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Como el caso está judicializado en la Corte de Apelaciones de Santiago, será este tribunal quien determinará en los próximos días si efectivamente Cimenta es una blanca y santa paloma de la paz, que lo único que quiere es dar trabajo con su inversión de US$ 20 millones, o bien si los vecinos del barrio Bellavista, liderados por la periodista Josefina Vial y la arquitecta Bárbara Córdoba y el Seremi de Vivienda y Urbanismo están en lo cierto en cuanto a que el permiso de edificación es totalmente trucho.
El reciente domingo 24 de abril el diario El Mercurio, se refirió con título “Conflicto por proyecto de US$ 20 millones en Providencia llega a Corte de Apelaciones”, al caso que con anterioridad hemos publicado en El Dinamo.
El periodista en el epígrafe escribió “Hallazgos arqueológicos, movimientos vecinales y recursos de protección ralentizaron las obras que se iniciaron a principios del año pasado. Actualmente en el lugar solo hay un gran forado” y como la difusión de la nota no dice todo lo que en rigor correspondía, a continuación damos a conocer algunos hechos gravitantes para que los lectores conozcan la verdad de lo ocurrido con ese proyecto paralizado, solo se observa un hoyo profundo, en el barrio Bellavista de la comuna de Providencia.
Antes de relatar lo que dijo ese diario y expresar nuestras apreciaciones, señalamos que el lunes 18 de abril de 2016 tuvieron lugar los alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia en la que tuvo un magnífico desempeño la abogada de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, quien apegada 100% a la ley, defendió con claridad expositiva el correcto proceder del arquitecto que desempeña esa función pública.
Ahora bien, en la crónica del medio impreso, el gerente general del Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta arguye que inició acciones legales luego de ser notificados de que debían enmendar su proyecto, presentando un recurso de protección en contra de la Seremi de Vivienda y del director de Obras del municipio, esgrimiendo que ellos procedieron de buena fe (sic), con los correspondientes permisos de edificación. Según El Mercurio, tal gerente general muy suelto de cuerpo y teniéndose presente que hablar es gratis, expresó “Nosotros tenemos un permiso válidamente otorgado. Vemos que algunos han querido impedir que nosotros ejerzamos nuestros derechos válidamente autorizados”. Después de estos dichos para el bronce, suponemos que muchos lectores de ese medio tienen que haberse indignado con los ciudadanos que reclaman injustificadamente para fastidiar Cimenta.
Dicho vocero del inversionista omitió decir que para iniciar las obras con la urgencia que tenía Cimenta, esta empresa solicitó en la Dirección de Obras de Providencia un permiso de edificación en un terreno de 3.027 m2 de superficie que contenía 149 estacionamientos solo para evitarse el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), el cual se requiere cuando este tipo de proyectos comerciales consideran al menos 150 unidades. Recordemos que solo estando aprobados estos estudios, los titulares de proyectos están en condiciones de solicitar un permiso de edificación en las Direcciones de Obras Municipales.
Sergio Ventura, cándido Director de Obras de Providencia, aprobó ese permiso inicial con 149 estacionamientos y meses después, cuando el EISTU por 317 estacionamientos ya estaba autorizado por los funcionarios públicos competentes, procedió a modificar el permiso anterior asignándole al nuevo permiso terminal esta superior cifra, acreditándose entonces lo burdo que fue el procedimiento empleado por la empresa inmobiliaria para tramitar un acto administrativo. ¿Ventura fue cándido o estuvo coludido con Cimenta para burlar la reglamentación vigente? Nunca se sabrá y no tiene mayor sentido conocer cuál fue su motivación para tolerar la pillería empresarial.
Ese diario también pasó por alto la información falsa contenida en los Certificados de Información Previas (CIP), entregados por la cohibida Dirección de Obras de Providencia a Cimenta, pues desnaturalizándose la característica de la vialidad que enfrenta el predio, se indujo al Seremi de Transportes a que cometiera errores en el análisis del EISTU. A la luz de lo reseñado ¿qué dirán aquellos adustos abogados constitucionalistas y expertos en varias disciplinas que hablan desde las alturas de la “confianza legítima” en las actuaciones de la Administración? Estos jurisconsultos, fanáticos de los “derechos adquiridos” aunque se hayan obtenido con trampas, ¿sabrán lo que es la connivencia pública-privada?
El Seremi de Vivienda y Urbanismo fue majadero en explicarle una y otra vez al díscolo Director de Obras que el proyecto en cuestión, por el tipo de vía que enfrenta, es un equipamiento básico lo que significaba la invalidación, por parte del Director de Obras, del permiso del 20/10/14 conforme lo dice la Ley Nº 19.880 y así Cimenta podría solicitar un nuevo permiso bastante más reducido en términos de m2 útiles para una carga máxima de ocupación de 250 personas.
En cuanto a los hallazgos arqueológicos en la excavación del predio, Cimenta debería saber que conforme al dictamen Nº 4000 de enero pasado de la Contraloría General de la República, su proyecto debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en razón a que los sitios arqueológicos hallados en el territorio nacional están protegidos por el ministerio de la Ley Nº 17.288 del Consejo de Monumentos Nacionales. En el evento de que Cimenta se resista a proceder en tal sentido, le sugerimos a sus profesionales que lean el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 40/2014, Reglamento del SEIA.
Como el caso está judicializado en la Corte de Apelaciones de Santiago, será este tribunal quien determinará en los próximos días si efectivamente Cimenta es una blanca y santa paloma de la paz, que lo único que quiere es dar trabajo con su inversión de US$ 20 millones, o bien si los vecinos del barrio Bellavista, liderados por la periodista Josefina Vial y la arquitecta Bárbara Córdoba y el Seremi de Vivienda y Urbanismo están en lo cierto en cuanto a que el permiso de edificación es totalmente trucho. En todo caso, cualquiera sea la sentencia, se escalará a la Corte Suprema quien dirá la última palabra y en tal sentido estamos seguros de que los altos magistrados honrarán el Estado de Derecho.
Fuente: http://www.eldinamo.cl/blog/el-privado-cimenta-cree-que-todos-somos-imbeciles/