Lo evidente es que esas y otras políticas públicas de “calidad” han agudizado la desigualdad en nuestro país, han limitado los derechos básicos de chilenos y están en la base de los actos de corrupción que hemos conocido y sufrido.
“El financiamiento irregular de la política no es corrupción”, aseveró muy suelto de cuerpo el principal lobbista del país en una entrevista dominical de La Tercera. Agregó, en un acto ejemplar de transparencia, que fue un error hacerlo público. ¡Bien, Correa! Los dueños del poder no tienen por qué andarse sacando los trapitos al sol.
Ante la insistencia del periodista, Correa fue un poco más allá, tampoco lo es la cooptación (“compra”, dicho menos elegantemente) de parlamentarios y/o dirigentes políticos por parte de los empresarios, eso –dice– es “solo” cohecho. La corrupción –agrega– es solo el enriquecimiento personal ilícito.
Es decir, en opinión del destacado lobbista, el mismo cohecho no es un acto corrupto. Según ese criterio tampoco lo serían el tráfico de influencias, el nepotismo, las leyes de amarre, las indemnizaciones millonarias, las privatizaciones a precio vil que ejecutó la dictadura y que los gobiernos de la Concertación se negaron a revisar, pese a que –de acuerdo a la investigación de la Cámara de Diputados– significaron una perdida para el Estado de más de 6 mil millones de dólares; y quedarían en una suerte de nebulosa el Carmengate, los pinocheques, el caso Riggs, el caso Chispas, el MopGate, el caso coimas, el Piñeragate, los aportes de Corpesca, la colusión del papel, lo del subsecretario Wagner en lo del litio, lo del milicogate, por mencionar solo algunos de los actos corruptos que los chilenos hemos conocido en los tiempos del neoliberalismo.
Son cuestiones distintas, dice Correa.
¿Cuál es el sentido real de la citada entrevista?
¿Justificar su rol que está en el límite del tráfico de influencias? ¿Defender a sus clientes Penta y SQM y a otros como Corpesca, CMPC?
¿Y/o defender a la UDI, el partido de la corrupción, el único que está involucrado en todos los casos que hoy se investigan?: en Penta, en Corpesca, Caval y hasta en el escándalo de la ANFP, pues fueron sus personeros, bajo el amparo del ex Presidente Piñera, quienes colocaron a Jadue y Segovia a la cabeza de la institución.
¿Y/o lo que busca es defender el modelo que es, en definitiva, el que ha llevado la corrupción a niveles que nunca antes nuestro país y otros países del mundo habían conocido, e impedir las necesarias transformaciones que se llevan a cabo?
De todo un poco. No hay nada que refundar, dice. La Concertación –agrega– “transformó profundamente el país… una de sus características… fue la calidad de sus políticas públicas”. ¿Cuáles fueron esas políticas públicas de calidad a que se refiere el ex ministro?
No hay “mala calidad” en las políticas públicas, hay resistencia del viejo poder que en las últimas décadas ha gobernado el país en beneficio del gran capital que corrompe y no de los sectores medios y de los más desposeídos.
Probablemente, se refiere al financiamiento compartido de la educación subvencionada que transformó el derecho a la educación en un bien de consumo y fomentó el lucro con la educación y los recursos públicos, debilitando gravemente la educación pública, base histórica de la democracia chilena pisoteada y comenzada a destruir por la dictadura.
O tal vez a los CAE, que profundizó el mismo fenómeno, endeudó de por vida a miles de familias por el “delito” de ejercer su derecho a estudiar y se convirtió en un muy buen negocio para el capital financiero.
Quizás hace referencia al Transantiago, o a la permanencia del subsidio a las grandes madereras, o a las concesiones de carreteras y hospitales.
Quién sabe.
Lo evidente es que esas y otras políticas públicas de “calidad” han agudizado la desigualdad en nuestro país, han limitado los derechos básicos de chilenos y están en la base de los actos de corrupción que hemos conocido y sufrido.
Nadie pretende renegar de la historia, sino aprender de ella. Lo obvio es que las transformaciones que realizó la Concertación no cambiaron la esencia del modelo económico, social y político que impuso la dictadura. Chile no solo permaneció como uno de los países más desiguales del mundo sino que esa desigualdad aumentó. Permaneció una legislación laboral impuesta por la dictadura, no se fue capaz de terminar con el sistema binominal, permanecieron los enormes beneficios al gran capital y se inventaron sistemas que los aumentaron, como el ya mencionado CAE y otros. Se concordaron leyes como la de Pesca, que solo favorece a los grandes grupos y afecta a los pescadores artesanales y a las pequeñas y medianas empresas.
Se gobernó para ese sector minoritario y no para las capas medias y los sectores más pobres de la sociedad, que han perdido derechos y han debido endeudarse a altos niveles para ejercerlos y poder vivir con cierta dignidad. El per cápita del 0,1% más rico de nuestro país es más de 100 veces mayor que el de los más pobres.
En verdad, no creo que nadie quiera imitar la “calidad” de las políticas públicas de las que se vanagloria Enrique Correa.
El sentido real de encubrir el problema de la corrupción y desprestigiar al gobierno de la Nueva Mayoría por sus políticas públicas supuestamente de mala calidad, no tiene que ver con esto.
La orquestada campaña de la “mala calidad” de las políticas públicas del gobierno de la NM es, en realidad, una de las formas de la resistencia del gran empresariado y de la derecha, que controlan los medios de comunicación, y de sectores de la vieja Concertación para impedir las reformas necesarias. Es lo que quedó en evidencia en la Reforma Tributaria, es lo que hoy se manifiesta en la Reforma Laboral, es lo que ha dificultado la reforma educacional para poner todas las trabas posibles para que la educación deje de ser un negocio, es lo que se expresa en la molestia y la resistencia al cambio constitucional, es la exageración de la situación económica para detener las reformas.
No hay “mala calidad” en las políticas públicas, hay resistencia del viejo poder que en las últimas décadas ha gobernado el país en beneficio del gran capital que corrompe y no de los sectores medios y de los más desposeídos.
Los Correa, los Walker, los Zaldívar, los Lagos Weber, por mencionar algunos, junto a los Piñera, Allamand, Larraín y demás líderes de la derecha, lo que buscan es mantener el lucro en la educación, proteger a las instituciones que entregan educación de mala calidad y permitirles lucrar con la gratuidad; impedir que los trabajadores tengan derechos laborales básicos que existen en los países de la OCDE, permitir que las Isapres y AFP sigan lucrando a costa de la salud y la previsión de los chilenos, entre otros. Para ellos, cualquier política pública que afecte esos intereses es y será una mala política.
Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/12/16/enrique-correa-y-las-malas-politicas/