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En 2008 decidí comprar una casa en el condominio Jardines de Vespucio, sector de ENEA (Pudahuel). Lo hice con el sueño de darle a mi familia la calidad de vida que significaría residir al lado de un gran parque, tal como está proyectado en los instrumentos oficiales de planificación urbana: 16 hectáreas del Parque Intercomunal El Tranque, complementadas con 45 hectáreas dedicadas a “área verde”.
Cuando compramos, la Inmobiliaria Geosal (actual Aconcagua) nos mostró un plan maestro con las áreas verdes que se emplazarían aledañas al condominio. Todo reforzado por piezas gráficas que reproducían ese plan maestro en la sala de ventas de la empresa y por imágenes similares en la web de ENEA (subsidiaría de Enersis), además de planimetría expuesta en la Municipalidad de Pudahuel. Nunca pensamos que podía ser un ardid publicitario, porque todo estaba respaldado por los planes reguladores que hasta hoy consideran el Parque El Tranque y las áreas verdes complementarias ya mencionadas.
Sin embargo, el sueño comenzó a evaporarse cuando mi familia empezó a sentir vibraciones y ruidos por movimiento de tierra que realizaban maquinarias. Se había iniciado la urbanización del sector.
Con el tiempo, la fisonomía de la zona cambió con loteos y construcción de industrias. El entorno comenzó a transformarse en contradicción con el Plan Maestro que nos había mostrado la inmobiliaria, que aparecía en la web de ENEA y en los planos expuestos en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Pudahuel (DOM).
En este punto, me pregunté: ¿Cómo permiten en una comuna tan contaminada como Pudahuel, cambiar el uso de suelo de áreas destinadas a parque y áreas verdes, por la construcción de industrias?
Me sentía engañado. No solo por la inmobiliaria, sino también por la municipalidad.
Mi primer paso fue recopilar información, a través de la Ley de Transparencia, de todos los actores públicos involucrados: municipalidad, Ministerio de Medio Ambiente y Seremi Metropolitano de Vivienda. A través de la web de ENEA, supe que los trabajos de urbanización correspondían a la materialización del proyecto de ampliación de su zona industrial, denominado “Fase IV”.
También descubrí que ya existía un dictamen de la Contraloría General de la Republica referido a este sector, fechado en 2006, con el cual ya se había desbaratado un negocio inmobiliario importante, denunciado en esa ocasión por la Fundación Defendamos la Ciudad. Ese dictamen fue clave para develar y poner fin a un entendimiento entre la municipalidad y ENEA, por el cual la empresa ofrecía un plan para ocupar 16 hectáreas del parque: cinco las entregaría a la comunidad como parque ya construido (con mantenimiento financiado por cinco años) y las restantes 11 quedarían para su loteo industrial. De hecho, ENEA comenzó a hacer una encuesta para promover entre los vecinos esa oferta.
A esas alturas supimos que, obligada por la Ley 20.791, la municipalidad tenía un plazo de seis meses para informar a la Seremi de Vivienda cuáles eran los terrenos originalmente destinados a áreas verdes que desafectaría para posibilitar el loteo industrial de ENEA. La mencionada ley, como lo explicaremos ahora, fue la puerta precisa que se abrió para detener este negocio privado respaldado por la municipalidad que perjudicaba a los vecinos.
UN CENTRO DE EVENTOS EN EL PARQUE
Todo lo que hasta aquí he relatado, si bien se circunscribe a Pudahuel, demuestra los efectos que ocasionó el levantamiento de la afección de utilidad pública de las áreas verdes que estaban definidas en los instrumentos de planificación territorial de la ciudad de Santiago. Eso ocurrió en 2004, con la Ley Nº 19.939 (prorrogada por la Ley Nº 20.331). Esa norma estableció plazos de caducidad para la afección de fajas viales y áreas verdes.
De esta forma, terminaron desafectados miles de metros cuadrados de terreno inicialmente destinados a avenidas, parques y plazas, para favorecer intereses privados. La medida estaba destinada a generar grandes plusvalías a especuladores inmobiliarios.
En 2014 el Estado reconoció que esta norma hipotecaba la futura materialización de los planes reguladores. Por ejemplo, para el área de urbanismo y transporte dejaba al sector público sin herramientas para expropiar y consolidar futuras fajas o conexiones viales. O, en el caso del medio ambiente, no se generaban las compensaciones y mitigaciones necesarias para enfrentar la mala calidad del aire, en contradicción con el Plan de Descontaminación Atmosférica de Santiago y el Plan de Áreas Verdes Metropolitano, definidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
Terreno con permiso de edificación en zona destinada al Parque Lo Prado
En 2014 el Estado anuló su grave error y promulgó la ley 20.791, que volvió a afectar estos terrenos con declaratoria de utilidad pública, otorgando nuevamente valor a la planificación de la ciudad. Sin embargo, esta norma incluyó un artículo transitorio: los anteproyectos y permisos de edificación aprobados antes de la vigencia de la nueva ley, conservarían el derecho adquirido.
