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Señor director:
Obligado por la ley 18.696, el Ministerio de Transporte acaba de publicar los “contenidos esenciales” de las bases de licitación 2017 de Transantiago. Esas bases son producto de meses de trabajo de un equipo cuyos rostros, nombres y currículum no conocemos, trabajando en una oficina con dirección desconocida. Pese a que la misma ley exige que junto a esta consulta pública se liberen todos los antecedentes utilizados en la preparación de las bases, tales datos y documentos siguen siendo un secreto.
Ojalá el ministro en algún momento explique por qué algo tan importante tenía que hacerse tan oscuramente.
Pero no critiquemos solo al ministro. Este año clave de preparación de las bases, solo tres documentos con propuestas concretas sobre la licitación llegaron al ministerio: uno de la Asociación Chilena de Municipalidades, otro de la Mesa Social por un Nuevo Transantiago (compuesta por organizaciones ciudadanas, empresas, sindicatos y universidades) y otro de un grupo de entusiastas ingenieros a título personal.
Eso significa que de la docena de think tanks de nuestro país, ninguno hizo llegar un documento de propuestas. Tampoco enviaron nada los partidos políticos. Tampoco instituciones como el Colegio de Ingenieros o la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte. Tampoco los comandos de los abundantes presidenciables.
Triste es constatar que, a la hora de la verdad, cuando por primera vez en 10 años se licita y era imprescindible proponer en vez de solo criticar, tantos guardaron silencio al tiempo que aseguran tener gran preocupación por el Transantiago.
Rodrigo Quijada Plubins, Coalición por un Transporte Justo