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Para consolidar el engaño, el 10 de marzo de 1990, un día antes de la asunción del Aylwin al gobierno, se publica en el Diario Oficial la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que reconoció la plena vigencia y autonomía de todas las universidades constituidas anteriormente como corporaciones y fundaciones.
Las autoridades que se desempeñaban en el Ministerio de Educación durante la dictadura de Pinochet, aliados con agentes económicos que apoyaban a ese gobierno, concibieron un excelente nicho de negocios para hacer crecer exponencialmente las inversiones privadas en el sector de la educación superior aprovechando la total exención tributaria que tenían y todavía tienen las universidades en el país.
Así fue como surgieron en 1980 al amparo del DFL Nº 1 del Ministerio de Educación (Mineduc) esas lucrativas casas de estudios, siendo la primera de ellas la Universidad Gabriela Mistral y con el tiempo, como el negocio era muy bueno, aparecieron decenas de otras tantas dirigidas en un principio por actores afines a ese gobierno de facto y en seguida, a partir de los diez años después, ya instalada la democracia, por avispados discípulos de la denominada Concertación
Para hacer muy fácil el emprendimiento, ese DFL Nº 1 señalaba que esas universidades gozarían de personalidad jurídica por el sólo hecho de depositarse en el Mineduc una copia de la escritura pública o instrumento privado reducido a escritura pública, en la que constara el acta de constitución y los estatutos por los cuales habría de regirse, señalándose ahí que las mismas tendrán autonomía y libertad académica y que, para funcionar, se debían organizar como corporaciones o fundaciones de derecho privado.
De esta manera, las universidades pinochetistas gozarían de personalidad jurídica por el sólo hecho de depositarse el acta constitutiva en ese ministerio, saltándose por lo tanto la obtención de esa calidad legal por parte de un Decreto Supremo del Ministro de Justicia y publicación de éste en el Diario Oficial. Como vemos, operaron las trampas para generar lucros a pesar de que ni las corporaciones ni las fundaciones lo permiten.
Para consolidar el engaño, el 10 de marzo de 1990, un día antes de la asunción del Aylwin al gobierno, se publica en el Diario Oficial la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que reconoció la plena vigencia y autonomía de todas las universidades constituidas anteriormente como corporaciones y fundaciones. Respecto a los institutos profesionales y los centros de formación técnica, la LOCE señaló que ellos pueden constituirse como personas jurídicas de derecho privado, esto es, con o sin fin de lucro.
De esta manera, las universidades privadas, no obstante que debían ser jurídicamente entes sin fines de lucro, o sea, que persigan fines ideales y que sus excedentes o utilidades no se distribuyeran entre sus fundadores, socios y directivos, la autoridad competente, esto es, la División de Educación Superior del Mineduc, nada ha hecho hasta ahora para evitar la ganancia mal habida y por ello destacamos que la académica de la UCH, Carola Canelo, recientemente en CNN Chile, dando una clase magistral de derecho, puso las cosas en su lugar.
Antes, en el año 2012, el ingeniero Patricio Basso, ex vicerrector de la UCH, en su calidad de secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de esas universidades, explicó didácticamente como se obtenían las utilidades que iban a los repletos bolsillos de sus controladores, lo que molestó sobremanera a las autoridades de turno y por ello lo exoneraron del cargo. Era muy peligroso que se dijera la verdad.
Ahora último, sintiéndose fingidamente sorprendida, la ministra Delpiano señaló que el conglomerado Laureate International Universities, dueña de Laureate Chile, no podía retirar utilidades de las Universidades Andrés Bello y de Las Américas, razón por la cual esos inversionistas en educación publicaron el 19 de agosto pasado una voluminosa inserción en la prensa escrita informando que son unas blancas y santas palomas que no infringen ninguna ley y que son un efectivo aporte un país. Claro que en tal retórica publicación pagada, tuvieron la inteligencia suficiente para no aludir en ninguna línea al lucro obtenido a través de los años.
El asunto de la educación universitaria nos recuerda el episodio que conocimos con motivo de la construcción del Instituto AIEP y de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello, ambas de Laureate, en diferentes predios colindantes, hoy fusionados, que enfrentan la calle Bellavista Nº 121, comuna de Providencia. En efecto, a solicitud de vecinos del sector, la Fundación Defendamos la Ciudad se vio en la necesidad de denunciar en la Contraloría General de la República, ciertas prácticas indebidas, por parte de los funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de Providencia, ello con el propósito de aprobar, sin exigir algunas disposiciones, el permiso que necesitaba con rapidez la empresa contratada por dicha universidad.
El Plan Regulador Comunal, respecto de sus Zonas de Edificación, fue sobrepasado porque tanto el instituto como la universidad enfrentan la calle Bellavista, en circunstancias que solo el primero puede tener su acceso por esa calle. En cambio, la universidad debía enfrentar la Av. Santa María, lo que no acontece, irregularidad que no fue constatada por el ente fiscalizador, el que, por otros motivos, sancionó a los arquitectos funcionarios de la Dirección de Obras de Providencia, partiendo por su titular, quienes por ser tan buenas personas con Laureate, sufrieron medidas disciplinarias anotadas en sus hojas de vida.
Queda claro entonces que todos los gobiernos, a partir del año 1980, han mirado para el lado respecto del lucro y por ello es necesario que la desprestigiada casta política se atreva a ponerse a la altura, exigiendo el cumplimiento de la ley, haciendo oídos sordos al cacareo de quienes se han aprovechado de la indolencia culposa de todos aquellos sujetos que han ejercido por 36 años como ministros de Educación.