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La municipalidad de Santiago, institución del Estado que sin razón alguna antepone a su nombre el vocablo ilustre, a través de su Dirección de Obras Municipales (DOM) otorgó ilegalmente el permiso de edificación Nº 16.060 a una empresa inmobiliaria para que construyera un hotel en el sitio eriazo de la calle Agustinas 720, colindante con el tradicional edificio de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ese acto administrativo no respetó la altura máxima establecida para ese sector en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago. En dicho permiso se señaló que el actor privado podía levantar su estructura con una altura equivalente al doble de la admitida en el instrumento normativo local (sic).
Por expresa solicitud del Seremi de Vivienda y Urbanismo, la Contraloría General de la República examinó la situación, emitiendo los dictámenes números 45.217 y 89.856, ambos de 2016 y número 13.931 de 2017, mediante los cuales se estableció con meridiana claridad que el mencionado permiso de edificación, por la razón ante dicha, era contrario a derecho y por ello instó formalmente al alcalde Alessandri para que se iniciara un sumario administrativo en la oficina técnica que había cometido “errores”.
Mientras tanto, la funcionaria pública, jefa de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, sin tener atribuciones para ello, curiosamente tomó parte a favor del negocio privado, solicitándole a la Contraloría una reconsideración a sus dictámenes y como era previsible, en su dictamen Nº 26.204 del 29 de octubre de 2018, la Contraloría desestimó esa inicua pretensión.
En un momento dado la DOM, en conocimiento pleno de que los dictámenes de la Contraloría son vinculantes, es decir, obligatorios para los servicios de la Administración del Estado que ella fiscaliza, hizo el ejercicio, tal como lo ordena el artículo 53º de la Ley Nº 19.880, de iniciar el proceso de invalidación del permiso mal cursado, pero acto seguido esa función municipal suspendió ese proceso, a instancias del privado quien decía que iba a interponer un recurso de protección en contra de las resoluciones de la Contraloría que lo perjudicaban.
Para justificar ese arreglo, el municipio se comprometió por escrito a respetar el futuro fallo judicial, en términos de que si la Contraloría se había equivocado en sus resoluciones, el permiso mantenía su validez y si la Contraloría había actuado correctamente, el permiso se debía invalidar en el plazo de los 2 años contemplado en la ley aludida.
En los alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) asumió la defensa de la Contraloría, escalando el caso hasta la Corte Suprema, instancia máxima que rechazó la acción judicial de la inmobiliaria, pero inexplicablemente la Municipalidad de Santiago no honró su palabra y por lo tanto no invalidó el permiso ilegal. Ante este desacato y como la Contraloría carece de las herramientas legales para apremiar a los servicios públicos que incumplen sus dictámenes, se vio en la necesidad de someterse a lo decidido por el díscolo municipio, lo que se reflejó en su dictamen Nº 4.559 del 13 de febrero de 2019.
Ahora la suertuda inmobiliaria tiene el camino abierto para edificar su hotel, violando flagrantemente la disposición de altura máxima contenida en el PRC de Santiago, ello gracias a la ausencia de probidad en el interior de la más antigua municipalidad del país. Estamos seguros que los dueños del permiso contrario a derecho están muy felices con los comportamientos negligentes de los funcionarios de la DOM, del alcalde Felipe Alessandri, mediático político de Renovación Nacional, de los concejales y de los innumerables abogados que allí ejercen sus profesiones.
Queda claro entonces que el eslogan Vendrán Tiempos Mejores del gobierno de Piñera se está cumpliendo a cabalidad para la influyente industria de la construcción.
Fuente: https://radio.uchile.cl/2019/03/03/alcalde-felipe-alessandri-desacata-dictamenes-de-la-contraloria/