El efecto de la ley de 2004 que propició la desafección se había comenzado a sentir en la ciudad y, en particular, en Pudahuel, donde se aprobaron permisos de edificación en terrenos privados con uso de suelo para área verde y con declaratoria de utilidad pública.
Bajo el nuevo escenario demarcado por la ley que corrigió las cosas en 2014, la Municipalidad de Pudahuel tuvo que volver a declarar de utilidad pública todo el predio privado planificado para el Parque Intercomunal El Tranque. Sin embargo, ENEA se había guardado una carta: a través de su filial Inmobiliaria Los Maitenes había ingresado –antes de la entrada en vigencia de la nueva norma– un anteproyecto para construir un “Centro de Eventos” en el terreno. Tanto la municipalidad como la Seremi de Vivienda, me informaron a través de la Ley de Transparencia que ese permiso estaba en orden, pues era previo a la Ley 20.791. No era cierto: la Ley 20.791 se promulgó en octubre de 2014 y el anteproyecto fue autorizado después, el 5 enero de 2015.
Los vecinos apoyaron hacer una denuncia. Los antecedentes se presentaron a la Contraloría. Se recolectaron firmas y se pidió respaldo a los concejales de Pudahuel en 2015, pero la mayoría hizo oídos sordos. Solo la concejala Lavinia Reyes firmó la carta para la Contraloría.
La Contraloría nos favoreció con su Dictamen Nº 092512 (26.12.2016). Lo cito:
“No cabe sino concluir que la actuación de la DOM en orden a aprobar el anteproyecto del caso y otorgar el permiso pertinente, no se ajustó a derecho por cuanto al momento de dar tales autorizaciones -esto es, una vez publicada la Ley N° 20.791-, el terreno a que se refiere se encontraba afecto a declaratoria de utilidad pública”.
ENEA, a través de Inmobiliaria Los Maitenes, presentó un recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago y llevó el caso hasta la Suprema. En ambas instancias sus alegatos fueron rechazados. La Corte Suprema dictó su falló en enero de 2018.
El alcalde y presidente de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel (integrada por ENEA), Johnny Carrasco, ha dicho que los permisos fueron anulados. Pero, hasta hoy la municipalidad no ha generado el documento oficial que lo acredite.
AHORA EN EL PARQUE LO PRADO
Hoy la historia se repite, pero en el Parque Intercomunal Lo Prado (49 hectáreas), futuro pulmón verde que se emplaza a ambos costados de la Ruta 68. Junto con la concejala Lavinia Reyes, solicitamos por Ley de Transparencia los permisos de edificación que se habían emitido para ese sector. Recibimos todos los antecedentes, menos el permiso concedido en un predio donde se proyecta levantar cinco torres y un supermercado, que por casualidad, era precisamente el que se podía ingresar a la Contraloría para pedir la anulación administrativa.
Con los antecedentes recibidos se realizó una nueva denuncia en la Contraloría –y también en la Seremi de Vivienda– por dos casos de permisos de edificación mal otorgados. La respuesta de la Controlaría, similar a su dictamen por el caso de ENEA, también señaló que estos permisos estaban fuera del plazo definido por la ley 20.791.
Lo que constatamos es que se comenzaron a construir dos torres de 14 pisos en terrenos afectos a utilidad pública por dos razones: porque están destinados al parque y por estar dentro de la faja vial de la Ruta 68 y de la calle Claudio Arrau. Además, ambos permisos fueron entregados por la municipalidad en contra de lo que indica el estudio de su propio Plan Regulador Comunal, que está en su etapa final de desarrollo.
Aunque el caso ENEA ya había marcado un precedente, lo ocurrido en el terreno destinado al Parque Lo Prado indica que la Seremi de Vivienda y la Municipalidad de Pudahuel volvieron a fallar en la fiscalización. Peor aún, no tuvieron la voluntad de anular administrativamente los permisos ilegales dentro del plazo legal de dos años.
Actualmente en la zona del Parque Lo Prado hay dos permisos de edificación mal otorgados a las inmobiliarias Travesía Spa y Mar Adentro Inversiones S.A., respectivamente:
Inmobiliaria Travesía: calle Claudio Arrau Nº 8671. Actualmente en etapa de excavaciones para la construcción de dos torres de 14 pisos. Su anteproyecto fue aprobado el 30 de diciembre de 2014, dos meses después de la promulgación de la Ley 20.791, por lo que se autorizó fuera de plazo.
