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Tiempo atrás, nos vimos obligados a denunciar en la Contraloría General de la República 4 permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Santiago a sendas empresas, debido a que, en nuestro criterio, contenían ilegalidades, con las cuales sus inversionistas buscaban mejorar las rentabilidades de sus edificios, ello porque sabían que en Chile, si se detectan las trampas, opera en plenitud la impunidad.
Siempre hemos dicho que la Concertación, la Derecha y la Nueva Mayoría, oportunistas agrupaciones políticas que han ejercido el poder después de la dictadura de Pinochet, por lo menos en los sectores de la economía que conocemos bastante bien, se han comportado con una asombrosa similitud facilitando ellas tres el quehacer lucrativo de los más importantes e influyentes grupos privados de poder.
No tiene sentido ejemplificar situaciones hasta burlescas que se han producido en este largo período de tiempo y por ello no nos debe extrañar el excelente resultado que obtuvo el Frente Amplio en las pasadas elecciones de parlamentarios y primera vuelta presidencial. Sus votantes, en un alto porcentaje jóvenes idealistas, están asqueados de los aviesos comportamientos de los políticos tradicionales.
En razón a que no somos simplemente opinantes retóricos, de esos tantos que abundan en Chile, quienes se llenan sus bocas con generalidades y por ende nunca criticando la corrupción que entorpece la correcta aplicación del sistema de libre mercado, una vez más damos cuenta de hechos que no debieran producirse en el ámbito de la explotación comercial del recurso suelo en los sectores urbanos de las ciudades.
Tiempo atrás, nos vimos obligados a denunciar en la Contraloría General de la República 4 permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Santiago a sendas empresas, debido a que, en nuestro criterio, contenían ilegalidades, con las cuales sus inversionistas buscaban mejorar las rentabilidades de sus edificios, ello porque sabían que en Chile, si se detectan las trampas, opera en plenitud la impunidad.
Como somos fanáticos de la transparencia y teniéndose presente que en general la prensa afín al sistema no da cuenta de estas prácticas, en pocas palabras describimos los hechos, acorde al dictamen Nº 40730 del 21/11/17 de la Contraloría General de la República :
1.- La DOM de Santiago aprobó el 01/02/17 el permiso de edificación Nº 16.190 para que la empresa Desarrollo Inmobiliario Ejército Libertados SpA construyera 4 edificios en altura de hasta 16 pisos en la calle Ejército Libertador 624 al 634 y calle Manuel Rodríguez Sur 653 al 655, Zona de Conservación Histórica en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago. El terreno tiene una superficie de 4.027 m2 y los departamentos proyectados son 411 con 185 estacionamientos para vehículos motorizados, con lo cual se deduce que la mayoría de los compradores de viviendas no podrán tener automóviles.
2.- La DOM de Santiago aprobó el 03/02/17 el permiso de edificación Nº 16.195 para que la empresa Avsa Compañía SpA construyera un edificio de 14 pisos en la calle Compañía 1656 al 1680 y calle Manuel Rodríguez 388, en el Sector Especial B9 del PRC respectivo. El terreno tiene una superficie de 2.059 m2 y la torre tendrá 297 departamentos, 4 locales comerciales y 143 estacionamientos para vehículos motorizados, con lo cual también se colige que la mayoría de las personas que adquirirán viviendas tendrán que ser peatones o usar transporte público.
3.- La DOM de Santiago aprobó el 08/02/17 el permiso de edificación Nº 16.200 para que la Inmobiliaria e Inversiones Tai Chang Ltda. construyera un edificio de 8 pisos de altura en la calle Unión Americana 365, en sector urbano zona B del PRC correspondiente. El terreno tiene una superficie de 2.533 m2 y la estructura contempla 98 departamentos, 4 locales comerciales y 194 estacionamientos para vehículos motorizados, cifras que indican la alta responsabilidad social del inversionista asiático, más aún si el coeficiente de constructibilidad admitido en el PRC le permitía construir mucho más.
4.- La DOM de Santiago aprobó el 29/03/17 el permiso de edificación Nº 16.223 para que la Inmobiliaria Carmen Blas S.A. construyera un edificio de 11 pisos en la calle Carmen 118-120-124, zona B del PRC. El terreno tiene un superficie de 1.484 m2 y el edificio contempla 119 departamentos, un local comercial y 69 estacionamientos para vehículos motorizados, como observamos, menos unidades respecto de la cantidad de viviendas.
Antes de resolver, el ente fiscalizador entregó nuestra denuncia a la Municipalidad de Santiago, al Seremi de Vivienda y Urbanismo y al Subsecretario de Vivienda y Urbanismo y con sus livianas opiniones la Contraloría emitió el dictamen mencionado en el cuarto párrafo de esta columna.
¡Cuál fue su conclusión!
Tres de los cuatro permisos se acogieron, ya sea al artículo 15º como al artículo 30º del PRC de Santiago, que “permite” aumentar ciertas disposiciones, como la altura, constructibilidad y otros, contenidas en ese instrumento normativo, en circunstancias que ello no es posible tal como ha sido expresado en dictámenes anteriores y en el actual. Por ello la Contraloría conmina al municipio de Santiago para que adopte las medidas necesarias en orden a adecuar su PRC al ordenamiento jurídico, es decir, le dice modifique ya su PRC, informando de ello a la propia Contraloría dentro del plazo de 15 días. ¿Se habrá obedecido esa perentoria instrucción? No lo sabemos, pero sí lo dejamos en evidencia.
El permiso de edificación Nº 16.200 es el único que está bien otorgado y la Contraloría, en una especie de clase magistral, expresó que a través del artículo 184 de la Ley Nº 20.958 del 15/10/16 que modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) introdujo medidas para que todos los PRC del país pudieran otorgar incentivos en las normas urbanísticas aplicables siempre que los titulares de los proyectos entregaran al territorio de cada comuna contraprestaciones que, entre otras, mejoraran el espacio público y los niveles de integración social. Pero esta modificación legal tendrá vigencia cuando se publique su reglamento, lo que todavía no acontece.
Sobre estos asuntos, le propusimos a Sebastián Piñera y a Alejandro Guillier, como a sus principales asesores en la materia, arquitectos Pablo Allard y Genaro Cuadros, respectivamente, que nos reuniéramos en sus comandos para proponerles ciertas ideas conducentes a tomar en serio el tema.
Allard nos contestó rápida y amablemente indicándonos que, por inconvenientes de agenda, Piñera no nos podía recibir y Cuadros nos respondió que dentro de los próximos días tendremos la ocasión de compartir con Guillier y con él. En esa oportunidad le daremos a conocer al candidato presidencial algunas propuestas concretas que, estamos seguros, él aceptará porque es una persona de alta sensibilidad y porque conoce el abuso inmobiliario.
Con respecto al título de esta columna, lo que más quisiéramos es que el futuro gobierno se ponga las pilas para abordar adecuadamente este asunto que, hasta ahora, nunca ha estado en la agenda de los políticos.