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En medio del huracán de cuestionamientos que golpea a Carabineros, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad pone el foco en una parte poco observada de la institución: el Club Aéreo del Personal. Entre las membresías –todos los funcionarios están obligados a pagar una cuota mensual que se descuenta del sueldo– y arriendos de hangares y aviones, el club recauda cerca de $200 millones al mes. En su columna, Herman plantea que los socios no pueden fiscalizar el uso de esos ingresos. Agrega otro problema grave: muchos funcionarios recibieron gratificaciones de un 25% de su sueldo por volar en aviones del club, aunque no eran naves fiscales. En ese grupo se encuentra el ex general subdirector, Marcos Tello, y el mecanismo fue impugnado por la Contraloría.
Siguen los malos comportamientos en Carabineros. Desde hace algún tiempo sé de la denuncia de un oficial en retiro ante el Ministerio de Justicia sobre el incorrecto funcionamiento del “Club Aéreo del Personal de Carabineros de Chile” –con sede en el Aeródromo Tobalaba, en La Reina–. También lo sabe, por los aspectos tributarios, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y, por otras razones de mayor gravedad, la Fiscalía Oriente.
Es importante conocer estos hechos. Por eso, en esta columna relatamos someramente algunos de ellos para que tanto el Ministerio de Justicia como el SII y la Fiscalía resuelvan pronto sus investigaciones.
Para contextualizar: de las 50 hectáreas del aeródromo, un tercio pertenece al Club Aéreo del Personal de Carabineros, y el resto es del Club Aéreo de Tobalaba.
Por su uso de suelo, determinado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), esta extensa propiedad urbana no se transa en el mercado inmobiliario. Esto se podría cambiar en cualquier momento con una simple resolución del Gobierno Regional de Santiago, tal como sucedió en años recientes con la clausura del Aeropuerto de Los Cerrillos, decisión adoptada para eliminar el cono de protección correspondiente. Si esto se produce más adelante con el aeródromo de Tobalaba, ambos clubes aéreos obtendrían automáticamente enormes plusvalías patrimoniales.
Por limitaciones de espacio –y para no aburrir a los lectores– solo abordaremos cinco aspectos puntuales que pugnan con la probidad, los que nunca más se deben repetir:
1.- Los socios del Club Aéreo del Personal de Carabineros son “todos los funcionarios de Carabineros de Chile en servicio activo”.
Esto está dicho textualmente en los propios estatutos del club, como si fuese absolutamente legal, en circunstancias que si una persona quiere pertenecer a un club privado –como ese club aéreo– debe a lo menos manifestar su intensión de pertenecer a dicho club mediante una solicitud de incorporación y ésta ser aceptada por el directorio.
En este especial club de uniformados eso no ocurre. Simplemente se ordena o dispone, sin que el funcionario tenga la más mínima oportunidad de restarse o negarse a ser socio por las razones que desee invocar. Así, cada funcionario es socio del club sin necesariamente saberlo.
2.- El directorio del club, corporación privada sin fines de lucro, no es elegido por votación democrática como corresponde de acuerdo a la ley.
En la práctica el cargo de presidente del directorio es ocupado por el general subdirector de Carabineros, el vicepresidente es copulativamente el prefecto de la Prefectura Aérea y, así, todos los cargos directivos de este club aéreo son previamente establecidos en sus curiosos estatutos.
Con respecto a esto, en reiteradas oportunidades y ya a contar del año 2011, la Contraloría General de la República ha dictaminado la improcedencia de esta acomodaticia práctica sin lograr, hasta ahora, que Carabineros acate lo dictaminado por el ente fiscalizador. Llama profundamente la atención que este órgano de control no exija el cumplimiento de su dictamen.
A la luz de lo informado, parece pertinente preguntarse si el anterior alto mando de la institución conocía estos hechos”.
La participación que tiene el general director de Carabineros es la de nombrar al gerente del club, persona que administra y dirige dicha Corporación. Actualmente ese cargo lo ocupa el general retirado Raúl Retamal, quien desempeña ese cargo desde hace ocho largos años. ¿No hay en esa institución otra persona con sus pergaminos para gerenciarla?
3.- Sin mediar disposición legal alguna, Carabineros le descuenta de su sueldo y por planilla una cuota mensual a cada uno de los funcionarios de la institución.
Así, el Club Aéreo del Personal de Carabineros se hace de más de $60 millones mensuales y se convierte no solo en el más grande del mundo, sino que también en el club aéreo en el que ningún “socio” se atrasa ni en un escaso minuto en el pago de su cuota social. Todo un récord posibilitado gracias a las decisiones del alto mando de la institución.
4.- Además de los dineros por las cuotas que recibe de los socios forzados, el club tiene otras fuentes de ingresos: los arriendos de los estacionamientos y hangares para diversos aviones y helicópteros de empresas, entidades públicas y particulares, que deben ser declarados en el impuesto a la renta.
Hemos sabido (y creemos no exagerar) que unas 300 aeronaves cancelan, cada una de ellas, cerca de $350 mil mensuales a dicho poderoso club.