Mar Adentro Inversiones: calle Claudio Arrau Nº 8705. Cuenta con anteproyecto aprobado el 8 de enero de 2015, tres meses fuera de plazo. El permiso del proyecto de edificación fue modificado el 8 de marzo de 2018, para la construcción de cinco torres y un supermercado. Esta última modificación se encuentra en proceso de invalidación.
Terreno en el que se edificarían dos torres. Las obras están paralizadas desde el 4 de noviembre.
De concretarse, estas edificacioíes provocarán graves problemas de congestión vehicular. Por tratarse de proyectos en altura, en una zona de infraestructura vial saturada y carente de conexiones que crucen la Ruta 68, acentuarán el “efecto embudo” que ya tiene colapsado el único paso vial del sector en avenida Teniente Cruz (situación que genera una grave segregación entre Pudahuel Norte y Pudahuel Sur).
Los residentes y las organizaciones vecinales acusan negligencia y abuso de la municipalidad, ya que esta última los invitó a mesas de participación en las que se validó, en conjunto con la comunidad, el estudio Diseño del Parque Lo Prado. Así, ese estudio y el futuro Plan Regulador Comunal, dos documentos financiados con recursos públicos, quedan convertidos en letra muerta por las construcciones autorizadas en ese sector.
Por todo esto surgió el movimiento medio ambiental Pudahuel Despierta, conformado por residentes y dirigentes vecinales, en su mayoría mujeres, dispuestos a defender el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación y a tener “pulmones verdes” en la comuna.
En una reunión realizada el 6 de agosto pasado se expusieron a los vecinos todos los argumentos legales que avalan la defensa de nuestros derechos y dejan en evidencia que bajo la gestión del alcalde Johnny Carrasco se entregaron permisos irregulares sobre terrenos privados afectos a utilidad pública.
A esa reunión asistió el alcalde. La autoridad, tras conocer la demanda de los vecinos, se comprometió a que, si se demostraba la ilegalidad de los permisos, iniciaría un sumario para solicitar la renuncia del Director de Obras.
En una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, el 8 de agosto de 2018, el alcalde con el apoyo de gran parte de los concejales expulsó a las dirigentes y vecinas, y a puertas cerradas asumió otro compromiso: generar un decreto que derogue los permisos de edificación cursados en el Parque Lo Prado y anular todos los permisos que no cumplan con la ley 20.791. Pero el permiso ya tenía más de dos años, por lo que no tuvo efecto la anulación administrativa y el alcalde quedó de manos atadas para firmar un decreto de invalidación.
En respuesta a una solicitud de pronunciamiento jurídico que Pudahuel Despierta hizo a la municipalidad, esta reconoció la ilegalidad de ambos permisos y que el terreno comprometido no era de solo 1,9 hectáreas, como el alcalde había declarado a las dirigentas, sino de 6,2 hectáreas (13% del parque). En esa superficie, además de las siete torres y un supermercado, se pretendía levantar una urbanización de 42 viviendas. El destino de este último proyecto se encuentra en la Corte Suprema.
El 31 de agosto pasado, el alcalde reconoció la ilegalidad de los dos permisos de edificación y se efectuó una auto-denuncia en la Contraloría General de la Republica. La conclusión es que los vecinos comprometidos con la defensa de las áreas destinadas a parque, deben demandar a la municipalidad por estos permisos mal otorgados.
Sabiendo que un juicio puede tomar años y considerando que la inmobiliaria ya había iniciado la construcción, el 3 de octubre de 2018 se ingresaron a la municipalidad antecedentes que demuestran que los permisos otorgados a la Inmobiliaria Travesía caducaron en agosto de 2018. Esto, porque se completaron tres años con las obras sin iniciar o paralizadas. En el Concejo Municipal extraordinario del 24 de octubre último, solicitado por el movimiento ciudadano, el director de Obras, Ricardo Gallardo, reconoció la validez de estos antecedentes entregados y el 14 de noviembre de 2018 se declaró oficialmente la caducidad del permiso de edificación.
El movimiento conseguía así su primera victoria. Hoy se dio inicio a un sumario y la Contraloría se ha instalado a revisar estos procesos en la municipalidad.
VIEJAS PRÁCTICAS
Se sabe que el suelo urbano en la ciudad de Santiago, es un bien escaso, apetecido por los especuladores inmobiliarios. Más aún cuando consiguen comprar terrenos “a precio de huevo”, con el objetivo de transformar el uso de suelo original y así generar plusvalías mayores.
