Página oficial de FacebookEn columnas anteriores y en crónicas publicadas en algunos medios, como Cambio21, ya hemos aludido al artículo 5º de esta ley publicada el 15/02/18 en el Diario Oficial y en esta ocasión nos referimos al reportaje de esa fecha difundida por el vespertino La Segunda con título “El polémico artículo que opaca la Ley de Transparencia del Suelo”.
Para tal propósito un par de periodistas de ese medio de prensa entrevistaron a 4 personas : al abogado inmobiliario James Channing del estudio jurídico Morales & Besa, al competente e informado arquitecto Guillermo Condemarín, a este columnista y a Enrique Rajevic, abogado asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), quien había sido propuesto por el gobierno de Bachelet para que fuera nominado por el Senado como Contralor General de la República, lo que finalmente no ocurrió.
El abogado Channing planteó que le parecía bien la ley pero que, con su implementación, se encarecerán los costos de la actividad de la construcción. El arquitecto Condemarín, como buen conocedor de la regulación urbanística nacional, se explayó sobre los futuros reavalúos de los inmuebles cuando sus dueños los enajenan y dio cuenta de los beneficios constructivos insertos en los planes reguladores comunales, objetados por la Contraloría y que ahora, con esta ley, serán aplicables según lo decidan las distintas municipalidades del país.
Quien escribe esta columna insistió en su denuncia, en cuanto a que el artículo 5º de esta ley que fue “cocinada” a última hora en el Senado, tenía como único objetivo establecer un escabroso blanqueo, recordemos que consagra la retroactividad, a unos cuantos titulares de permisos de edificación que ya habían sido declarados como contrarios a derecho por la Contraloría.
La Segunda, en la entrevista, le dio bastante espacio al abogado Rajevic para que justificara la posición del gobierno, quien en un destacado y coloreado recuadro señaló “lo que hace el artículo 5º es reconocer que los municipios pueden aplicar los incentivos de sus planes reguladores” y en una expresión para el bronce tuvo el descaro de manifestar que el problema surgió cuando en el año 2009 la Contraloría cambió de criterio (sic) y comenzó a objetar los incentivos incluidos en los planes reguladores.
En Cambio21 le aseguramos al representante del Minvu que la Contraloría nunca ha cambiado de criterio sobre este asunto puntual y lo que sucede es que desde el año indicado por el abogado la Contraloría ha emitido 16 categóricos dictámenes dirigidos a igual número de municipalidades que habían incorporado esas regalías en sus planes reguladores, expresándoles que debían eliminarlos.
No todas esas municipalidades, al amparo de los incentivos cuestionados, cursaron permisos de edificación ello porque sabían que los dictámenes del ente fiscalizador les son vinculantes, pero las de Santiago, Huechuraba y Las Condes, por nombrar a algunas, desobedeciendo esas resoluciones de la Contraloría, creyéndose por lo tanto autónomas, sí cursaron unos cuantos permisos de edificación con los famosos e ilícitos incentivos.
Y el 19/02/18 la ministra del Minvu, Paulina Saball, publicó una carta en ese medio refiriéndose al reportaje que hemos aludido, asegurando que las objeciones planteadas por la Contraloría a los planes reguladores comunales que habían incorporados esos incentivos eran solo de carácter formal (?), luego, al igual que Rajevic, reduciendo la gravedad de lo resuelto por la Contraloría.
En resumen :
1.- el gobierno a través del Minvu, aprovechando la candidez de los diputados, eliminó unos cuantos dictámenes de la Contraloría para favorecer con el malicioso artículo 5º a influyentes actores del mercado inmobiliario, con la salvedad de que el resto de la ley sí es necesaria para el país.
2.- el abogado Rajevic distorsiona los hechos al asegurar que la Contraloría había cambiado de opinión sobre esta materia, con el agravante de que los lectores de ese vespertino tienen que haber creído tal posverdad y la ministra Saball no tiene la razón cuando afirma que los dictámenes de la Contraloría tenían solo una connotación meramente formal. No es así, todos esos dictámenes iban al fondo del asunto y en tal sentido esperamos que la Contraloría, cautelando su rol fiscalizador, emita un juicio sobre el asunto.
3.- con publicación en el Diario Oficial de esta ley, todos los actores inmobiliarios que obtuvieron permisos cuestionados ahora están felices de la vida, a sabiendas que en el Chile plutocrático opera en plenitud la impunidad a todo evento para aquellos que se saben mover en las altas instancias del poder político.