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Queda claro entonces que el alcalde de Santiago desobedeció todos los dictámenes de la Contraloría y no honró su palabra de respetar el fallo de la Corte Suprema que rechazó el recurso de protección de la inmobiliaria, con lo cual tuvo que claudicar el Contralor General.
Así las cosas, si no se hacen las modificaciones legales para que la Contraloría pueda apremiar legalmente a los servicios públicos díscolos, nuestro país continuará en la senda de la corrupción desatada.