En el caso de Pudahuel, se ha comenzado a especular con las áreas silvoagropecuarias del sector rural y con terrenos privados destinados originalmente a “área verde”, para transformarlos en suelo de uso comercial, habitacional y hasta industrial. En este sentido, la DOM de Pudahuel ha tenido la mala práctica de interpretar erróneamente los instrumentos de planificación a favor de intereses privados. Esto, especialmente en terrenos particulares con afectación de utilidad pública. A continuación se enumeran estos casos:
a) Construcción supermercado Lider: La empresa Walmart, a pesar de un dictamen de la Contraloría (Nº 059364 de 2012), logró edificar un supermercado en la intersección de Teniente Cruz con San Francisco. Lo hizo gracias a un Certificado de Informaciones Previas, extendido por la municipalidad, que indicó por “error” que el uso de suelo era comercial, siendo un terreno destinado a área verde complementaria. Nos preguntamos si Walmart está dispuesta a compensar a la comuna de Pudahuel por haberla dejado sin estas futuras áreas verdes.
b) Parque Intercomunal El Tranque: Se registró un intento frustrado de ENEA para construir un centro de eventos en estos terrenos, negocio desbaratado por el dictamen de la Contraloría Nº 092512 de 2016.
c) Construcción de industrias ENEA en “Áreas Verdes Complementarias”: Actualmente, en terrenos privados del núcleo empresarial ENEA se construye un loteo industrial en una zona que tiene uso de suelo “Área Verde Complementaria”. Esto, sin que la empresa haya establecido una compensación por estas áreas verdes afectadas. Se presentó una denuncia en la Contraloría.
d) Construcción de dos torres de 14 pisos en zona destinada al Parque Lo Prado: Ambas edificaciones se autorizaron en un terreno de 1,9 hectárea afecto a utilidad pública para la materialización del futuro parque. Las obras se paralizaron cuando estaban en la etapa de excavación parcial.
e) Permisos de edificación de cinco torres y un supermercado en zona destinada al Parque Lo Prado: Los inmuebles se emplazarían en un terreno de 3 hectáreas afecto a utilidad pública para conformar el futuro parque.
PUDAHUEL NECESITA PULMONES VERDES
Del total de 103 hectáreas de áreas verdes en zona urbana definidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), un 30% ha sido construido con otros usos; un 22% se encuentra amenazado por intereses privados con permisos de edificación y solo queda un 48% efectivamente disponible para área verde.
Con las malas prácticas de la Municipalidad de Pudahuel, la ciudad de Santiago podría hipotecar la gran oportunidad de generar un verdadero pulmón verde en la zona poniente, con el fin de mitigar y compensar los graves problemas de contaminación atmosférica, carencia de áreas verdes y falta de espacios públicos de esparcimiento que sufre esta zona de la ciudad.
Grupo Pudahuel Despierta.
Basta con comprobar que Pudahuel muestra los peores indicadores de contaminación atmosférica de la región, según el índice de la Calidad del Aire (ICA). Dentro de las fuentes de contaminación o de alto riesgo de contaminación que la afectan, se puede mencionar:
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez: fuente de contaminación de partículas finas y contaminación acústica. Hoy se construye la ampliación del aeropuerto, sin realizar mitigaciones y compensaciones por contaminación.
Planta de tratamiento de Aguas Servidas La Farfana: contaminación por malos olores.
Hidronor: planta de tratamiento de residuos industriales.
Planta Nuclear Lo Aguirre.
Vertederos ilegales en el sector rural de Pudahuel.
Contaminación de Laguna Caren por aguas servidas que provienen de la urbanización Ciudad de Los Valles.
Incremento estacional de la contaminación atmosférica por efecto invernadero.
Pudahuel necesita áreas verdes, existen solo 3,4 metros cuadrados de estas por cada habitante, aproximadamente, mientras que la Organización Mundial de la Salud estima que lo óptimo son 9 metros cuadrados por persona.
Es necesario exigir a las autoridades que se hagan cargo de materializar el Parque Metropolitano Laguna Caren, los parques intercomunales El Tranque y Lo Prado, el Parque del Río Mapocho y todos las áreas verdes del Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación, definidas en el PRMS.
Los vecinos de Pudahuel esperamos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Seremi y Serviu, en conjunto con la Municipalidad de Pudahuel, asuman la responsabilidad por los errores cometidos y permitan financiar las expropiaciones de los terrenos destinados para áreas verdes que están afectos a utilidad publica en los parques intercomunales Lo Prado y El Tranque. Se deben expropiar y construir un total de 22 hectáreas en la zona urbana.
Asimismo, los vecinos le exigen al alcalde y los concejales incluir en el presupuesto comunal el financiamiento para la construcción de parques. La Comunidad despertó y exige Parques para Pudahuel.