Si a eso se suma el arriendo por los terrenos del Aeródromo de Chiñihue de Melipilla, que también es propiedad de este club aéreo, se llega fácilmente a la nada despreciable suma de $200 millones mensuales de ingresos fijos. Sin embargo, ningún socio tiene la más mínima posibilidad de conocer sus destinos, debido a que no participan personalmente o representados en las asambleas generales anuales.
5.- Los certificados de navegación son instrumentos que confirman la misión de servicio efectuada por cada funcionario de Carabineros (no piloto), para acreditar el pago de la gratificación especial de navegación o vuelo –conocida como “asignación de vuelo” – establecida por ley: “Al cumplir misiones de servicio a bordo de naves o aeronaves de las Fuerzas Armadas, de Carabineros u otras al servicio de tales misiones, gozará de una gratificación equivalente al veinticinco por ciento de su sueldo en posesión”.
Resulta que en 2011 la Contraloría General de la República emitió su Informe Final Nro. 92, como resultado de una auditoría administrativa realizada a la Prefectura Aérea, repartición de Carabineros que funciona en dependencias arrendadas justamente al club aéreo. En su informe, la CGR impugnó certificados de navegación que correspondían a vuelos de aviones que no pertenecían al Fisco, sino que eran de esta corporación sin fines de lucro. Así al club aéreo se convirtió en una organización que, mediante los certificados de navegación, engañó al Fisco de Chile.
Obviamente, al no pertenecer a Carabineros ni a otro organismo fiscal sino que a un club aéreo privado, no corresponde percibir el beneficio de los certificados de navegación, por lo que incluso hubo que reintegrar dichos dineros obtenidos en forma improcedente de parte de los funcionarios de Carabineros que los recibieron indebidamente. De lo contrario, según señaló la misma Contraloría en dicho informe, podría eventualmente significar una vulneración del Código Penal.
Coincidentemente, en esa oportunidad el entonces general de Carabineros, Marco Tello –ahora ex general subdirector y, por lo tanto, ex presidente del directorio y representante legal del club– se vio involucrado en tal comprometedora situación y tuvo que devolver el dinero obtenido para no dar lugar a un juicio de cuentas u otra consecuencia por parte de la Contraloría.
A objeto de evitar incómodas situaciones como las señaladas, y facilitar la obtención del aludido beneficio, el directorio del club aéreo decidió en diciembre de 2011, con pleno desconocimiento de la mayoría de sus socios, y sin contar con las atribuciones legales para ello, entregar en comodato indefinido a Carabineros nueve aviones de propiedad del club.
Desde esa fecha en adelante esos nueve aviones, entre ellos el avión jet ejecutivo marca Cessna Citation Bravo –de altísimo precio en el mercado–, un avión Beechcraft B200 y otros aviones bimotores Pipper Navajo, igualmente onerosos, fueron entregados en comodato gratuito a Carabineros. Gracias a ese acuerdo, estas aeronaves no podrán ser utilizadas nuevamente por el club aéreo privado, ya que el documento no señala fecha de término.
En reiteradas oportunidades y ya a contar del año 2011, la Contraloría General de la República ha dictaminado la improcedencia de esta acomodaticia práctica sin lograr, hasta ahora, que Carabineros acate lo dictaminado por el ente fiscalizador”.
Hay que dejar en claro que las corporaciones de derecho privado no pueden realizar actos o contratos que estén fuera de los objetivos establecidos en sus estatutos. Si se detecta tal infracción se conduce inmediatamente a la cancelación de su personalidad jurídica y, por otro lado, la Ley Nº 20.500 fijó la responsabilidad solidaria de todos los miembros del directorio de una corporación privada si se produce lo anterior.
Resulta fácil comprender que ninguno de los más de 60.000 socios del Club Aéreo del Personal de Carabineros –que, en definitiva, son los reales propietarios de los aviones, y a quienes ni siquiera les fue consultada su voluntad respecto de este acuerdo adoptado por su directorio–, se atreva a reclamar por esta discriminatoria, abusiva e ilegal maniobra administrativa. Ello, por el evidente temor que subyace en organizaciones tan jerarquizadas, disciplinadas y no deliberantes como lo es Carabineros.
A la luz de lo informado, parece pertinente preguntarse si el anterior alto mando de la institución conocía estos hechos. Como seguramente los cinco generales que lo conformaban no se pronunciarán –pues todos ellos ahora están fuera del servicio disfrutando de sus millonarias pensiones pagadas por la Dipreca–, esperamos que la mano rectora del nuevo general director, Hermes Soto, proceda con energía para evitar que sus subordinados sigan cometiendo estas malas prácticas que han enlodado a su institución. Ello pasa primeramente por una completa reingeniería al interior del Club Aéreo de Carabineros.
Por último, será conveniente que Andrés Chadwick, flamante ministro del Interior y Seguridad Pública, revise este asunto con el general director Hermes Soto, para que así la ciudadanía tenga la certeza plena de que a partir de los próximos meses la operación del mencionado Club será absolutamente proba.