la industria inmobiliaria, es que con ellos hábilmente se armó un conflicto artificial para justificar el proyecto de ley en comento y además para ablandar el rol que ejerce el órgano de fiscalización por mandato de su propia ley orgánica constitucional.

Si esos bien organizados empresarios, siempre muy cercanos al poder político, dejaran de interpretar a sus gustos los marcos regulatorios para obtener ventajas, estamos ciertos que se terminarían las denuncias ante la Contraloría y así el mercado funcionaria correctamente, luego con igualdad de oportunidad para todos, criterio que es voceado permanentemente por ellos mismos, aunque como buenos farisaicos no lo cumplen.

Lo que sí es evidente, tal como se dice en el título de esta columna, hasta ahora el lobby de los bien organizados empresarios, está obteniendo su propósito y por ello para contrarrestar esa avalancha será necesario escuchar las opiniones de las innumerables organizaciones ciudadanas que se declaran como activistas anticorrupción. Por otro lado, esperaríamos una declaración pública del Frente Amplio, cuyos parlamentarios han sido muy críticos con los recurrentes abusos que cometen los privilegiados a través de sus grandes empresas.

En resumen, se debe desmantelar el obsceno texto de este proyecto de ley y los parlamentarios de todos los sectores políticos que se manejan bien en el tema, deben asumir un activo rol para transformarlo en un documento serio que busque el bien común.