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Ante la constatación de múltiples permisos de edificación mal otorgados, conforme a dictámenes de la Contraloría General de la República y de la Corte Suprema, han surgido muchas voces e iniciativas reaccionando por lo que se ha denominado “incerteza jurídica de los permisos”, planteando diversos proyectos de ley.
Uno de tales proyectos, muy mal elaborado por lo demás, lo que hemos descrito en otros medios de prensa, ha sido patrocinado por el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida, junto con otros de sus colegas, basado en un diagnóstico errado.
En efecto, uno de los aspectos centrales de dicha propuesta, es dejar a firme los instrumentos de planificación una vez tomado de razón por parte de la Contraloría. Dicho planteamiento es falaz por los siguientes dos argumentos:
Primero, la mayor parte de los Planes Reguladores Comunales (PRC) donde hay actividad de la construcción, que coincide con la coexistencia de Planes Reguladores Intercomunales, se aprueban por decreto Alcaldicio, están exentos de la Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República, debido a que el artículo 53º de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades exime de dicho trámite a los actos municipales.
Segundo, aun cuando se trate de PRC que pasan por el trámite de Toma de Razón por Contraloría, debido a que ante la no existencia de un Plan Regulador Intercomunal se aprueban por Resolución del Intendente, en virtud del artículo 36º de la Ley 19.575, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, igualmente dichos instrumentos de planificación territorial están sujetos a un marco jurídico, conformado por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su Ordenanza General (OGUC), lo que ante cualquier modificación de estos dos últimos, va generando desajustes en los Planes Reguladores Comunales que, con justa razón, terminan declarándose contrarios a derecho por parte de la Contraloría.
Para lograr mayor certeza jurídica de los permisos de edificación, se requiere partir por someter la totalidad de los Planes Reguladores Comunales al trámite de Toma de Razón por Contraloría, de manera que el examen de legalidad sea preventivo y no a posteriori. Pero nada de eso recoge el proyecto de ley de tales diputados.
Existe un segundo proyecto de ley, aún no ingresado al Parlamento, anunciado por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, cuyo texto ya se hizo público. Esta segunda iniciativa yerra en el mismo punto, es decir, no indica que todos los PRC tengan toma de razón por parte de la Contraloría .
Otro factor que ha generado incerteza jurídica de los permisos, como los casos ocurridos en las comunas de Estación Central, Ñuñoa, Curicó, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Las Condes, entre otras, ha sido por causa de lo defectuoso del marco regulatorio en diversos temas, cuyo origen está en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la cual no se ha ajustado a 22 leyes que se han dictado en los últimos tiempos, y que aún no se han reglamentado.
Otro tanto ocurre con los excesos que se han cometido en los Planes Reguladores Comunales, los cuales, al estar exentos del trámite de Toma de Razón, suelen sobrepasar su ámbito de competencia, tal como lo ha expresado en innumerables ocasiones la Contraloría.
Ambos temas, es decir, los relativos a la OGUC y a los Planes Reguladores Comunales, no se solucionan con leyes, sino que haciendo la pega en orden a corregir administrativamente dichos cuerpos reglamentarios.
Por lo tanto, queda de manifiesto que para que exista certeza jurídica en los permisos de edificación sus titulares deben adscribirse siempre al marco normativo, asunto que estamos repitiendo majaderamente y que, mediante un cambio legal, debe existir la obligatoriedad de que todos los Planes Reguladores Comunales y sus modificaciones, deban someterse al examen preventivo de legalidad por parte de la Contraloría, incluyendo los actualmente vigentes que no lo hubieran hecho, asunto que no están siendo abordados por las dos iniciativas de proyectos de ley conocidos hasta ahora.
De no corregirse la dirección de tales iniciativas legales, el problema de incerteza jurídica se intensificará, al punto de hacer muy difíciles las inversiones en el sector construcción.